Tres años de amenazas contra agentes ambientales en un pueblo de Extremadura

Insultos, ataques a vehículos, menosprecio… Los agentes del Medio Natural de Villanueva de la Vera (Cáceres), el cuerpo que vigila las leyes medioambientales en Extremadura, llevan tres años sufriendo amenazas. En marzo, alguien volvió a lanzar una botella incendiaria —con aguafuerte y papel de aluminio— a uno de sus coches. No hubo daños, pero sí un susto. Era la tercera vez que pasaba en pocos meses. “Están intimidados, algunos tienen ansiedad. No saben qué se van a encontrar al día siguiente”, dice Antonio Gutiérrez, de la Asociación Profesional de Agentes del Medio Natural de Extremadura (Apamnex).

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Fuentes próximas a los agentes —con miedo a hablar— apuntan que estos suelen notificar infracciones por quemar rastrojos en verano, por realizar podas cuando no está permitido, por talar árboles protegidos, por cazar sin licencia o matar animales protegidos, por hacer un uso privativo de las vías pecuarias, por destrucción del espacio natural… En una ocasión, tuvieron que perseguir a un cazador que disparaba desde su vehículo, algo prohibido por la legislación. En los últimos tres años han notificado 26 sanciones, según la Consejería de Agricultura extremeña. Esteban Arribas, presidente de la Sociedad de Cazadores El Corzo, desmiente que en los últimos años haya habido ninguna denuncia por caza de especies protegidas y defiende que los cazadores “cuidan el monte”.

La labor de los agentes no siempre es bien entendida por los vecinos. Andrés Martín, de 70 años, y José Miguel Martín, de 67, toman un aguardiente a las 11 de la mañana en un bar del pueblo. “Los guardas no se portan bien, se dedican a hacer denuncias porque sí y solo van a por el dinero. Conozco una finca que han desbrozado y no han dejado cortar los restos para hacer leña. No puedes ni tocar un palo sin que te multen”, dice el primero. “Esto no siempre ha sido así, solo pasa con los últimos agentes que han llegado. Hay cuatro agentes para jodernos a todos. Que no te vean cogiendo tomillo porque te denuncian. Estábamos muy bien sin ellos”, apunta el segundo. Un tercer jubilado lo corrobora: “Tienen muy mala fama en el pueblo. Una cosa es cuidar el medio ambiente y otra estas tonterías. Por ejemplo, ven un roble caído y no dejan que lo quites para labrar la finca”. Una mujer de unos 60 años está de acuerdo: “Crean problemas a agricultores y ganaderos. Para cualquier cosa necesitas permiso. Te sancionan por cortar un tronco de roble o por cualquier cosa. Y ha habido conflictos por vías pecuarias. A favor de estos agentes no hay nadie en el pueblo”.

Al visitar este municipio cacereño, es fácil escuchar el murmullo contra estos empleados públicos, aunque son pocos los vecinos que hablan con nombre y apellido. “Nadie los quiere en el pueblo”, dice una residente que pide anonimato. El sindicato CC OO denuncia que ni la Consejería de Agricultura ni el Ayuntamiento —que ha recibido dos infracciones ambientales— los apoyan, algo que ambas administraciones niegan. Proteger la naturaleza en la España vacía no siempre es sencillo.

Villanueva de la Vera es una localidad de casitas bajas —muchas de ellas antiguas y con característicos balcones de madera— atravesada por una carretera y flanqueada por un monte de un verde intenso al norte de Cáceres, cerca de la Sierra de Gredos. El centro del pueblo, de algo más de 2.100 habitantes, tiene calles estrechas que desembocan en Aniceto Marinas, una recoleta plaza con soportales donde se sitúan el Ayuntamiento y varios bares. Este lugar tan tranquilo ha visto cómo la tensión con los cuatro profesionales encargados de proteger la naturaleza ha ido subiendo de nivel: primero fueron insultos, luego pincharon las ruedas al coche particular de unos de ellos, más tarde rompieron los cristales y ruedas a los dos vehículos oficiales y, en los últimos meses, lanzaron tres botellas explosivas. Hay seis denuncias puestas por estos hechos ante la Guardia Civil, que no da datos sobre las investigaciones. La situación ha obligado al Ayuntamiento a buscar una cochera para resguardar los vehículos, mientras que en el último pleno —el martes— los tres grupos municipales (PSOE, Unidas Podemos y PP) hicieron una declaración pública en apoyo de los trabajadores.

