El tramo de costa con más hoteles ilegales de España

No hay ningún tramo de costa en España con más hoteles ilegales que en la isla canaria de Lanzarote, en especial, en el pequeño municipio de Yaiza. Allí, en mitad de un espectacular paisaje volcánico de roca negra se encuentra el hotel Sandos Papagayo (antes Papagayo Arena), una mole blanca en primera línea de playa que, aparte de no contar con licencia urbanística desde que fue anulada en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, también incumple la altura permitida e invade un vial peatonal. Comparado a menudo con el Algarrobico de Almería, una de las principales diferencias entre estos dos símbolos del ladrillo con tantos años de litigio en los tribunales es que el complejo turístico de Lanzarote está abierto al público. En esta parte del sur de la isla hay otros hoteles ilegales, como Princesa Yaiza, Son Bou o Dream Gran Castillo, que juntos son considerados los cuatro casos más graves de los 44 establecimientos turísticos con licencia anulada por la justicia en Lanzarote, cifra acumulada tras la sentencia penal del denominado caso Yate de 2017.

Esta es una isla única, catalogada como Reserva de la Biosfera en su totalidad y fue pionera en frenar su crecimiento urbanístico hace 30 años, pero también ha visto salir a la luz lo peor de la corrupción urbanística. De los siete municipios que integran Lanzarote, en seis ha habido ya algún alcalde condenado por alguna cuestión relacionada con la construcción o el sector inmobiliario (en Yaiza, Teguise, Arrecife, San Bartolomé, Haría y Tinajo); y todavía queda por celebrarse un juicio clave. Como fichas de dominó, fueron cayendo concejales, técnicos de ayuntamiento, empresarios…, muchos de los cuales acabaron en la prisión local de Tahiche. Incluso terminó derrumbándose una de las piezas más grandes, el todopoderoso Dimas Martín, expresidente del Cabildo de Lanzarote y líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Ahora bien, con las edificaciones es otra historia, lo ya construido es mucho más complejo de derribar: la lucha en los tribunales contra la corrupción urbanística ha dejado en esta isla todo un rastro de esqueletos de hormigón y establecimientos turísticos ilegales, algunos, como el hotel Sandos Papagayo, de difícil solución.

“Lanzarote no ha sido más corrupta que otros territorios, lo que ha sucedido aquí es que ha habido una reacción contra el urbanismo salvaje, dando como resultado las acciones judiciales que han hecho aflorar esos casos de corrupción”, señala Dolores Corujo, actual presidenta del Cabildo de la isla, que incide en que dos ayuntamientos, Yaiza y Teguise, “concedieron multitud de licencias vulnerando la norma insular”. Según la representante lanzaroteña, “el [hotel] Son Bou tiene una orden de demolición del propio Ayuntamiento de Yaiza por considerar que es ilegal e ilegalizable, la propiedad ha recurrido y estamos pendientes de la resolución judicial. En cuanto al Princesa Yaiza, también se encuentra en ejecución de sentencia y también se ha visto afectado por la anulación parcial del Plan General de Yaiza [que trataba de legalizarlo], por lo que resulta ilegalizable”.

La mayor pugna en estos momentos se da con el Sandos Papagayo. El Cabildo de Lanzarote asegura que este hotel “es probablemente la mayor infracción urbanística cometida en la costa”, pero tanto la empresa propietaria como el Ayuntamiento de Yaiza intentan salvarlo. “Entendemos que el hotel es legalizable”, defiende Daniel Valenzuela, abogado de este complejo turístico, que explica que el proyecto de legalización de las obras contempla, entre otras medidas, la eliminación de 111 habitaciones de 475 y una demolición parcial de la cúpula. “Aquí le queda muchísimo recorrido judicial antes de que se pueda hablar de demolición del hotel”, destaca el representante de la empresa. La abogada Irma Ferrer, de la asociación ciudadana Transparencia Urbanística, piensa muy diferente, pues considera imposible solucionar la ocupación del acceso peatonal a la playa, a la que ahora se llega entrando en el hotel y cogiendo un ascensor.

El Papagayo es uno de los establecimientos autorizados en cuatro días de desenfreno urbanístico en 1998. Como destaca la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas del caso Yate (denominación que combina los nombres de los municipios investigados Yaiza y Teguise), el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, no dudó en otorgar de manera masiva licencias para lucrarse ilícitamente, llegando en un mismo día a autorizar la construcción de más de 1.500 plazas turísticas. Según precisa el escrito judicial, el viernes 29 de mayo de 1998 el Ayuntamiento recibió la documentación de proyectos para levantar siete grandes hoteles y el lunes 1 de junio estaban todos aprobados. Esto, como recalca la sentencia, “a sabiendas de la ilegalidad de su otorgamiento por su manifiesta contradicción con las normas urbanísticas en vigor al tiempo de su concesión”.

