1.371 horas en manos privadas

La televisión valenciana adjudica a Tres60 dos lotes de programas El ente externaliza los contenidos sin esperar a la sentencia del ERE

Sede la televisión valenciana, en Burjassot.
Sede la televisión valenciana, en Burjassot. CARLES FRANCESC

Con presupuestos cada vez más ajustados, las televisiones autonómicas han sacado a concurso público paquetes de contenidos de todos los géneros: desde el entretenimiento hasta los informativos. En los últimos meses, la subasta más codiciada ha sido la de Nou, el antiguo Canal 9 de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV). En juego había un suculento pastel para las empresas privadas de prestación de servicios audiovisuales y producción de programas. Tres60 (nacida de una excisión de Vértice 360 y propiedad del fondo de inversión H.I.G. Capital) se ha hecho con dos de los tres lotes en juego. Y es probable que hoy se adjudique definitivamente el tercero, en el que parte con la mayor puntuación.

El ente valenciano ha llevado a cabo la privatización de 1.371 horas de contenidos (para emitir en 14 meses, a partir de diciembre) sin esperar a la sentencia el expediente de regulación de empleo (ERE), cuyo juicio está previsto que comience el próximo lunes.

A este millonario concurso han optado media docena de productoras, la mayoría aliadas con entidades valencianas del sector a través de una UTE (unión temporal de empresas). Además de Tres60, que ha concurrido de la mano de la Videac (una de las 10 filiales de la matriz, fundada en 2002 en Alicante y con delegaciones en las tres provincias de la comunidad), aspiraban Mediapro, Secuoya, Lavinia, Factoría Plural, Las Provincias-Veralia, Endavant y Factoría Audiovisual.

El canal sacó a concurso magacines, espacios infantiles, culturales, concursos y debates (todos deben ser emitidos en valenciano), pero se reservó los informativos. Justo lo contrario de lo que han hecho otras autonómicas, que han optado por externalizar los telediarios, aunque conservando el control editorial. “Las productoras actúan como una agencia. Nos suministran noticias y nosotros decidimos cómo las damos”, dice un alto directivo de un ente regional. Este sistema no les ha ido mal. De hecho, los noticieros de estos canales son hegemónicos en sus territorios.

El concurso de Nou ha levantado una fuerte polvareda en el sector. Algunas productoras hablan de “sorpresa” y se plantean incluso pedir la dimisión de la directora general de RTVV, Rosa Vidal. Entre los descontentos están empresas audiovisuales valencianas que han venido trabajando en los últimos años para la cadena, algunas de las cuales tuvieron una gran actividad durante los Gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. La reacción más virulenta la encabeza Raúl Berdonés, presidente de Secuoya. “La parte subjetiva ha sido muy parcial. Estamos indignados y no descartamos la posibilidad de impugnar los criterios de evaluación”, dijo ayer Berdonés, cuya empresa produce series como Vive cantando (Antena 3). “La competencia es sana y saca lo mejor y lo peor de las empresas”, respondió Giovanni Rier, director general de Tres60, según el cual la clave para superar a sus rivales ha sido haber interpretado las necesidades de la televisión valenciana.

“La preparación ha sido muy profesional. Técnicamente hemos contado con los socios locales, que han demostrado un gran conocimiento del cliente”, apuntó Rier. La compañía, que presta servicios a todo el abanico televisivo (de TVE a Canal Sur) e integra empresas como Telson o Videoreport, destaca las “diferencias abismales” en la baremación técnica sobre el resto de los competidores. “Hemos trabajado muy a fondo los formatos. El pliego salió en julio y no nos hemos ido de vacaciones”, dijo Rier, que considera este concurso un espaldarazo al nuevo equipo.

También en el plano económico Tres60 ha firmado la propuesta más barata en los tres lotes. “Ha sido una labor seria y rigurosa, realizada pensando que se podía ganar”, aseguró su primer directivo. Los dos concursos ya en el bolsillo suponen 2,6 millones de euros cada uno. El tercero en liza implicaría otros 2,3 millones.

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