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El calor ya es un riesgo si se trabaja a la intemperie, pero faltan planes para los episodios extremos

El Defensor del Pueblo pide a la Inspección que informe sobre cómo se protege a los empleados ante una subida abrupta de la temperatura. Sindicatos y expertos piden medidas específicas para adaptarse al cambio climático

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Un operario de la limpieza, el pasado lunes en Madrid.Aitor Sol
María Sosa Troya

A las seis de la mañana, un grupo de agricultores ya está preparado en Valdelacalzada, un pueblo de Badajoz. En cuanto se empiece a ver, comenzarán a recoger ciruelas. El objetivo es poder irse a casa alrededor de las doce y media, la una como muy tarde. “A partir de esa hora ya no se puede estar”, explica Lorenzo Ramos, secretario general del sindicato Unión de Pequeños Agricultores, quien se dedica a la recolección de fruta de hueso desde hace 25 años. El calor es un riesgo laboral y las empresas ya están obligadas a incluirlo en sus planes de prevención. En sectores como el de Ramos no es nada nuevo. Sin embargo, cuando llega una ola de calor como la que acaba de asfixiar a España no hay un protocolo específico para proteger a los trabajadores en el exterior de esos episodios extremos, que con el cambio climático serán cada vez más frecuentes e intensos.

La muerte de tres personas en la Comunidad de Madrid tras sufrir un golpe de calor mientras trabajaban, la última este jueves, ha puesto en el punto de mira la seguridad de los profesionales ante estos eventos extremos. El Defensor del Pueblo ha pedido a la Inspección de Trabajo información sobre sus acciones para supervisar la protección de los trabajadores en condiciones ambientales extremas. Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que los días de calor se reforzó la inspección, especialmente en los sectores más afectados por las altas temperaturas, “trabajos al aire libre (construcción, agrario, jardinería, recogida de residuos)”, pero también “en otras actividades, incluidas las industriales”, en las que la temperatura a la que se exponen los trabajadores “se incrementa en el periodo estival”.

Sindicatos, inspectores de trabajo, expertos y el propio Gobierno creen que son precisas más medidas cuando el termómetro sube tanto como estos días. En Valdelacalzada, explica Ramos, no ha habido incidentes. Mucha agua, ropa ligera, sombreros que protegen del sol y descansos cada vez que son necesarios. “Desde junio, muchos días hemos superado los 40 grados. Antes podíamos dedicarle unas horas por la mañana y echarle otro rato por las tardes, a partir de las cinco o las seis, ahora llevamos unos años en que eso es imposible”. Algo que se agrava con los episodios de altas temperaturas. “Hemos alcanzado los 46 grados”, añade.

La duración de las olas de calor se ha triplicado en España entre 1975 y 2021, según un análisis del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre el 10 y el 19 de julio, ha habido 1.047 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas, según la última estimación disponible en el panel de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Se trata de un cálculo en base a las series históricas de mortalidad y de temperatura. Los fallecimientos por golpe de calor son una pequeña parte de todo el exceso de mortalidad, pero son la peor cara de olas como esta, que duró 10 días según los datos provisionales de la Agencia Española de Meteorología, y es la más extrema desde que hay registros.

La ley de prevención de riesgos laborales, de 1995, obliga a que el empresario garantice la seguridad y la salud de sus empleados en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Por lo tanto, aunque no se menciona el calor específicamente, para las profesiones en que las altas temperaturas sean un problema ya debe contemplarse en sus planes. De hecho, un real decreto de 1997 especifica la temperatura mínima y máxima a la que se puede trabajaren espacios interiores: sin esfuerzos físicos, entre 17 y 27 grados; si se trata de trabajos ligeros, entre 14 y 25. Pero esta misma precisión no existe en exteriores.

Un repartidor, este jueves en Ronda (Málaga).
Un repartidor, este jueves en Ronda (Málaga). JORGE GUERRERO (AFP)

Antonio Moreno, médico del trabajo en Quirón Prevención, asociada a la patronal Aspren (Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos), explica que serían deseables estudios que ayuden a definir “una horquilla, en función de las características de las personas y del entorno, que establezca a partir de qué temperaturas no se puede trabajar en exteriores, o marque actuaciones concretas”. Pero añade que es una cuestión compleja, dos personas pueden reaccionar de forma diferente ante un mismo estímulo, en función de variables como la edad, la superficie corporal, sus condiciones de salud y su aclimatación al calor, y además hay que tener en cuenta factores como la temperatura, humedad relativa, velocidad del aire, etc.

Un responsable de un servicio de prevención de riesgos en la empresa privada, que prefiere no dar su nombre, explica que, “pese a que hay guías técnicas” que les dan pautas sobre cómo actuar (por ejemplo al definir el estrés térmico o sobre el vestuario) con los que las empresas deberían definir sus propias horquillas con el máximo de temperatura al que se puede trabajar, es complicado que “las compañías las aprueben porque no hay una normativa de referencia clara”. Aunque asegura que sí hay ejemplos “de protocolos bien definidos contra condiciones ambientales extremas”.

El debate está sobre la mesa. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha repetido en los últimos días que la normativa vigente está “obsoleta”. “Creo que hay que limitar claramente cuándo se puede trabajar al sol, qué ritmos de trabajo son los que hay que tener, cuándo hay que parar en las horas de más calor. Eso hoy se puede hacer en algunos convenios colectivos, como el de la construcción, que lo tienen incorporado, aunque no siempre se respeta, pero la mayoría de los sectores no lo tienen”, dijo en Canal Sur. Aseguró que van a trabajar en la negociación colectiva, pero a la vez exigirán al Gobierno “un cambio en profundidad de la ley de prevención de riesgos laborales”.

