La reforma de pensiones de Boric entra en cuenta regresiva para decidir su destino en el Senado

El proyecto de reforma de pensiones discutido desde fines de 2022 en el Congreso ha entrado en una etapa determinante. En enero de 2025 se cumple el plazo fijado por el Ejecutivo y un grupo de legisladores, a través de un protocolo de tramitación establecido en agosto, para resolver en el Senado, de mayoría opositora, el destino de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha confirmado que se están “viviendo horas cruciales”, en referencia a las negociaciones con los legisladores. Este es el tercer intento en más de una década por cambiar el sistema previsional chileno. La última reforma fue realizada en 2008, durante el primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010), y tuvo como resultado la creación del Pilar Solidario de Vejez —un mecanismo para aumentar las pensiones de los jubilados más vulnerables— y además se aplicaron medidas para compensar las bajas pensiones que afectan principalmente a las mujeres. En el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), de la derecha tradicional, se estableció la Pensión Garantizada Universal (PGU), un beneficio financiado por el Estado para apoyar a los mayores de 65 años que no formen parte de un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población.

Ahora, el presidente Boric pretende sacar adelante una propuesta que apunta a mejorar el monto de la PGU, crear un seguro social a partir de una nueva cotización con cargo a los empleadores y poner fin al modelo de las Administradoras de Fonos de Pensiones (AFP) mediante la reorganización de la industria. Hay aspectos en los que ya se han alcanzado consenso, como la aprobación este miércoles en la comisión de trabajo y previsión social del Senado del alza de la PGU a 250.000 pesos (256 dólares) desde los actuales 214.296 (219 dólares), pero en otros todavía quedan nudos por desasir para avanzar en la reforma, como la separación de las funciones de soporte e inversión de la industria de las AFP, la licitación de la cartera de los afiliados y, principalmente, la distribución del 6% de cotización adicional.

Al inicio de esta semana hubo destellos de alcanzar un acuerdo. El lunes, Mario Marcel, ministro de Hacienda, dijo en un seminario, realizado por la Bolsa Electrónica, que nunca el Gobierno había estado tan cerca de llegar a un consenso respecto al proyecto previsional. Pero las fisuras entre los dirigentes de los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI), de la derecha traducional, y Republicanos, de la derecha dura, han puesto paños fríos a las expectativas del Gobierno.

La tensión en la oposición se generó cuando Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, dijo que los parlamentarios de su formación apoyaban un “pequeño reparto”, de un 0,5% de cotización adicional, para igualar las pensiones entre mujeres y hombres.

El eventual acuerdo desató las críticas de Republicanos. El fundador de este partido y excandidato presidencial, José Antonio Kast, este lunes cargó contra Chile Vamos, el conglomerado del que forma parte la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, al afirmar que comenzaban a “preparar el terreno para ceder y entregarle a la izquierda los ahorros de nuestras pensiones”. Ante ello, Ramírez rectificó: “Usé la palabra reparto y eso fue un error, porque no creemos en el reparto”.

Mientras se apaciguaba el choque político dentro de la oposición, la ministra Jara aclaró que un 0,5% sería insuficiente para lograr la equidad de género en las jubilaciones, pues estima que lo necesario sería, al menos, un 1% de la cotización adicional. La ministra ratificó que un 3% quieren destinarlo a un seguro social y un 2% al incremento de las pensiones actuales. “Si en estos días no hay acuerdo, vamos a quedar en un cero a cero”, dijo este miércoles en el Congreso.