La juez investiga un grupo de Whatsapp donde se sospecha que se urdió el plan para envenenar al oso Cachou

El levantamiento parcial del secreto de sumario muestra que uno de los investigados es el exresponsable de reintroducir esta especie en el Valle de Arán

Tarragona -
El oso Cachou en una imagen de 2017.
El oso Cachou en una imagen de 2017.Conselh Generau d'Aran

El levantamiento del secreto de una parte del sumario por la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán muestra cómo la investigación está estrechando el cerco sobre un grupo de personas que, presuntamente, pusieron una trampa al animal para envenenarlo con anticongelante para coches. La juez de Vielha que se encarga de instruir el caso ha interrogado como investigadas a seis personas que se sospecha que idearon un complot para terminar con la vida de este oso macho de apetito voraz y comportamiento controvertido por presuntos ataques a potros y rebaños que pastaban en las praderas del Pirineo. Asimismo, fuentes conocedoras de la investigación han confirmado a EL PAÍS que la juez centra sus sospechas en un grupo de Whatsapp, con “algo más de un centenar” de miembros, donde supuestamente, se orquestó el plan para terminar con la vida del animal.

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Paradójicamente, uno de los investigados es José Antonio Boya, consejero por Convergencia Democratica en el consejo regional del Valle de Arán. “En repetidas ocasiones ha comentado públicamente que mataría a los osos con anticongelante”, se indica en el sumario que declaró un testigo durante la instrucción, refiriéndose a manifestaciones que habría hecho Boya en una asamblea de la asociación de criadores de caballos o en la propia oficina de agricultura del consejo aranés. Según el testigo, el mismo alarde se habría hecho incluso delante del actual consejero de Territorio del Gobierno aranés.

Cachou apareció muerto el pasado 9 de abril al fondo de un despeñadero de 40 metros en el municipio de Les. Presentaba signos de intoxicación. Se sospecha que los autores de su muerte le atrajeron dispersando miel y restos de un animal muerto, posiblemente un ciervo, y mezclaron con la carroña anticongelante para motor de automóviles. El informe de la muerte del plantígrado, al que se hacía un seguimiento con un collar GPS, recoge que el último día que mostró movimiento fue el 30 de marzo. Se le rescató muerto nueve días más tarde. “Estuvo en estado letárgico o en coma”, sentencia el informe, que alude directamente a una intoxicación letal con etilenglicol.

José Antonio Boya, vecino de Les, actualmente desempeña sus funciones políticas en la oposición, pero hasta el año pasado ejerció como consejero de Territorio del Gobierno regional que presidía Carlos Barrera. Boya era el responsable de gestionar el programa de reintroducción del oso en el Pirineo. El Consejo General de Arán fue socio del programa Piros Life, un proyecto que contó con 2,4 millones de fondos de la Unión Europea.

Siendo consejero, Boya se posicionó a favor de capturar y retirar aquellos ejemplares que pudieran causar molestias en el entorno, sobre todo a los ganaderos, que de manera recurrente han denunciado las pérdidas que sufren por culpa de los ataques de fauna salvaje. Cachou, igual como el oso Goiat, fueron señalados como especialmente agresivos y el gobierno del Valle de Arán y la Generalitat de Cataluña llegaron a poner sobre la mesa un plan para apresarlos.

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Tras hallarse el cadáver de Cachou al fondo de un despeñadero de 40 metros, al borde de la frontera con Francia, se aireó una hipótesis inicial, avalado y divulgado por el Gobierno aranés, donde se dictaminó que el oso se había caído tras pelearse con otra fiera. La investigación judicial resuelve que desde el día 16 de abril las autoridades del Valle de Arán sabían que la causa de la muerte era un envenenamiento, porque así lo indicaba el análisis que se realizó en la facultad de Veterinaria de Universitat de Barcelona. El mismo día 16 de abril el Gobierno del Valle de Arán emitió un comunicado apuntando que no haría más valoraciones sobre la causa de la muerte del oso. “La necropsia completa tardará algunas semanas”, alegaba la nota, y se justificaba el silencio informativo con una supuesta voluntad de “transparencia”.

La causa judicial, que motivó el primer secreto judicial decretado en España por la muerte de un oso, permanece abierta por los delitos contra la flora y la fauna, relevación de secretos y prevaricación. Fuentes judiciales no descartan que el número de investigados pueda crecer. El pasado 19 de noviembre fue detenido el primer sospechoso por el fallecimiento de Cachou, un agente de medio ambiente del Consejo General de Arán, que antes había formado parte del equipo especial de seguimiento de los osos. Uno de los motivos que apuntan hacia él es que tenía acceso a los datos de donde se encontraba Cachou debido al collar de seguimiento del animal. Este detenido era integrante de un grupo de Whatsapp donde, supuestamente, se orquestó el plan para terminar con la vida de Cachou. Los miembros de ese grupo centran las sospechas de la juez.

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