La justicia gallega tumba la licencia de la única mina de coltán de Europa por su impacto ambiental

La justicia ha tumbado el permiso que en 2022 adjudicó la Xunta a la única mina de coltán de Europa, ubicada en el extremo sureste de la provincia de Ourense y explotada por la compañía canadiense Strategic Minerals Europe. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nula la resolución administrativa que permitió la ampliación a cielo abierto del yacimiento de A Penouta, en el ayuntamiento de Viana do Bolo. La sentencia concluye que la empresa no realizó —y la Administración autonómica tampoco se lo exigió— una “oportuna y adecuada” evaluación ambiental de los daños al espacio natural de Peña Trevinca, un paraje protegido por la Red Natura que está pegado a la explotación. La presencia de arsénico, mercurio, cadmio y plomo en las aguas superficiales supera los topes marcados por la normativa, esgrimen los magistrados, y se han detectado “afectación a las aguas destinadas a consumo humano” y grietas en viviendas cercanas.

El fallo conocido este martes estima el recurso interpuesto por Ecoloxistas en Acción Galiza y puede ser recurrido en casación ante el Supremo. La mina lleva ocho meses sin actividad, después de una paralización cautelar decretada por el alto tribunal gallego y que provocó incluso una concentración de protesta de trabajadores de la minera, alcaldes y vecinos de la zona delante de su sede en A Coruña. Según defendieron entonces los responsables de Strategic Minerals Europe, del yacimiento viven 129 familias y compañías auxiliares de la comarca de Viana do Bolo.

El dictamen del TSXG desvela ahora que en las aguas del entorno de la explotación de coltán se han hallado metales pesados “en dosis peligrosas” que proceden “de filtraciones de los depósitos y balsas de residuos existentes” debido a la “falta de medidas de protección”. Las emisiones y vertidos de la mina, prosigue la sentencia, “están llegando a la Red Natura 2000, tanto por vertido a cauces fluviales como por emisiones atmosféricas”. Los magistrados aluden a fotografías aportadas a la causa que muestran el polvo que alcanza a la vegetación y a casas cercanas al yacimiento. “Aunque digan los demandados que han realizado mediciones que arrojan un valor por debajo del límite establecido, estas no han sido sistemáticas, ocultando más de lo que revelan”, reprochan los jueces.

El fallo revela que ni la empresa ni la Confederación Hidrográfica Miño Sil, que depende del Gobierno central, “han realizado nuevas analíticas en las que se verifiquen los parámetros de arsénico, mercurio, plomo y cadmio, sustancias peligrosas o peligrosas prioritarias, dificultando su estimación en las masas de agua superficiales en el último año y medio”. Estos metales pesados, alertan los magistrados, pueden estar causando “una afección a la salud de las poblaciones” que obtienen su suministro de arroyos, manantiales y pozos de la zona, por lo que “no conviene permitir la actividad hasta que no se realicen los estudios que evalúen” su presencia. El TSXG cita un informe de la Universidad de A Coruña que constata que los niveles de esas sustancias en varias masas de aguas superficiales próximas a la mina “superan de forma alarmante los límites legales establecidos”. También se detectaron grietas en casas ubicadas a kilómetro y medio provocadas por las voladuras en la mina, en la que se han llegado a utilizar 8.000 kilos de explosivos.

La compañía ha avanzado que estudia recurrir la sentencia. Defiende en un comunicado que su proyecto en Penouta es “sostenible, social, económica y ambientalmente” y que lo retomará “tan pronto se den las condiciones legales adecuadas, en coordinación con la Xunta de Galicia”.

Puedes seguir a Clima y Medio Ambiente en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal