Telenovelas en el banquillo

En los años noventa, las telenovelas venezolanas se exportaban a 38 países de todo el mundo. Sus ventas internacionales generaban beneficios de alrededor de 50 millones de dólares anuales (36,7 millones de euros). En medio de las limpiezas étnicas en Bosnia de aquellos años —recordaba recientemente, en una entrevista en El Nacional de Caracas, el poeta y gionista Leonardo Padrón— el único momento de tregua entre las facciones en guerra era el de la emisión de Kassandra, un culebrón de ambiente gitano producido en Venezuela. Y la leyenda urbana sostiene que el desmoronamiento de la democracia de partidos se inició con una telenovela, Por estas calles —del escritor y dramaturgo Ibsen Martínez—, que mostraba el auge de la corrupción y el crimen en esos tiempos.

Pero a este género televisivo tan arraigado en la cultura y en la industria del espectáculo venezolanas, al que quizás la revolución bolivariana le deba algo de su poder actual, ahora se sienta en el banquillo. El acusador es el propio presidente, Nicolás Maduro. Acuciado por la inquietud pública ante el incremento de la violencia en el país, puesto de relieve por el asesinato de la exreina de belleza y actriz de telenovelas Mónica Spear, el pasado 6 de enero, el sucesor de Hugo Chávez solo ha tenido reflejos para activar una acción concreta: hacerse con un control todavía mayor de los contenidos de los medios de comunicación de masas, a los que atribuye el haber propagado “antivalores”.

Maduro quiere vetar los contenidos que propagan “antivalores”

Como reacción al crimen de Spears, Maduro se refirió, por ejemplo, a la trama de la telenovela De todas maneras rosa, que transmite en horario estelar Venevisión, el principal canal en abierto del país. La contrafigura femenina de la historia, Andreína Vallejo (personaje que encarna la actriz Norkys Batista, también exreina de belleza), comete varios asesinatos, entre ellos, el de su propia madre. Para el presidente venezolano, el guion (original de Carlos Pérez) muestra cómo el género “convierte en héroes a los criminales”.

Que durante 2013, el año de mayor índice de criminalidad en la historia (74 homicidios por cada 100.000 habitantes, según los registros extraoficiales de organizaciones no gubernamentales; 32, según el ministerio del Interior), solo se haya transmitido una telenovela producida localmente —precisamente De todas maneras rosa—, no es una coincidencia que estropee la hipótesis que el Gobierno impulsa acerca de la relación de causalidad entre televisión y aumento de los homicidios. En su edad dorada, Venezuela podía producir de 10 a 15 telenovelas al año —historias de alrededor de 120 capítulos de una hora cada una— entre cadenas y productoras independientes.

Tras las denuncias presidenciales, los propietarios de canales de televisión fueron convocados a una primera reunión en el palacio de Gobierno. El propósito era sumar argumentos para la “pacificación del país”, objetivo que Maduro ha señalado como una de sus prioridades. Una de las principales exigencias de la Administración a los operadores es la de restringir a cuatro horas la difusión diaria de telenovelas. En la actualidad, algunos canales privados exceden ese límite, con una parrilla que rellenan con seriales comprados a México, Colombia, Brasil y a la televisión hispana de Estados Unidos. Muchos talentos venezolanos, desde actores y libretistas hasta técnicos, han emigrado a esos lugares, buscando oportunidades que la crisis económica y el control oficial sobre los medios les niegan su país.

Se espera que en una próxima reunión, los propietarios de medios y el presidente Maduro suscriban un acuerdo para expulsar de pantalla esos contenidos que el chavismo entiende como “antivalores”. Y parece un objetivo en el que el Gobierno no pretende cejar. En la convocatoriahan sido incluido los representantes de los cableoperadores y otros medios de televisión de pago que distribuyen las señales de HBO, Warner o Fox. “La idea”, afirmó Maduro, “es que todo lo que se vea por la pantallita en territorio venezolano, sea moderado o regulado por el Estado”.