“El proyecto para los fosfoyesos de Huelva supondrá una mejora sustancial en las condiciones ambientales de la zona”

Juan Carlos Lentijo (1959, Pedrosa del Rey, Valladolid) es desde hace poco más de un mes el nuevo presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un organismo en el que entró a trabajar en 1984. Es el primer presidente del CSN que proviene del cuerpo técnico de la casa, donde ha ocupado multitud de cargos. Solo se desligó del supervisor español durante los nueve años en los que formó parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), del que ocupó el cargo de director general adjunto. Lentijo fue el experto español que lideró la misión de la OIEA para evaluar la situación en Fukushima, en Japón, tras el accidente nuclear. En su primera entrevista como presidente del CSN, este ingeniero industrial defiende la solución propuesta para los fosfoyesos de Huelva, unos residuos derivados de la fabricación de fertilizantes que son tóxicos y radiactivos.

Pregunta. ¿Es seguro enterrar los fosfoyesos?

Respuesta. Sí. El pleno del CSN ha analizado una propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica, fundamentada en informes de las áreas del consejo, que han indicado que se puede informar favorablemente del proyecto que la empresa Fertiberia ha puesto en la mesa para conseguir un buen aislamiento de los materiales más complicados y que favorezca que a largo plazo ese aislamiento funcione desde el punto de vista de la protección radiológica, que es lo que nos corresponde a nosotros. No debemos olvidar que este proyecto es más grande y no solo hay materiales que emiten radiaciones ionizantes de origen natural, sino que hay otros metales pesados. Todo ello debe gestionarse de forma integrada.

P. La Audiencia Nacional les dio un ultimátum para que emitieran este informe. ¿Por qué se ha demorado el CSN?

R. No conozco muy bien los detalles, porque no estaba aquí, pero la impresión que tengo es que las evaluaciones que nuestros técnicos tuvieron que hacer eran bastante complejas. Incluían aspectos muy diversos, que tienen que ver con la hidrogeología, con el impacto radiológico, con la situación atmosférica... Hay una serie de elementos que son complejos y eso ha hecho que hubiera una interacción con el titular [Fertiberia] para aclarar bastantes cuestiones técnicas. Más allá de que la Audiencia Nacional haya intervenido, nosotros teníamos claro que informaríamos cuando tuviéramos suficientemente claras todas las circunstancias que concurren en el proyecto. El titular también se tomó su tiempo en responder a las preguntas que se le hacían desde aquí. Todas las cosas han ido madurando de tal manera que, cuando vino este auto de la Audiencia Nacional, en realidad a nosotros ya nos pilló bastante próximos a emitir el informe.

P. Este proyecto genera mucha polémica en Huelva porque supone dejar los residuos allí. ¿Es factible retirar esos 120 millones de toneladas de desechos de la zona?

R. Tengo entendido que hubo un análisis de opciones y se llegó a la conclusión de que la mejor desde todos los puntos de vista era este recubrimiento y aislamiento in situ de los fosfoyesos. Nosotros hemos analizado ya simplemente esta opción. Pero creo que hubiera sido muy difícil encontrar otro tipo de opciones, porque remover los fosfoyesos tiene otros riesgos y elementos que pueden dificultar esa solución. Lo primero, el volumen. Estamos hablando de una cantidad inmensa de material. Segundo, tienes que encontrar un sitio donde llevarlo. Y tercero, al final, a lo mejor lo único que se haría con eso es una transferencia geográfica de la situación, lo cual llevaría a tener que adoptar una solución muy similar a esta, pero en otro sitio. ¿Realmente eso vale la pena? Nosotros tenemos experiencia de afrontar situaciones similares a esta que tienen que ver más con la industria nuclear, por ejemplo, con las antiguas minas. En todos los casos, aquí y en el resto del mundo, ese tipo de situaciones se resuelven in situ. Con un proyecto como el que nos ocupa, que garantiza un aislamiento a largo plazo suficiente de los materiales peligrosos, yo creo que es adecuada la solución. El proyecto del que hemos informado favorablemente va a suponer una mejora sustancial en las condiciones ambientales en la zona.

P. Pero deja a Huelva una hipoteca para siempre, como ocurre con los lugares donde hay instalaciones nucleares. ¿Cuando se inician proyectos de este tipo se le explica a la población realmente lo que va a suponer a largo plazo?

R. No solo en el caso de lo que más conozco, que es el entorno nuclear y radiológico, sino también para las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y el uso del territorio, la situación, afortunadamente, ha cambiado drásticamente en los últimos años. Estoy seguro de que lo que ocurrió en los años sesenta del siglo pasado cuando se iniciaron estas actividades es muy diferente de lo que ocurriría ahora si se iniciara. El problema de los fosfoyesos viene del pasado, con una legislación que seguramente no era tan protectora, no solo la nuclear o la radiológica, sino también la medioambiental en general. Y ahora hay que ponerle una solución. Seguramente no se comunicó en su momento cuáles eran esas hipotecas. Ahora mismo creo que sería impensable que no se comunicaran.

P. En cierta medida, esta situación recuerda al escenario que le espera a las siete centrales nucleares que hay en España, que parece que tendrán que albergar cada una un almacén para residuos radiactivos cuando cierren.

