Una 'Marbella' emerge en Lanzarote

Un tercio de los más lujosos hoteles de Lanzarote son ilegales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado 22 licencias de complejos turísticos concedidas por los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise que se saltaron la moratoria urbanística de 2000. Estos complejos afrontan ahora la demolición, ya que el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique, los que han ganado los juicios, estudian pedir la ejecución de las sentencias en los casos más sangrantes. La justicia ha anulado ya 7.721 plazas turísticas, casi todas desde septiembre pasado, y hay pendientes recursos similares hasta llegar a las 15.000, lo que supone un 23% de todas las plazas de la isla.

"Derribaremos lo que sea necesario", asegura un consejero

Los complejos recibieron 36,5 millones de fondos de la Unión Europea

Los hoteles Meliá Volcán, Iberostar Papagayo, Gran Castillo, Natura Palace, Rubicón Palace, Papagayo Arenas y Son Bou, están entre los grandes complejos anulados, según el listado del cabildo. A ellos se les acaba de sumar el Princesa Yaiza, según fuentes conocedoras del caso, un hotel de cinco estrellas de lujo de 330 habitaciones cuya licencia recurrió la Fundación César Manrique.

Otros son apartoteles menos conocidos, como los Coloradamar; y seis están aún en construcción. De las 22 sentencias, ocho anulan hoteles de más de cuatro estrellas (de los 25 que hay en la isla), 10 afectan a apartoteles y cuatro a obras ya paralizadas.

La cascada de sentencias deja en el aire estos hoteles y concluye un procedimiento que se inició en 1991, cuando se revisó el plan de ordenación insular, y en 2000, cuando Lanzarote aprobó la conocida como moratoria turística, que limitaba el número de plazas turísticas que se podían construir, y obligaba a que los hoteles tuvieran más de cuatro estrellas. La isla trataba así de garantizar el turismo de calidad y huir del desarrollismo que marcó el plan vigente hasta entonces, de 1973.

Pero los Ayuntamientos de Yaiza (10.000 habitantes) y Teguise (17.000) se saltaron la moratoria y concedieron licencias para miles de plazas turísticas con una inversión de 270 millones de euros. José Francisco Reyes fue alcalde de Yaiza entre 1994 y el pasado 8 de febrero. Primero con Coalición Canaria y luego con el Partido Nacionalista de Lanzarote. Ayer no quiso contestar a este diario y remitió a la información del cabildo. El regidor de Teguise fue Juan Pedro Hernández, del Partido Independiente de Lanzarote, y en la última legislatura en Coalición Canaria, cuando dejó el cargo. Este diario intentó ayer, sin éxito, contactar con él.

"Esos ayuntamientos rompieron el ordenamiento que nos habíamos dado para preservar la isla, que es reserva de la biosfera", explica el consejero del cabildo insular Carlos Espino, del PSOE. El cabildo y la Fundación César Manrique recurrieron una treintena de complejos que superan las 15.000 plazas hoteleras. Esto supone el 23% de las 65.000 que tiene la isla si se incluyen las extrahoteleras y un 50% de las plazas de hoteles.

Desde el año 2006, pero especialmente desde el verano pasado se han sucedido las sentencias anulando las licencias de obras. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no acepta ninguna de las cuatro fórmulas por las que los ayuntamientos se saltaron el plan de ordenación de la isla. Un total de 11 hoteles con la licencia impugnada recibieron hasta 2002 al menos 36,5 millones de fondos europeos de ayuda a zonas deprimidas. Sólo el Princesa Yaiza, cuya licencia acaba de ser declarada ilegal, recibió cuatro millones de euros.

Dos juzgados investigan si los responsables de los ayuntamientos cometieron delito al conceder las autorizaciones para estos hoteles ya anulados. Un informe jurídico del cabildo apunta también a Felipe Fernández Camero, que fue secretario municipal de Arrecife y luego actuó como abogado de los ayuntamientos y de algunos promotores que recibieron licencias, siempre según el texto.

Lo más complicado ahora es saber qué hacer con estas obras, ya que el problema es similar al de Marbella, en la que había sentencias declarando ilegales miles de pisos. Los empresarios alegan que un plan de derribos masivos harían perder empleos y hundiría el turismo de la isla.

"No habrá una amnistía. Derribaremos lo que haya que tirar", señala Espino. Éste sin embargo admite que "los complejos que puedan ser legalizables serán legalizados si a cambio los dueños renuncian a construir en suelo de su propiedad o nos lo ceden". Espino añade: "No podemos derribar 27 hoteles porque el coste ambiental sería mayor que el de mantenerlos".

Los trámites de demolición sí están avanzados para el Papagayo Arenas. La dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado el procedimiento de expropiación al considerar que el hotel invade el dominio público marítimo terrestre, la primera línea de playa que, según la Ley de Costas, de 1988, es intocable. También estudia demoler el hotel Gran Castillo, situado junto a éste en Playa Blanca. Pero aún puede tardar años.