Vermont aprueba una ley para hacer pagar a las petroleras por el cambio climático

La vieja aspiración del movimiento ecologista de hacer responsables a las empresas contaminantes por sus actos está más cerca de cumplirse en Vermont, un Estado al nordeste de Estados Unidos, en la frontera con Canadá. Las dos cámaras del parlamento de Montpelier, su capital, aprobaron esta semana un proyecto de ley diseñado para hacer que las grandes petroleras paguen por los daños causados por los desastres provocados por el cambio climático a los que estas contribuyen con sus prácticas. La cuenta ascenderá a miles de millones de dólares.

La norma fue votada con abrumadoras mayorías en el Senado (solo tres votos en contra, y 26 a favor) y en el Congreso (94-38), y ahora toca que vuelva a la Cámara alta para una segunda aprobación, antes de mandarla al gobernador republicano, Phil Scott, para que la firme. Cumplidos esos trámites, la Ley del superfondo climático, que así ha sido bautizada, se convertirá en la primera de su naturaleza en Estados Unidos. Ya hay cuatro Estados ―Maryland, Massachusetts, California y Nueva York― que están a mitad de sus respectivos procesos para sacar adelante legislaciones parecidas. Es previsible también que su aprobación suponga el inicio de una encarnizada batalla en los tribunales, con los abogados de esas grandes empresas buscando cualquier resquicio legal para evitarles los pagos.

Vermont se ha inspirado en un programa de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Washington, que obliga a las compañías contaminantes a limpiar sus vertidos tóxicos, o a pagar al Gobierno estadounidense para que las autoridades se encarguen de hacerlo.

Para sacar la cuenta de lo que se debe, el texto normativo incluye herramientas para calcular hasta qué punto el cambio climático ha contribuido a eventos climáticos extremos en Vermont, y el dinero que esos episodios, algunos, tan recientes, como las inundaciones del pasado verano, costaron al Estado. Para ello, se tendrán en consideración, entre otros, los perjuicios económicos, a la salud pública o a la biodiversidad, en un territorio cuyos habitantes son conocidos en resto del país, tanto por cultivar sus excentricidades como por su estilo de vida en contacto con la naturaleza. Una vez averiguada esa cantidad, se reparte en función de las toneladas de dióxido de carbono que cada empresa afectada por la ley emitió entre 1995 y 2024. Y ahí, se echará mano de la base internacional de datos Carbon Majors, que señala a los mayores contaminadores privados del planeta.

Mosquitos y gigantes

Para calibrar la desigual lucha que se avecina en los tribunales, el senador republicano Randy Brock, que votó en contra de la ley, recordó que “ExxonMobil tiene unas ventas anuales de 344.600 millones de dólares”, mientras que el presupuesto de Vermont asciende a “unos 8.500 millones de dólares”. “[Es la pelea de] Un mosquito contra un gigante”, remató.

De los Estados que podrían seguir el ejemplo, el de Nueva York, donde una de las dos cámaras, el Senado, ya ha dado el sí a un texto parecido, es el que tiene la cosa más avanzada. En Washington, dos senadores demócratas, Bernie Sanders, sin duda, el político más conocido del despoblado Estado de Vermont (tiene más o menos la superficie de Cataluña y algo así como la población de Sevilla), y Chris Van Hollen (Maryland) trataron de introducir una provisión para hacer pagar a las empresas contaminantes en la Ley de Inflación de la Reducción (IRA son sus siglas en inglés), firmada por el presidente Joe Biden en el verano de 2022. Se trató de una de las grandes conquistas legislativas del primer mandato de Biden, además de la norma más importante hasta la fecha aprobada en Estados Unidos para hacer frente a los efectos del cambio climático, aunque no llegara tan lejos como Vermont está a punto de llegar ahora. De haber sobrevivido en el borrador de la IRA, habría costado a las grandes petroleras unos 500.000 millones de dólares, según un proyecto cuyos promotores llamaron: La ley del fondo climático “el que contamina, paga”.

En julio pasado, unas devastadoras e inusuales lluvias asolaron Vermont: dejaron dos muertos y daños por un valor de unos mil millones de dólares. Otro episodio de fuertes precipitaciones llegó en diciembre de 2023. Entonces, el gobernador Scott, que no participa de las veleidades negacionistas de algunos de los miembros de su partido, declaró: “El cambio climático es real. No creo que nadie deba sorprenderse por esto, ni que podamos utilizar los métodos tradicionales que nos han servido contra las tormentas durante los últimos 100 años. Nos quedó demostrado con Irene y con las inundaciones de julio, y ahora, apenas cinco meses después”. Irene fue el nombre que los meteorólogos dieron a un huracán que devastó en 2011 la costa Este de Estados Unidos, y que se cebó especialmente con Vermont.

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