Teresa Ribera y Luis Planas entierran discrepancias y hacen frente común para defender al lobo en el Senado
La propuesta de aumentar la protección del lobo enfrenta al Gobierno con comunidades autónomas y ganaderos
Ni la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ni el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Ni siquiera los dos juntos han conseguido convencer a los grupos parlamentarios en el Senado, excepto al suyo propio, el socialista, sobre la necesidad de incrementar la protección del lobo e incluirlo dentro del Listado de Especies en Régimen de Protección Especia (LESPRE), que implicará la prohibición de que se cace por encima del Duero. Por debajo de esa frontera ya está estrictamente protegido. Se trata de “corregir una realidad que no acaba de funcionar bien ni para el ganadero, ni para el lobo, ni para las Administraciones responsables porque genera inseguridad jurídica. Mas que elegir entre lobo y ganadería debemos ver cómo mejorar la coexistencia”, ha dicho Ribera este jueves en su comparecencia junto con Planas en el Senado. Ambos dirigentes se han mostrado unidos, a pesar de que el responsable de Agricultura declaró a principios de este mes, cuando se conoció la noticia que “como ministro de los ganaderos, estoy a su lado y comparto su preocupación”.
Planas y Ribera han tendido la mano de forma repetida a los más críticos con esta decisión: a las comunidades autónomas con mayor población de lobos (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria) y a los ganaderos. Su aportación será “bienvenida y extraordinariamente valiosa”, han indicado. Ribera ha querido dejar claro, ante las críticas de algunos senadores, que no se puede poner en duda el “rigor y la calidad” de los miembros de la comisión científica que han avalado que se incorpore el cánido al LESPRE. Una opinión que “no ha sido cuestionada nunca, por lo tanto es un poco insólito que se haga cuando lo que nos encontramos no nos gusta”, ha reprochado. El comité está integrado por “19 personas sumamente reputadas en distintos ámbitos de la zoología, la botánica... responsables de lo que dicen y debaten y que cuentan con el asesoramiento de otros”, ha recordado Ribera.
También ha querido aclarar que la inclusión en ese listado lleva a la prohibición de la explotación cinegética, pero no impide “la posibilidad de que pueda haber controles poblacionales siempre y cuando se den las condiciones previstas en el artículo 61 de la ley de patrimonio natural”. Es lo que ocurre ahora por debajo del Duero, cuando algún ejemplar causa daños graves que no se han podido evitar utilizando otros medios, se puede autorizar su captura, pero se trata de un control extraordinario que requiere muchas más autorizaciones que la actual legislación en el norte del país.
Indemnizaciones por pérdida de ganado
Planas ha incidido en que “proteger la biodiversidad no puede recaer sobre los hombros de los ganaderos”. Para ello se cuenta con las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC). Además del apoyo a la renta y a la sostenibilidad, Agricultura había propuesto incluir un pago suplementario para las ganaderías en extensivo que pudieran estar amenazadas en zonas de grandes carnívoros. Una iniciativa que han rechazado de plano las organizaciones agrarias, porque opinan que se quitaría de otras partidas. El ministro ha anunciado este jueves que si no se quiere “que ese pago suplementario se realice con cargo a los ecoesquemas, el Gobierno no pondrá ese elemento sobre la mesa”. Aunque sigue opinando que “sería un buen instrumento, sin duda”.
En cuanto a los pagos de las indemnizaciones por los ataques, que gestionan las comunidades, Planas está abierto a estudiar con los gobiernos regionales cómo mejorar y agilizar los pago, pero no ha especificado más. Ribera ha reiterado que al estar protegida la especie por normativa, se establecerá el derecho de los ganaderos a percibir indemnizaciones por pérdidas de ganado depredado en todos los territorios. Además, se habilitarán mecanismos para conocer, con mayor precisión y transparencia, el impacto que produce el lobo en las distintas explotaciones, y se priorizará la protección y mejora del ganado para evitar los daños con fondos públicos que mejorarán el rendimiento económico de las explotaciones.
En Galicia, Asturias y Cantabria se hacen cargo de los abonos por los daños del lobo los respectivos gobiernos autonómicos, siempre y cuando se demuestre que las pérdidas de las cabezas de ganado las ha provocado el cánido. En Castilla y León, el Ejecutivo autonómico se hace cargo de los daños que provocan los lobos en las reservas regionales de caza y en las provincias que están al sur del Duero y donde el lobo está estrictamente protegido. En el resto de su territorio, son los ganaderos los responsables y deben suscribir un seguro que luego les subvenciona el Gobierno regional, explica José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal.
Objetivo: paralizar la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas
Castilla y León, Galicia, Principado de Asturias y Cantabria han pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se convoque la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con un solo punto del día: la necesidad de paralización de la inclusión del lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESPRE). Lo han decidido tras escuchar la intervención en el Senado de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, donde han ratificado la intención de seguir adelante con sus planes de protección del lobo “desoyendo las peticiones que los cuatro gobiernos autonómicos le hicieron en la reunión con ella mantenida el lunes de la pasada semana”.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente es el órgano de colaboración entre la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas para la coordinación de las políticas y actuaciones medio ambientales en el marco de las competencias de las que las CCAA son titulares. Las cuatro autonomías solicitantes plantean paralizar dicha inclusión hasta que se apruebe una estrategia consensuada con todas las comunidades implicadas y, “especialmente, con aquellas a las que les corresponde la gestión, actualizando la vigente Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo en España aprobada en Conferencia Sectorial en el año 2005, que es la actualmente vigente”.
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