La larga extradición de Adriana Rivas, la secretaria que se convirtió en agente de Pinochet

Entre los 230 mil documentos reservados de la dictadura de Augusto Pinochet, hallados en el archivo del ministerio de Defensa, y que el pasado 3 de septiembre fueron declarados Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) de Chile, apareció una antigua una hoja que contiene los nombres de 13 mujeres. Emitido por la subsecretaría de Aviación, el 1 de octubre de 1974, eran promovidas desde la Fuerza Aérea a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, la policía secreta del régimen. Y allí, entre esos papeles, como si fuera un recordatorio de que su extradición desde Australia a Chile está pendiente desde hace una década, figura cuarta en el listado Adriana Elcira Rivas González, alias la Chany, la secretaria que se convirtió en agente de los servicios de seguridad. La última resolución de su caso ha sido en julio, cuando una corte federal australiana rechazó una petición que le permitía apelar y pospuso la decisión de fondo para marzo de 2026.

Hoy Adriana Rivas tiene 72 años. Fue secretaria del director de la DINA Manuel Contreras, alias el Mamo, fallecido en 2015. Está en una prisión en Australia desde el 20 de febrero de 2019 mientras se tramita su extradición, pedida por Chile en 2014 y declarada procedente por la justicia australiana en 2020. Fue apresada por primera vez en 2006 en el aeropuerto de Santiago, cuando viajó para asistir al matrimonio de una familiar, y luego procesada por la desaparición, tras el golpe de Estado de 1973, de siete militantes comunistas que pasaron por el cuartel Simón Bolívar de la DINA, en la capital chilena: Víctor Díaz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Héctor Véliz, Waldo Pizarro, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira, embarazada de siete meses.

Huyó de Chile en 2011, vía Argentina hacia Australia, burlando sus medidas cautelares pues estaba en libertad provisional bajo fianza, con firma mensual y con prohibición de salir del país. Su extradición ha sido un proceso largo, y cada día que pasa es más complejo para los familiares, entre ellos Estela Ortiz, hija de Fernando Ortiz, quien tenía 26 años cuando la DINA se llevó a su padre y hoy tiene 75. Varios agentes ya han sido condenados por el caso. “Adriana Rivas es la pieza que falta. Ella fue parte de lo más horroroso que vivió este país, pues en Simón Bolívar ocurrieron las torturas más atroces que se han cometido. Este es un cuento de nunca terminar”, señala a EL PAÍS la educadora de párvulos, quien fue vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010).

En Australia, los familiares de las víctimas son representadas por Adriana Navarro y en Chile por los abogados de derechos humanos Nelson Caucoto y Francisco Ugás, querellantes en el llamado caso calle Conferencia 2, una de las acciones de la brigada Lautaro de la DINA en contra del PC. “Simón Bolívar fue un cuartel de exterminio brutal. Adriana Rivas fue una represora, una torturadora, una secuestradora, sin lugar a dudas”, dice Caucoto a este periódico. Y agrega que las mujeres que fueron agentes en ese centro han sostenido ante los tribunales, tal como lo ha hecho Rivas, que “hacían trabajo administrativo. Pero los hombres [de ese cuartel] han declarado que participaron de la misma forma que ellos”.

Con una pistola en la cartera

Adriana Rivas González es la tercera de seis hermanos, hija de una dueña de casa y un comerciante. Entró a estudiar secretariado ejecutivo bilingüe y, al comenzar la dictadura, los militares fueron al instituto donde cursaba la carrera en Santiago y eligieron a las mejores alumnas. Así, a los 20 años, llegó a trabajar al ministerio de Defensa de Pinochet, donde todavía figura su ingreso a la DINA. Entonces fue el orgullo de su familia, pues su fichaje en las Fuerzas Armadas le daba otra posición: le gustaba la buena vida, vestirse a la moda y cenar entre militares, embajadores y visitas ilustres extranjeras con mesas con manteles blancos.