Los ecologistas de la isla que empezaron en la organización El Gincho, con César Manrique, llevaban años enfrentándose a las excavadoras para proteger este increíble paisaje moldeado por la lava, pero fue la abogada Ferrer la que convenció a sus compañeros ambientalistas de que había que prestar más atención al dinero y acudir a la vía penal para luchar contra la corrupción. Al principio, no fue nada fácil para la letrada lanzaroteña. “Yo iba a un juicio de faltas porque un perro había mordido a un vecino y allí estaba el juez, el fiscal, el abogado de la acusación, el abogado de la defensa, la aseguradora, pero luego tenía la declaración de un alcalde por un caso de corrupción urbanística y el fiscal no aparecía, el juez no sabía nada y estaba yo sola con 15 abogados de la defensa”. Según relata, no la tomaban en serio y se reían de ella, hasta que comenzó a entrar gente en la cárcel.

En esta repentina erupción de delitos urbanísticos tuvo mucho que ver con la llegada a la isla del fiscal Ignacio Stampa y, algo más tarde, de Javier Ródenas. “La idiosincrasia en Lanzarote es muy particular, llama la atención el caciquismo, la sensación que yo viví como foráneo al llegar es que había unos amos de la isla a los que nadie se le ocurría chistar o poner en duda”, comenta Stampa. “Además, este es un sitio muy pequeño y no hay una persona que no sea familiar o amigo de un corrupto o de un empresario que financie, por eso es muy difícil encontrarse en una posición como la de Irma o la que estaba yo, pues eres el enemigo. A mí me atacaron a degüello”, recalca.

La historia dio un nuevo giro con la denuncia de un político socialista, Carlos Espino, por un intento de soborno de un empresario para desbloquear un proyecto urbanístico, lo que provocó el desembarco en Lanzarote de agentes de incógnito de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la denominada Operación Unión. “En el momento en el que empiezan a pinchar teléfonos en esta isla sale de todo, pero de todo…”, incide Isabel Lusarreta, directora de La Voz de Lanzarote y una de las periodistas que más ha seguido los casos de corrupción. “Un teléfono les lleva a otro, con cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver con lo que habían comenzado a investigar, por eso la Operación Unión se acabó dividiendo en muchísimas piezas”.

Siguiendo pinchazos telefónicos de una de las líneas de investigación, los agentes de la UCO que iban tras el “jefe” de una trama de cobro de comisiones ilegales acabaron en la misma cárcel de Tahiche. Así se produjo uno de los hechos más insólitos de la lucha contra la corrupción en Lanzarote: la detención dentro de este centro penitenciario de Dimas Martín, expresidente del Cabildo, exalcalde y líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que entonces cumplía una pena de ocho años por la construcción irregular de un complejo agroindustrial de Teguise. A pesar de encontrarse en prisión en situación de inhabilitación absoluta, el político daba instrucciones precisas a concejales del ayuntamiento de Arrecife para conseguir pagos de los empresarios, como queda demostrado en grabaciones y en la documentación hallada en su celda.

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 2019 sobre la pieza principal de la Operación Unión en la que Martín volvió a ser condenado a prisión —junto a dos concejales de Arrecife y otras siete personas— queda patente la singular forma en la que este utilizaba su poder sobre los demás: “Se ha escuchado en el juicio una conversación particularmente vergonzante entre D. Dimas Martín y el entonces director del Centro Penitenciario de Tahiche (y el adjetivo vergonzante lo utilizamos respecto de este último interlocutor)”, incide el tribunal en su resolución refiriéndose a una grabación en la que el político corrupto comenta que va hablar con un concejal para “ver dónde te podemos encajar”.

La abogada Ferrer va a la cárcel de Tahiche todos los viernes como voluntaria para dar asesoramiento legal a los presos. Cuenta que esquiva el módulo 2, pues “ahí es donde están todos”. Tras estos años de juicios, de insultos y de presiones de todo tipo, reconoce que el desgaste personal ha sido muy grande, más en un territorio tan pequeño. Sin embargo, considera que se ha hecho lo correcto. “Era lo que debíamos hacer, si no estaríamos mucho peor; aunque acaben echándonos y terminemos yéndonos de la isla”, insiste. “Esto es hasta donde hemos llegado, se han escapado algunos, pero la justicia ha hablado; ahora estamos peleando para que se ejecute la ley”.

Mientras tanto, siguen quedando en la isla los cadáveres de hormigón: apartamentos y bungalós parados a medio construir por alguna ilegalidad. Proyectados en su día como edificios turísticos de aires distinguidos, muchos son hoy ruinas llenas de pintadas y basura, algunas habitadas por indigentes u ocupas. En una de estas promociones fantasma en Costa Teguise, en la parcela 214 de los apartamentos Club del Rey, un hombre pregunta a gritos desde un balcón: “¿Nosotros somos los delincuentes?”.

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