Costa Rica: un paraíso verde con los presupuestos en rojo

Domingo Agüero fue en mitad del siglo XX a “conquistar montaña” en el borde sur del Valle Central de Costa Rica, en bosques vírgenes que conectaban con la costa del Pacífico del país centroamericano. Afincado en esas tierras, las logró titularizar a su nombre y allí taló un trozo para desarrollar ganadería y agricultura a pequeña escala con las que criar a su familia numerosa, pero mucho antes de morir (2018) comprendió que el valor de esas 52 hectáreas era mayor con su bosque, cuenta su hija Mercedes.

Sus hijos heredaron el espíritu conservacionista, sembraron especies maderables que nunca explotaron y vieron cómo la naturaleza supo unir el bosque secundario con una porción de selva virgen. Hace poco tiempo lograron filmar decenas de animales silvestres en las áreas donde antes solo pasaban vacas o caballos. Por eso quieren mantener el bosque y para ello reciben desde 2012 un subsidio del Estado que no llega a 1.500 dólares anuales, un monto casi simbólico que, al menos, reconoce el valor ambiental de territorios de un corredor biológico llamado El paso de las lapas.

El problema es que ignoran qué pasará en 2022, al vencerse los contratos, pues saben que el Estado tiene serios apuros económicos para mantener los subsidios y una parte de la familia cree justo explotar la finca para sacarle algo de ganancia. Son los dilemas de los que hablan cuando se reúnen en la casa de la familia, en Las Esperanza de Carara, municipio Turrubares, a dos horas de San José, donde comienza un parque Nacional Carara de especial valor por ser transición entre bosques seco y húmedo.

La inquietud de la familia Agüero no es infundada. Es la realidad que ya viven cientos de propietarios que hasta el año pasado eran beneficiarios de un programa estatal llamado Pago por Servicios Ambientales (PSA) desarrollado en los años 90 para estimular en finqueros y comunidades indígenas la conservación o la generación de producción agrícola sostenible. Esos recursos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) se han reducido por efectos de la crisis financiera en Costa Rica agravada por la pandemia y por la caída en ingresos provenientes de un impuesto a los combustibles, dada la merma en la circulación de vehículos durante el 2020.

El Gobierno se ha ceñido a un tope de gasto para cumplir metas financieras y la naturaleza ha pagado parte de la factura. Las prioridades en los grupos opositores que dominan la Asamblea Legislativa tampoco parecen alineadas con las políticas verdes y más bien recortaron parte del plan de gastos propuesto por el Ejecutivo para el año 2022, último del cuatrienio del presidente Carlos Alvarado. Con el equivalente a 90 millones de dólares en el próximo presupuesto anual, la aclamada nación centroamericana afronta la continuidad de su tarea conservacionista, sin ser la que más dedica a ello. Datos comparados de 2018 de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) indican que el Estado costarricense dedica a gasto ambiental un 0,11% de su PIB, por debajo de México, Guatemala, Honduras y Panamá.

Los límites presupuestarios para la gestión ambiental reflejan ahora una tendencia que ya se advertía preocupante y los efectos se notan en el terreno. Un informe del centro de investigación Estado de la Nación señaló que en 2020 se contrataron con el programa PSA 15.240 hectáreas menos que en 2019, una reducción del 30%. En este año muchos quedaron fuera, según explica Michael Antonio Porras, jefe regional de Fonafifo en la región Caribe, quien contó que hubo 218 solicitudes y solo se aprobaron 30, el 14%. “No se puede así sin dinero”, lamentó.

Uno de los finqueros que quedaron fuera, Juan Bautista Chaves, tiene 124 hectáreas en el municipio Sarapiquí con árboles de maderas preciadas en medio del bosque húmedo de la zona. “Si eso sigue así, habrá que pensar en comprar una buena sierra, aunque tampoco quiero eso. Vamos a esperar”, dijo después de señalar que recibía poco más de 5.500 dólares por año y casi todo se va en pagar a un cuidador.

Para 2022, el Ministerio de Ambiente (Minae) prevé una nueva disminución de 25%, aunque las circunstancias han obligado al Gobierno a pasar el sombrero por el mundo y logró recaudar dinero para crear un programa similar y multiplicar por tres el área cubierta por mecanismos de pago de servicios de mitigación de emisiones.

“Hemos insistido en que este es un servicio global y se han encontrado algunas vías de acceso a fondos internacionales, pero con nuestro dinero es poco lo que se puede hacer. Estamos en una situación supercompleja y tenemos que reinventarnos”, dijo a EL PAÍS la ministra de Ambiente de Costa Rica, Andrea Meza, sobre las soluciones aún pendientes.

En el año de la pandemia, se alcanzó una de las cifras de cobertura más bajas registradas desde 1997 en los PSA, cuando se creó el programa que ayudó a bajar la tasa de tala de 7.000 hectáreas por año a 1.000, y que dos décadas después ha sido reconocido internacionalmente como un ejemplo en el diseño de políticas de conservación.

El último galardón lo dio en octubre la Royal Foundation británica, al otorgar el Eartshot Prize a Costa Rica por ese mismo programa que ahora está en declive. La dotación, de casi 1,2 millones de euros, la destinará Costa Rica a promover la conservación de espacios marinos, mientras busca más formatos financieros internacionales para sostener la preservación de bosques y procurar que el país mantenga el 52% de cobertura forestal en su territorio, aunque casi la mitad está protegida y solo una de cada 10 hectáreas está incluida en los PSA.

“En el ámbito de la gestión ambiental, hay evidencia de erosión en las capacidades institucionales, que amenazan por vulnerar los logros en conservación y biodiversidad e incrementan los problemas para gestionar de forma adecuada y sostenible los ecosistemas”, indica el informe independiente Estado de la Nación 2021, tras señalar que el presupuesto específico de atención de áreas protegidas cayó 36% en 2021 y que el Ministerio de Ambiente recibió 24% menos que en 2020.

La ministra Meza reconoció que hay una tensión por fondos, pues las necesidades sociales del país han aumentado y parece gestarse un dilema entre atender a la población necesitada o sostener los programas ambientales. “Lo que decimos es que debemos alinear las políticas de manera inteligente hacia una economía verde, porque no son tareas excluyentes, sino complementarias”, comentó Meza. El ejemplo más claro es el turismo, actividad icónica que con la naturaleza como imán representaba antes de la pandemia casi 8% del Producto Interno Bruto y generaba el 10% de los empleos.

El problema es que en 2020 la industria turística cayó casi 70% y ha tardado en recuperarse en 2021, los que repercute en los ingresos por la entrada a Parques Nacionales y se suma a la caída en la recaudación del “impuesto sucio” (sobre los combustibles derivados del petróleo) que financia a los PSA. Las lecciones pandémicas han hecho a las autoridades repensar el modelo turístico y también la sostenibilidad de los programas de conservación, dada la alta dependencia sobre el impuesto al consumo de combustibles contaminantes.

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