Rivas llevó una doble vida. Estuvo en la DINA entre 1974 y 1977. En un comienzo, la brigada Lautaro, cuenta Caucoto, arrancó como un grupo para proteger a personas importantes, pero en 1976 se volcó a perseguir al PC.

La agente se fue de Chile a vivir Australia en 1978, un año después que se disolvió la DINA. En uno de sus varios viajes al país sudamericano, en 2006, cuando bajaba del avión, con las maletas cargadas de regalos, fue detenida por la policía frente a su familia. Allí estaba, impactada, su sobrina Lissette Orozco, entonces de 18 años y estudiante de cine. Con el silencio que se produjo entre todos en el lugar, se dio cuenta que había un secreto familiar que ella no conocía. Pero los demás, tal vez, en parte: “La generación más grande probablemente intuía que era secretaria de la DINA. Una vez, otra tía me contó que le había visto una pistola en la cartera, cuando le pidió que le buscara unos cigarros. Quizás había pequeñas luces de que no era una secretaria cualquiera”, dice Lissette al teléfono desde Colombia, donde reside.

A partir del escándalo en el aeropuerto, Lissette Orozco emprendió una búsqueda que demoró varios años: quería saber quién era realmente su querida tía Chany, la más divertida de la familia, la que se vestía a la moda, la que viajaba, la que contaba las mejores historias. No fue fácil al comienzo, pues cuando Rivas fue detenida, Lissette no le contó a nadie. “Era mi gran secreto, porque me daba vergüenza decirle a la gente que mi tía trabajó para Pinochet”. Luego comenzó a recopilar información por su cuenta, a leer la prensa, a buscar archivos. “No podía creer que mi tía haya cometido los crímenes de los que la estaban acusando. Era una tía importante, especial, una ídola. Era inconcebible lo que decían de ella”, recuerda. Esa búsqueda se convirtió en 2017 en su aplaudido documental El Pacto de Ariana, que ese año recibió el Premio de la Paz en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale).

Rivas y su sobrina, con la cámara al frente, conversaron mucho durante el arresto domiciliario en Santiago. Pero poco a poco Lissette empezó a dudar, a confrontrarla, a contrarrestaer su versión. Su tía Chany le reveló sus comienzos, antes de pasar a la brigada Lautaro. “Como yo sabía inglés, me pusieron a traducir lo que llegaba en microfilm, todos los mensajes entre bandos comunistas que se pillaba en los allanamientos”. Luego, cuando era secretaria, vio un memo interno en el que se ofrecía un curso de agentes de inteligencia. “Yo había leído un montón de libros de Leon Uris que trata mucho de agentes árabes y dije: ¿por qué no?”.

Adriana Rivas ha reconocido que su etapa en el temido organismo fue óptima. “Lo digo, lo admito y lo prometo, que mis mejores años fueron dentro de la DINA”, cuenta en el documental a su sobrina. Pero también le señaló, mientras aspiraba un cigarrillo tras otro como si tuviera premura: “Yo nunca tomé un detenido. Nunca estuve al lado de un detenido (...) Nunca vi nada. Nunca tuve la oportunidad de ver nada (...) Nunca fui a husmear a otra parte que no me correspondía”. Sin embargo, en 2013, dos años después de que huyó de Chile, la mujer otorgó una entrevista a la cadena australiana SBS al cumplirse los 40 años del golpe de Estado y admitió que las torturas eran “necesarias”: “La tortura existió desde que yo tengo uso de razón en Chile (...) Todo el mundo sabía que tenía que hacer eso y quebrar a la gente de alguna manera, porque los comunistas son cerrados”, dijo.

Sus declaraciones, además de impactar por su frialdad, fueron clave para que en Chile se supiera su paradero: había regresado a Australia. Y así es como arrancó su largo proceso de extradición.

Tras el documental, Lissette Orozco, de 37 años, no volvió a hablar con tu tía Channy. Y hoy, como cineasta, es parte del colectivo Historias Desobedientes de Chile, una agrupación de descendientes de perpetradores por la memoria y los derechos humanos.