Los pozos de emergencia salvan a Las Tablas de Daimiel de entrar en combustión

En diciembre, la turba ―carbón formado de residuos vegetales― del subsuelo de Las Tablas de Daimiel estuvo a punto de entrar en combustión debido a la falta de agua, como ya ocurrió en 2009. La voz de alarma de que el proceso podría estar en marcha la dio el molino de Molemocho, una antigua infraestructura hidráulica asentada sobre la turba, cuando su estructura comenzó a agrietarse, algo que no había ocurrido nunca, explican fuentes del patronato del parque nacional. Fue entonces cuando se decidió poner en marcha los sondeos de emergencia y bombear agua desde el acuífero, que está declarado sobreexplotado desde 1994 debido principalmente a la actividad agrícola de la zona.

De esta forma se ha conseguido inundar 200 hectáreas, además de evitar que la turba se incendie. El plan del parque indica que a finales de invierno el agua debería cubrir 1.400 hectáreas de las 1.750 totales del humedal. Cuando estos restos vegetales se secan, se contraen como una esponja, se producen fisuras por donde entra el oxígeno provocando que la materia orgánica se oxide y un aumento de temperatura que hace saltar la primera chispa. Este año se ha evitado, pero los tablazos centrales (áreas de inundación) se encaminan hacia la sexta primavera sin agua. Un panorama al que no se han enfrentado nunca.

El comportamiento de las maltratadas Tablas de Daimiel confirma que los humedales tienen capacidad de recuperación si se les da una oportunidad. Esa lámina creada con agua extraída de forma artificial del acuífero ha atraído en unas cuatro semanas a 7.450 grullas, 818 patos colorados (especie emblema del parque), 690 ánsares comunes, 835 ánades azulones o 30 porrones pardos y nueve cercetas pardillas. Estas dos últimas especies se encuentran en peligro crítico de extinción. A pesar del resurgimiento de la vida, la cantidad de aves que han llegado se estima que esté en un 11% con respecto a un año de inundación completa.

Lo que no ha conseguido sobrevivir a la pertinaz sequía es la masiega, una especie vegetal considerada hábitat de interés prioritario por Europa y el paisaje más característico del humedal manchego. El parque nacional la ha dado por extinguida. No se ha conseguido cumplir el plan rector del espacio protegido que marca que en 2027 la masiega debería extenderse por 50 hectáreas.

En este escenario y en la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que se encuentran en negociaciones con el Gobierno central para alcanzar “un acuerdo histórico” que implique la restauración ecológica y conservación del parque nacional, sin dar más pistas. El Ministerio para la Transición Ecológica tampoco ha ofrecido más información sobre las actuaciones que se llevarían a cabo a preguntas de EL PAÍS. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha han respondido que ya se han decidido los miembros de la comisión por parte de la comunidad autónoma y del Gobierno ―todos políticos― donde se decidirán esas medidas prioritarias que todavía se desconocen. Además, se están llevando a cabo reuniones técnicas.

En diciembre del año pasado, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, informó de que se iba a impulsar la creación de un grupo de trabajo en el que se elaboraría un borrador del plan a desplegar en la zona. El objetivo sería garantizar el volumen hídrico al humedal, que incluye la reducción de las captaciones de agua subterránea con una zona de protección especial, reforzar la vigilancia del ecosistema y la adquisición de terrenos colindantes al parque nacional. Además de mejorar la calidad de las aguas y la conservación de los hábitats.

Alberto Fernández, de WWF, patrono desde hace 15 años del parque nacional de Las Tablas de Daimiel, indica que no cuentan con información, solo lo que se dijo en la última reunión en diciembre, en la que se ofrecieron unas líneas “muy, muy generales”, pero sin detalles. Recuerda que ya hubo un plan especial del Alto Guadiana cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, en el que se emplearon 66 millones de euros en la compra de derechos de papel (derechos de los agricultores para regar, pero de explotaciones que no se estaban cultivando y que, por lo tanto, no los utilizaban).

“Fue un fracaso porque no se dejó de extraer agua del acuífero y se legalizaron 15 hectómetros cúbicos que eran ilegales para cultivos de viñedo”, explica. También se pensaba poner en marcha planes de reforestación, de desarrollo alternativo, o un seguimiento de los regantes ilegales. “Pero no se hizo nada”, rememora. En esta ocasión tiene más confianza porque hay dos antecedentes, el del mar Menor y Doñana, “en los que se han realizado consultas, mesas... hay una lógica, una coherencia“.

Fernández indica que ellos abogan a corto plazo por mantener los pozos de emergencia para épocas de sequía y por ampliar el parque. A medio plazo se debería plantear una reconversión de los sectores con el abandono total de cultivos y de viñedos regados a gran escala. “Se debe reconvertir a secano, pero con una transición justa”, advierte.

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