CC OO considera que cualquier refuerzo en las medidas es bienvenido, aunque la norma ya aporta “herramientas suficientes para exigir que se actúe”, explica Carmen Mancheño, coordinadora de Salud Laboral. Sin embargo, critica que muchas empresas no lo están haciendo como deberían. “Tiene que ver con una redistribución de jornadas, pausas en zonas sombreadas, que los trabajadores se puedan hidratar con líquido suficiente”, afirma. Algo que golpea más a los “más precarizados, con menos capacidad de ejercer sus derechos y más dificultad para denunciar y exigir que se cumplan unas condiciones de trabajo”.

Fuentes de la CEOE, en cambio, indican que no se puede generalizar y que en función del sector del que se trate los peligros asociados al cambio climático afectan de manera diferente, pero que “las empresas directamente implicadas se van poniendo al día poco a poco”, a medida que van identificando riesgos. “Existe la preocupación, porque se van encontrando problemas que tienen que ir solucionando”, añaden, “y la vía para hacerlo no es reformar la ley, sino la negociación colectiva”.

El Gobierno planea medidas para hacer frente al cambio climático. Esta última ola de calor ha puesto de manifiesto “la necesidad de reforzar la preparación y las capacidades de colectivos profesionales especialmente vulnerables en condiciones de calor extremo (desde bomberos forestales a operarios de limpieza en ciudades)”, se lee en un análisis del Ministerio para la Transición Ecológica sobre este último episodio. En el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que recoge la hoja de ruta en España entre 2021 y 2030, se prevé que se apruebe un plan nacional para actuar frente a los efectos de la crisis climática en la salud de los empleados y que se emitan recomendaciones para las empresas.

Trabajadores de la construcción, el pasado lunes en Logroño.
Trabajadores de la construcción, el pasado lunes en Logroño. RAQUEL MANZANARES (EFE)

Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo sostienen que la ley de prevención ya prevé “una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo donde quiera que se desarrolle”, y añaden que está previsto que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027, que actualmente se está negociando, incluya como líneas prioritarias, entre otras, el análisis del marco normativo para “adaptarlo, en su caso, al cambio climático”, la promoción de la investigación en prevención de riesgos y el apoyo a empresas en estas tareas, en “las actividades más afectadas por los cambios medioambientales”.

La socióloga Claudia Narocki, experta en salud laboral de la Fundación 1º de Mayo, creada por CC OO, ha elaborado un reciente estudio en el que se llama a que “el estrés térmico relacionado con las condiciones meteorológicas” se trate como “un riesgo laboral que se está agravando”. En él, se explica que son pocos los países de la Unión Europea que “han desarrollado planes específicos” para proteger a los trabajadores ante episodios de altas temperaturas. Narocki afirma que “se está empezando a sacar este tema a la luz, que ha permanecido oculto demasiados años”. Países del entorno como Francia y el Reino Unido han visto estos días escalar sus termómetros de manera insólita para el clima al que están habituados. Ahora “los veranos empiezan mucho antes, no se limitan a julio y agosto y hay picos de calor desde mayo y hasta bien entrado septiembre, que afectan a nuevas actividades, como los centros educativos, y dan mayor intensidad a las que sí lo estaban”.

La portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, Mercedes Martínez, critica que “muchos planes de prevención de riesgos laborales tratan el calor de forma genérica, con medidas estandarizadas”, sin atender a factores como las características del propio trabajador o el emplazamiento. Además, señala que se requerirían “evaluaciones muy continuas” que no siempre se hacen. Dice que hay sectores como la construcción donde sí se contemplan las temperaturas muy elevadas, pero que “en la mayoría de actividades al aire libre” no es así.

Las patronales de la construcción y agraria replican que las empresas ya contemplan los riesgos. Son dos sectores que se mueven desde hace años. En Ciudad Real, se acaba de firmar un convenio colectivo que limita la actividad laboral en la construcción entre mediados de julio y mediados de agosto de siete a tres de la tarde. Es algo que también ocurre “en varias provincias andaluzas y en Madrid”, explica María José Leguina, directora del departamento laboral de Confederación Nacional de la Construcción, la patronal del sector. Afirma que “el calor es un factor de riesgo” en su proceso productivo, como también lo es el frío extremo, y que por cada obra hay un plan de seguridad y salud. “Tenemos buenos técnicos que implementan muy bien las medidas [que dicta en sus guías técnicas el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo] y seguimos sus criterios”, dice. Los planes “para nada son genéricos”. En Asaja, la patronal agraria, su director, Juan José Álvarez, reclama un cambio en la ley de prevención de riesgos laborales, aunque asegura que en los protocolos que se aplican ya se incluyen medidas como adelantar las jornadas de trabajo para evitar las altas temperaturas.

Joaquín Nieto, expresidente de la Organización Internacional del Trabajo, recalca que lo primero es cumplir la ley, que ya obliga a evaluar los riesgos, pero cree conveniente ir más allá. Propone “un plan de choque entre el ministerio, las comunidades y los agentes sociales para que las empresas se pongan al día”, afirma, de forma que incorporen “las situaciones extremas” en sus planes de prevención. También recuerda que “todo trabajador tiene derecho a abandonar su puesto de trabajo si está en riesgo su vida o su salud”, no ante un peligro genérico, sino uno “grave o inminente”.

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Sobre la firma

María Sosa Troya
Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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