R. Bueno, eso es diferente. En este caso el objetivo fundamental es la liberación completa del emplazamiento para otros propósitos. Por lo tanto, que las restricciones a los usos sean ninguna o mínimas. Los ATI [almacenes temporales para los residuos de las centrales] son una solución temporal. Esto no es una hipoteca para un futuro lejano. Es simplemente una situación transitoria que permite gestionar esos residuos, en este caso el combustible gastado de una forma segura mientras se busca una solución definitiva.

P. Si no se ha conseguido el consenso para lograr un almacén centralizado para esa fase temporal que guarde los residuos de las siete centrales, pensar que sí se va a lograr uno geológico definitivo no parece un escenario realista, ¿no?

R. Bueno, ya veremos. Esta es una cuestión de planteamiento no solo técnico, sino también social. Estoy seguro de que, como en otros países, España va a encontrar una solución. Tenemos el caso ahora mismo de Finlandia, Suecia o Francia, que están trabajando no solo en la búsqueda de emplazamientos, sino ya en la construcción de almacenes geológicos profundos y que suponen una solución definitiva. Prácticamente, ahí ya no hay ninguna hipoteca, porque no hay ninguna restricción que pueda afectar al municipio donde estén. En España tenemos un ejemplo, que es El Cabril, en Córdoba, para residuos de media y baja actividad, que está funcionando bien.

P. ¿Por qué naufragó el proyecto para construir el almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas, Cuenca?

R. Formalmente, lo que hay en estos momentos es una petición de las autoridades para que la tramitación del proyecto en el CSN esté congelada. Está ahora mismo a la espera del séptimo plan de residuos radiactivos, que está elaborándose. Me resulta muy difícil analizar qué pasó. Tengo la sensación de que fueron seguramente un cúmulo de circunstancias. Algunas tienen que ver con aspectos sociales, hubo otros aspectos técnicos que hicieron que el proyecto fuera más lento de lo que inicialmente se esperaba y seguramente eso también contribuyó a generar cierta tensión. Quizás también la no concurrencia completa de todas las autoridades... Tengo que decir que el inicio de la búsqueda de emplazamientos para este proyecto fue muy bueno, la verdad. Luego fallaron otras cosas...

P. ¿Es seguro que las centrales nucleares españolas operen más allá de los 40 años, como está autorizando ahora el CSN?

R. La respuesta tiene que ser que sí, porque el CSN ya ha dado autorización para prolongar la vida de algunas de estas centrales más allá de los 40 años. Los 40 años es una frontera que en principio se puso en el diseño original y como vida inicial de operación. ¿Qué ocurrió luego? Pues que ha habido unos programas de gestión de vida, de gestión de envejecimiento de los diferentes componentes de las centrales, que han hecho que puedan o bien prolongar la vida de los componentes existentes o bien sustituirlos por nuevos. Y esto hace que algunas centrales puedan operar más allá de esa vida inicial de diseño con unos requisitos incluso más exigentes que los que tenían originalmente, porque la normativa ha evolucionado. Desgraciadamente hemos sufrido accidentes, como en Chernóbil o Fukushima, de los que hemos aprendido y se han refinado las normativas, concretamente las de seguridad. Cuando en España se quiere alargar la vida de una de estas instalaciones se hace como un examen, como si fuera una ITV. Casi todas las centrales de España son de origen americano y nosotros nos inspiramos en la normativa y en las prácticas que la Comisión Reguladora Nuclear de EE UU impone a las instalaciones que solicitan un alargamiento de la vida. Hay decenas de centrales en EE UU similares a las nuestras, de la misma época, que ya funcionan con un alargamiento de vida por encima de los 40 años.

P. La invasión de Ucrania ha puesto en el punto de mira a las nucleares. ¿Se puede considerar la energía nuclear como un riesgo añadido en un conflicto bélico?

R. No cabe duda de que la energía nuclear, como otras muchas actividades, comporta riesgos. Todo en el sector nuclear, y el resto de sectores, está diseñado para que se gestione en una situación de normalidad. La guerra no forma parte de una normalidad. En la situación de normalidad se previenen accidentes e incluso atentados o sabotajes. La situación en Ucrania lo que hace es revelar que efectivamente estas instalaciones tienen que tratarse de una forma muy especial, incluso en un conflicto. Y es por eso por lo que la comunidad internacional, en todos sus órdenes y a través de la OIEA, ha tratado de influir en la medida de lo posible para que hubiera un respeto exquisito a la situación de esas instalaciones nucleares, tanto las que están en operación como las que están en situación accidental, como está Chernóbil. La situación nos ha alertado a todos y mucho. Nosotros hemos estado apoyando la labor de la OIEA, y seguimos haciéndolo, para intermediar de alguna manera y asegurar que los elementos de seguridad en estas instalaciones se respetan. Se tiene que respetar la situación física, no puede aceptarse una amenaza física de las instalaciones. Pero hay otras situaciones, que tienen que ver con los profesionales que están operando esas instalaciones y que han preocupado mucho. Porque han estado sometidos a tensiones psicológicas, incluso de su bienestar. Desgraciadamente, no en todo momento se ha respetado esto y ha habido situaciones que nos ha parecido que suponían un riesgo que no era aceptable.

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