Arenales del Sol se libra de su hotel en ruinas tras 25 años de litigio

La pala de una retroexcavadora roe este martes con fuerza las columnas de los últimos pisos de lo que una vez fue el hotel de Arenales del Sol, una pedanía costera de Elche (Alicante). Durante tres semanas, los equipos de demolición pondrán fin a los restos de un establecimiento que cerró hace 40 años, que ha arrastrado su agonía desde 1997 en los juzgados y que un año y cuatro meses después acata una resolución de la Dirección General de Costas y empieza a desaparecer. La historia de Arenales y sus cerca de 4.000 vecinos, la mitad censados, entra en una nueva fase. En España hay numerosos edificios que escapan a la sentencias de derribo —el más conocido es El Algarrobico, la mole ilegal que lleva 15 años en una playa de Almería—, pero en el caso de Elche el final ha sido diferente.

Para el alcalde ilicitano, el socialista Carlos González, el derribo constituye un “acontecimiento histórico”: “Hoy comienza el punto final de un largo conflicto que ha sido muy complejo de resolver”. Tras cerrar a finales de los años 70, apenas 15 años después de su inauguración en 1963, el hotel de Arenales se convirtió en una piedra en el zapato de todos los gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento de Elche. Una piedra, eso sí, de un tamaño descomunal que, conforme pasaba el tiempo, no solo se transformaba en una estructura caduca “que dañaba la imagen y la fisonomía de la pedanía de Arenales”, según el alcalde, sino que también amenazaba a los vecinos por el peligro de la caída de cascotes y por la acumulación de agua marina en sus bajos apenas cercados por vallas de obra, toda una invitación para ratas y mosquitos.

Las ruinas del hotel creado por el empresario Tomás Durá y su mujer, Maruja Sabater, ensombrecían, literal y figuradamente, el litoral de la pedanía ilicitana. Su ubicación, en plena playa de dunas de difícil accesibilidad y muy cerca del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, lo convirtió en una joya para la alta sociedad del tardofranquismo, pero tras su cierre, no fue más que un estorbo. En 1997, el consistorio ilicitano dio los primeros pasos para llevar a cabo su demolición, con la declaración de ruina para el establecimiento turístico. Fue una decisión que derivaría en lo que González define como “una larga batalla administrativa y judicial”.

La empresa propietaria del esqueleto del edificio, Princesol, consiguió una licencia para rehabilitar la estructura antigua —cada vez más degradada— pero en lugar de ello intentó levantar otra nueva sin permisos municipales para intentar alargar la vida del hotel. Sin embargo, los reveses en los tribunales se le fueron acumulando. En 2018, solicita el derribo de los restos originales por entender que existe un grave peligro de colapso del edificio. Costas acepta e impone sus condiciones en un juicio que llega al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pero en diciembre de 2019 llega la puntilla final del “mamotreto”, como lo llaman los vecinos. El Tribunal Supremo dicta que la obra nueva también es irregular y debe desaparecer. Costas firma el derribo total en junio del año pasado. Pero la demolición no comienza hasta este martes.

El derribo es la segunda fase de un plan que, primero, se centró en retirar “mil kilos de amianto” de las ruinas hoteleras. “Fue un trabajo duro y minucioso”, señala González, “que se demostró compatible con el verano y la dinámica de playa de Arenales” y que no ha interferido con las vacaciones de vecinos, residentes estacionales y turistas, a su juicio. El material nocivo “se ha enviado a un vertedero de Cuenca”, especializado en residuos industriales peligrosos.

La obra de ahora abre el desmantelamiento progresivo, “paso a paso”, según el alcalde, de los restos aún en pie y se alargará tres semanas. González adelanta que, posteriormente, se procederá a “la retirada de los escombros producidos por la demolición”, que también costarán “entre tres y cuatro semanas de trabajo”. Finalmente, y bajo los criterios de la ley de Costas, llegarán “la regeneración y renaturalización de la playa” afectada. “El próximo verano”, sentencia González, “visitantes y vecinos disfrutarán de la playa de Arenales sin la estructura que tanto afeaba el entorno y que tantas molestias ha generado”.

Los vecinos confían en que la desaparición del esqueleto turístico varado en su litoral insufle vida a una pedanía sin centro comercial, sin escuela y con solo un ambulatorio. De hecho, el presidente de la asociación vecinal, Fernando Durá, siempre ha insistido en la necesidad de sustituir el hotel que dio vida a una costa recóndita con otro que revitalice la zona. De momento, el consistorio ilicitano ejecuta un plan para la pedanía de “mejora de los espacios y los servicios públicos”, ha construido un depósito de agua potable de gran capacidad, tramita con la Diputación la construcción de un centro sociocultural y ha subastado “una parcela de uso terciario, que ha comprado un inversor, para que se instale” un centro comercial, señala González.