Prohibir la caza del lobo: la propuesta que enfrenta a comunidades y ganaderos con el Gobierno

El lobo ibérico está viviendo un momento crucial en su existencia, aunque no lo sepa. El Ministerio para la Transición Ecológica ha propuesto aumentar su protección, lo que implicaría que no se podría cazar a la especie más que de forma excepcional en toda España, algo que ahora solo ocurre por debajo de la frontera del Duero. En 2017 (último año con datos oficiales) se capturaron de forma legal 110 lobos. La iniciativa, aplaudida por los ecologistas, cayó como un jarro de agua fría sobre los ganaderos y los Gobiernos de las comunidades autónomas loberas: Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. El presidente de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) en Ávila, Joaquín Antonio Pino, resume el sentir del sector: “el ministerio vive en otra realidad”. Para él es imprescindible que exista un control poblacional, porque “si se quiere luchar contra la despoblación hay que defender al ganadero, así se está expulsando a la poca gente que queda en los pueblos”. Los Ejecutivos regionales implicados apoyan esa postura y recuerdan a la ministra Teresa Ribera que con su modelo de gestión han conseguido mejorar las poblaciones de lobo y que ocupen nuevos territorios.

Las asociaciones ecologistas temen que el ministerio haya sucumbido a las presiones. “Damos por hecho que no se tiene voluntad de preservar a la especie”, sostiene Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), grupo impulsor de este último intento de protección. “Sobre todo después de que el punto se retiró de la reunión del grupo de trabajo formado por técnicos ministeriales y de las comunidades autónomas implicadas”, puntualiza. Ecologistas en Acción también urge al Gobierno a dar el paso sin más dilación. “Teresa Ribera tiene en sus manos lograr que en España se dejen de cazar lobos legalmente, se abandonen los controles letales e inútiles para reducir los ataques al ganado, además de lograr la necesaria coexistencia entre el lobo y la ganadería”, sostienen.

José Ramón González, dueño de 50 vacas que pastan en el municipio de la Mezquita (Ourense), en el límite con Zamora, y miembro de UPA, es uno de esos ganaderos habituados a la presencia de lobo que no está de acuerdo con el cambio de rumbo en la gestión de la especie. “Lobo tiene que haber, pero controlado porque si no se acabará la ganadería extensiva y no estoy hablando de exterminar ni extinguir”, argumenta. Sabe que es necesario cuidar al ganado “lo posible, porque no es fácil”. Tiene mastines, “que nos dan la vida. Somos tres ganaderos con seis perros y procuramos tener las vacas cerca unas de otras”. También pone vallas electrificadas “pero son dos kilómetros y con que haya una rama que caiga encima se acabó”. El año pasado sufrió cuatro ataques y cobró tres indemnizaciones, “pero me dan 300 euros y el coste de un ternero son 600”.

El ministerio ha asegurado a EL PAÍS que continua adelante con su intención de incorporar al cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) —como lo está al sur del Duero—, lo que de hecho limitaría su caza a permisos especiales. Un portavoz ministerial explica que “el Miteco actúa de conformidad con el criterio del dictamen del Comité Científico de Flora y Fauna”, emitido en 2019 a petición de Ascel, que recomienda incluir a la especie en el LESPRE debido a “su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de la especie en los ecosistemas naturales”. El comité rechazó, sin embargo, la introducción del lobo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de vulnerable, porque los datos aportados por Ascel sobre el área de distribución de la especie a principios del XX “no es concluyente” y es imposible saber cuánto se ha reducido la población desde ese momento.

¿Cuántos lobos hay en España?

El último censo realizado entre 2012 y 2014 estimó que existían 297 manadas. La mayor densidad se encuentra en Castilla y León, seguida por Galicia, Asturias y Cantabria. También se detectó, pero de forma muy reducida, en el País Vasco, La Rioja y Castilla-La Mancha. Y se ha constatado la expansión hacia el sur peninsular (Sistema Central, provincias de Ávila y Segovia, Guadalajara y la Comunidad de Madrid) y su dispersión en el noreste, así como en zonas de llanura de la submeseta norte, indica el ministerio. En donde no queda rastro del cánido es en Sierra Morena.

“Son estimaciones”, advierte Juan Carlos Blanco, biólogo y uno de los mayores expertos en la especie, que ha participado en la elaboración de los censos nacionales de lobo. “Hay más que hace 30 años, y en los últimos 10-15 años la población se ha estabilizado algo, pero ¿cuántos hay? Son dificilísimos de contar, no hay forma de inventar un método, siempre va a haber un grado de incertidumbre que cada bando [partidarios de la especie y detractores] utiliza a su favor”, aclara el investigador. Según sus cálculos, en España viven entre 2.000 y 2.500 ejemplares. “El problema del lobo son los daños que produce, que dependen fundamentalmente del tipo de gestión de la ganadería que viene marcada, en gran medida, por el hábitat”, aclara. “No es lo mismo criar ganado en la sierra de la Culebra (Zamora) de donde nunca ha desaparecido el lobo y están habituados, que en dehesas, un medio creado con el hombre para tener al ganado en régimen extensivo, con un grado de protección menor”, comenta.

Castilla y León es la única comunidad lobera en la que existen los dos modelos de gestión de la especie: con caza y sin caza. José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural de esta comunidad explica que han conseguido llegar “a un cierto equilibrio en el norte del Duero [donde hay cupos de caza], lo que ha propiciado que la especie esté en expansión”. Los mayores problemas se presentan al sur de ese límite, una zona de ganadería en extensivo, menos acostumbrada a convivir con el lobo. “El 85% de los ataques se producen en provincias donde no se puede cazar el lobo como Ávila o Salamanca con mucha densidad de ganado”, añade. Hasta el 30 de septiembre del año pasado hubo en esa provincia 1.034 ataques con 1.091 cabezas de ganado muertas. Si el modelo cambiara, ya no se podrían cazar 60 lobos al norte del Duero como el año pasado de forma legal y sin problemas. Se enfrentarían a un modelo mucho más restrictivo, como ocurre ya en sus provincias al sur del Duero, donde han necesitado permisos especiales para capturar a seis ejemplares, que “han provocado denuncias de los ecologistas, consultas de la Fiscalía...”, describe Arranz.

El ministerio trabaja “de manera adicional” en la nueva Estrategia para la Protección del Lobo, que debería haber sido actualizada en 2015, en la que se contempla realizar un seguimiento de la población u ofrecer ayudas en zonas loberas y mejorar los sistemas de protección de daños. Y todo ello, puntualizan, con un “compromiso de colaboración con todas las comunidades autónomas y actores concernidos”.

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