El Tribunal de Cuentas percibe anomalías en los contratos de RTVE

El Tribunal de Cuentas (TC) ha denunciado "importantes incumplimientos" en las retribuciones de algunos directivos de la corporación RTVE y en los contratos temporales durante al período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.

En el informe elaborado por el TC se detalla que en esos dos años los contratos de determinado personal directivo estipulaban unas retribuciones variables de hasta el 20 % de la cantidad fija anual dependiendo del cumplimiento de los objetivos generales y abonó ese porcentaje a un total de 18 directivos en 2010 y a 16 en 2011.

Según la corporación, el grado de cumplimiento de los objetivos en 2010 fue del 70%, pese a lo que acordó retribuciones variables entre el 16% y el 20 %, añade este organismo.

Sin embargo, el ente público no estableció en 2011 el grado de cumplimiento de objetivos debido a que las pérdidas del ejercicio anterior ascendían a más de 47,1 millones de euros, por lo que el Tribunal de Cuentas no ve "razonable" que RTVE hubiera aprobado el pago de retribuciones variables entre el 15% y el 20 %.

Asimismo, denuncia que las indemnizaciones abonadas a 26 directivos que cesaron en ese período "incurrieron en numerosos incumplimientos", lo que ha supuesto que el gasto derivado de esas destituciones -más de un millón de euros- haya sido "muy superior al que hubiera correspondido" de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores.

Respecto a la contratación de personal temporal del ente público, el Tribunal de Cuentas subraya que hay "importantes incumplimientos" de la legislación vigente, como los contratos que no especifican el periodo de prueba, la concatenación de contratos eventuales y por obra, y otros que excedieron la duración máxima prevista para su modalidad.

También critica que el contrato programa de CRTVE con el Gobierno no fuera ratificado en el plazo de seis meses previsto por la ley y que "continúa sin aprobarse en la actualidad". En este contrato, detalla el informe, se deben especificar los objetivos concretos que debe desarrollar el ente en su función de servicio público, la financiación pública a recibir, los medios a emplear, el control de su ejecución y los efectos derivados de su incumplimiento.

La ausencia de este documento ha impedido a la corporación, según el Tribunal de Cuentas, dotarse de un modelo de gestión orientado a conseguir "una racionalización de sus costes y que permita adaptarse a los nuevos procesos de trabajo o áreas de actividad de la empresa".

En el análisis de las contrataciones artísticas se han puesto de manifiesto determinados "incumplimientos de la normativa interna de contratación", así como el abono de gastos no contemplados en algunos contratos suscritos con presentadores y comentaristas.

Otras de las conclusiones de este organismo hace referencia a que "todas" las contrataciones de las corresponsalías de CRTVE en el extranjero se han producido "sin intervención ni autorización previa" de la dirección de recursos humanos y se "directamente" con cada corresponsal.

El Tribunal de Cuentas también observa un "deficiente control" en las contrataciones de productoras externas y señala que, pese a la cláusula que permitía que el ente público las auditara, este procedimiento no se ha utilizado "en ningún caso", lo que ha supuesto un "debilitamiento de control interno".

Por todo esto, el organismo cree que CRTVE debería "potenciar los procedimientos de control de la producción contratada con terceros, con objeto de optimizar la eficiencia de sus gastos" para lo que ve conveniente utilizar la opción de auditar la ejecución de los contratos de producción.

Emplaza además al Gobierno a estudiar y promover una modificación de la normativa que regula la financiación de CRTVE para que "incentive la obtención de los ingresos comerciales autorizados en la legislación vigente".

Asimismo, considera "ineludible" que el Ejecutivo y el ente público aprueben el contrato programa trienal, además de recomendar que actualice y unifique la normativa interna para regular el funcionamiento y la gestión de las corresponsalías en el extranjero, así como controlar "adecuadamente" la justificación de sus gastos