Ismael, de 30 años, toma un café con un amigo en otro bar cercano y aporta otro punto de vista: “Los agentes están bajo una gran presión. Todo lo que hacen está dentro de la ley, pero los agricultores y la gente con fincas no están contentos. No es fácil defender la naturaleza aquí, la gente se ha criado cortando los árboles cuando les molestaban sin que nadie les dijera nada. Su mentalidad no es como la mía”.

Campaña de intimidación

Para los ecologistas, la situación es tensa. “Hay una campaña de intimidación contra estos profesionales. Hay intereses de caza, urbanísticos, agropecuarios, que chocan contra las leyes de protección natural”, dice uno, que no se atreve a dar su nombre por miedo a represalias. De hecho, hace dos décadas llegaron a prender fuego en tres puntos de la finca de uno de estos profesionales. “Los agentes están desacreditados por los ayuntamientos y la comunidad. A la Administración le interesa que no hagan nada, porque así no tienen que enfrentarse a los vecinos”, dice otro activista medioambiental que tampoco quiere ser identificado.

Antonio Gutiérrez, de la asociación profesional de agentes, denuncia que, tras los últimos incidentes, la Consejería de Agricultura emitió una orden interna para cerrar de forma temporal la oficina, que también da servicio a cuatro pueblos cercanos. “Eso no era adecuado, porque si los agresores consiguen echar a los agentes, ganan. Pero han dado marcha atrás”. Un portavoz de Agricultura niega este extremo: “Nunca se ha planteado el cierre, sino la necesidad de un lugar para el aparcamiento seguro de los vehículos, algo que se ha resuelto con la cochera habilitada por el Ayuntamiento”. Además, el departamento explica que, para garantizar la seguridad de estos profesionales, se obliga a que ahora patrullen en pareja.

Los agentes también sancionaron al Ayuntamiento de la localidad por echar cloro en una piscina natural —Gualtaminos— situada en el cauce de un río, lo que conllevó la muerte de peces y ranas, y también por un problema de mala gestión de residuos. El alcalde, Antonio Caperote (PSOE), responde: “En los últimos años ha llovido poco y se reduce mucho el agua que viene por la garganta. En determinados momentos hemos tenido que suplementar la depuradora. Los agentes hicieron una analítica del agua y comprobaron que habíamos echado algunos productos para que el agua estuviera en condiciones para el baño”. El regidor no recuerda qué tipo de multa conllevó: “En cualquier caso, quedó en una sanción mínima”.

En un comunicado tras otro ataque en febrero, el sindicato CC OO pidió respeto para los agentes y denunció que “determinados comentarios del alcalde y concejales, quejándose de que los agentes del Medio Natural no les dejan hacer nada, no contribuyen precisamente a que se valore y respete su trabajo”. El edil lo niega: “Yo no he dicho eso”. Admite, eso sí, que recibió a residentes que pedían actuar contra los agentes. “Soy alcalde y tengo que atender a los vecinos. Un grupo de ellos querían una reunión para decirme que tenían problemas con un permiso. Yo los escuché, recogí sus quejas y las trasladé a la Junta de Extremadura”. Caperote reconoce que ha habido discrepancias entre el Consistorio y agentes al solicitar permisos para actuar en caminos, “pero una discrepancia puntual no tiene nada que ver con ese tipo de actos vandálicos”, que por supuesto repudia. “Desde el Ayuntamiento siempre hemos condenado este tipo de actos”, concluye.

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