La justicia ordena a Castilla y León iniciar el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ordenado a la Junta iniciar el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada (Segovia). La pugna judicial comenzó cuando el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, instó al cierre de las instalaciones por la reducción de la nieve en estas montañas por la crisis climática. El Ejecutivo autonómico ha anunciado que estudiará recurrir la sentencia judicial, que le insta a “declarar la caducidad” de la concesión sobre estos terrenos en el límite del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

La resolución judicial ha obligado a la Junta, comandada por PP y Vox en coalición, a “pronunciarse” sobre la declaración de caducidad de la gestión de la estación. El Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), dependiente del ministerio, estableció en 2021 que la concesión, caducada ese mismo año tras culminarse los 25 años de licencia, no volvería a salir a concurso por motivos ambientales. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se enfrentó al Gobierno rechazando este dictamen y contó con el apoyo de su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según Mañueco, no había “razones políticas o jurídicas para declarar el cierre” y a su entender no existía “inconveniente” que justificara el cierre de este espacio.

Restauración de la realidad física alterada

El ministerio emitió en octubre de 2021 un requerimiento para que esta comunidad autónoma, quien no tiene competencias sobre la apertura o no de esas estaciones de esquí, sí ejerciera sus capacidades para que la empresa adjudicataria desmontara las instalaciones, edificios o cables. Además, a finales de 2021 llevó a los tribunales a la Junta para resolver esta cuestión, lo cual finalmente ha sido resuelto a favor del ministerio liderado por Teresa Ribera. El fallo del TSJCyL ordena también iniciar la “retirada de las instalaciones y de restauración de la realidad física alterada”.

Las instalaciones habían seguido operativas y con visitantes en los últimos meses, casi tres años después de que venciera el permiso original de 25 años, porque el gobierno de Castilla y León se había declarado “independiente” en la cuestión de la caducidad de los permisos nacionales. Las pistas afectadas, llamadas El Telégrafo, El Bosque y El Escaparate, habían seguido acogiendo esquiadores en los meses invernales. A falta de confirmar el siguiente movimiento de la Junta de Castilla y León tras la sentencia perjudicial para sus intereses, pues puede recurrir, la resolución judicial emplaza al mando autonómico a confirmar el fin de la concesión de la estación invernal.

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