Los alcaldes no podrán bloquear las obras de los almacenes de residuos radiactivos

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética impedirá que los Ayuntamientos puedan bloquear la construcción o ampliación de los almacenes de residuos radiactivos dentro de sus términos municipales. Además, los alcaldes tampoco podrán vetar las obras de desmantelamiento de las centrales nucleares que tienen que ir cerrando progresivamente hasta desaparecer completamente en España de aquí a 2035. Una disposición incluida por PSOE y Unidas Podemos en la ley climática durante la tramitación parlamentaria elimina las competencias municipales a la hora de conceder licencias para este tipo de actuaciones; el Gobierno las considerará a partir de ahora como “obras públicas de interés general”, con lo que evita el control municipal.

La ley de cambio climático, que tras su aprobación esta semana en el Congreso entra en su recta final, contiene varios mandatos para aprobar a su vez otras normas. Así ocurre con la futura ley de movilidad, la propuesta de reforma eléctrica, la ley de residuos y la creación de diversos planes y estrategias verdes, que tendrán que ponerse en marcha desde el Ejecutivo en los próximos meses. También establece, por ejemplo, la creación de un grupo de expertos que deben preparar una propuesta de reforma fiscal, con especial atención a los impuestos verdes. Pero la ley del clima, que todavía debe recibir el visto bueno definitivo en el Senado, cuenta además con un amplio cuerpo de disposiciones adicionales. Y una se refiere al almacenaje de los residuos radiactivos, que debido a su peligrosidad requieren de un tratamiento y unas instalaciones especiales.

España cuenta en estos momentos con un almacén para desechos radiactivos de media y baja intensidad en el municipio de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba. El Cabril, su denominación oficial, comenzó a recibir basura de este tipo de forma clandestina a principios de los sesenta del siglo pasado, durante la dictadura franquista. Con la democracia se siguió usando, pero ya con permisos oficiales y no de forma secreta. De hecho, hoy son las únicas instalaciones del país que pueden albergar basura de baja y media actividad.

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Además de El Cabril, existen otros seis Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en España. Están ubicados en las centrales nucleares y sirven para guardar de forma temporal principalmente el combustible gastado de estas plantas —considerado un residuo de alta intensidad, por lo que nunca podría ir a El Cabril—.

Hasta ahora, para construir un nuevo almacén de este tipo o para ampliarlo, lo que ha resultado más conflictivo, se requerían licencias municipales. Pero, según explican fuentes de Enresa, la empresa pública propietaria de todas las instalaciones de este tipo y la encargada de la custodia de los residuos radiactivos, en algunos casos los Consistorios han bloqueado esas obras y los permisos de ampliación o han amenazado con hacerlo. El caso más sonado ha sido el de El Cabril, aunque también se han producido encontronazos con ampliaciones de algunos ATI de centrales nucleares.

Las celdas de El Cabril donde se guardan los desechos estarán completamente llenas en 2028, según las previsiones del último plan nacional de gestión de residuos radiactivos. Ahora, según fuentes de Enresa, están en alrededor de un 80% de ocupación y, cinco años antes de que se llenen por completo, debería comenzar el proceso para ampliar las instalaciones. El Cabril cuenta con 27 celdas y la idea es instalar 12 más en una primera fase.

Pero el Ayuntamiento de Hornachuelos sostiene que se opone de manera frontal a la ampliación prevista en El Cabril. “Es una aberración y una imposición; la decisión deja sin amparo los derechos del Ayuntamiento”, afirma Teresa Durán, concejal de Medio Ambiente de este municipio cordobés de 4.600 habitantes, sobre la disposición incluida en la ley de cambio climático.

Fondos

Más allá de la ampliación, esta edil del Grupo Independiente de Hornachuelos mantiene que, si le retiran las competencias para otorgar las licencias, “se dejarían de percibir ingresos” y perderían “el control urbanístico frente a Enresa”. “Nos quieren apartar de las decisiones”, dice. Según este Ayuntamiento, con la nueva norma dejará de percibir 1,2 millones de euros en impuestos, un 14% del coste total de la ampliación —tasada en su día en 8,9 millones (un 4% de la licencia de obra y 10% de compensación por situarse en suelo no urbanizable)—. “La cifra es millonaria”, destaca Durán.

“No queremos ahorrar en los costes ni reducir los ingresos de los Ayuntamientos”, contesta Enresa. La ley climática incluye otra disposición adicional en la que se sostiene que el Gobierno impulsará los convenios necesarios para que Enresa pueda financiar determinadas actividades de los Ayuntamientos encaminadas a “contribuir al desarrollo socioeconómico o ambiental de los municipios y promover la generación de empleo, la actividad económica en sectores vinculados a la transición ecológica, la creación de tejido empresarial local y el reto demográfico”.

La Junta de Andalucía (gobernada por PP y Ciudadanos) de momento no se ha pronunciado a favor ni en contra de la ampliación de El Cabril, salvo para decir que debería ser consultada en la toma de decisiones. “Si hay cualquier tipo de necesidad o ampliación al respecto, tendrán que hablarlo ambos Gobiernos, y no solamente una empresa”, declaró Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible andaluza, el pasado noviembre.

Enresa asegura que la aprobación de estas disposiciones no supondrá “de ninguna manera suprimir las autorizaciones para este tipo de obras del ministerio, ni las del Consejo de Seguridad Nuclear, ni los informes de impacto ambiental”. Fuentes de esta empresa pública afirman que al considerar la construcción o ampliación de los almacenes radiactivos como obras de interés general —para lo que se modifica la Ley de Energía Nuclear de 1964— se iguala estas actuaciones al resto de obra pública.

Si se cumple el calendario acordado entre el Gobierno y las propietarias de las centrales —que son las grandes compañías eléctricas del país—, las cinco nucleares todavía operativas tendrán que cerrar de forma escalonada entre 2027 y 2035. Los residuos de media y baja intensidad podrán ir a El Cabril, como ya ha ocurrido en el pasado.

Pero España aún no tiene resuelto el problema para los desechos de alta intensidad. El Ministerio para la Transición Ecológica debe decidir si opta por crear un solo Almacén Temporal Centralizado (ATC) o varias instalaciones de este tipo repartidas por el país. Lo que está claro es que, se opte por una solución o por otra, las obras no deberán contar ya con licencia municipal ni podrán ser vetadas por los Ayuntamientos gracias a la disposición incluida en la ley climática. El PP apadrinó un ATC en Villar de Cañas, Cuenca, pero el rechazo del PSOE de Castilla-La Mancha y las dudas sobre los terrenos elegidos hicieron que el actual Gobierno parara ese proyecto en 2018.

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