Una reforma en compás de espera: seis rostros de la crisis de las pensiones en Chile

Hace más de una década que Chile discute una reforma al sistema de pensiones. La que actualmente empuja el Gobierno de Gabriel Boric en el Congreso -a la que le puso urgencia hace dos semanas- es el tercer intento de los últimos 10 años para cambiar el destino de las personas que se jubilan en Chile. La situación es dramática: el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo, que se ubica en unos 538 dólares, y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza, que en Chile se calcula bajo los 270 dólares al mes. Las mujeres son las más perjudicadas: menos de la mitad cotiza por más de 20 años y solo el 54% logra recibir una pensión financiada con sus ahorros.

Una nueva ley previsional es una de las reformas prioritarias de la actual Administración de izquierdas, pero también de la ciudadanía chilena: según la última encuesta de la empresa de estudios de mercado Cadem, el proyecto de ley de pensiones se ubica como el segundo más prioritario para la opinión pública, solo superado por la reforma a la salud.

En el centro del debate están las diferencias ideológicas entre un sector que prefiere continuar con el sistema de capitalización individual en el que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) administran los ahorros de los cotizantes, y que ha sido un pilar clave en la profundización del mercado de capitales que existe en Chile, y quienes quieren un sistema mixto donde el elemento de solidaridad sea mucho más amplio que actual.

La última reforma previsional realizada en 2008 en Chile durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) introdujo el Pilar Solidario y generó medidas para compensar las bajas pensiones que afectan principalmente a las mujeres. Y durante la última Administración de Sebastián Piñera (2018-2022) se creó la Pensión Garantizada Universal (PGU) que ayudó a engrosar el aporte del Estado al monto de la jubilación para los mayores de 65 años que no integren un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población.

Hoy, aunque nadie niega la necesidad de hacer cambios al sistema de previsión para la vejez, las diferencias entre las fórmulas para lograrlo tienen empantanado el camino de uno de los mayores problemas que aqueja a una sociedad chilena que envejece a pasos agigantados: según el Observatorio del Envejecimiento, tres de cada 10 habitantes del país sudamericano tendrá sobre 80 años para 2050. En lo que todos están de acuerdo es que con el 10% de cotización obligatoria no alcanza. Los empresarios han aceptado, un poco a regañadientes, que el 6% adicional sea con cargo al empleador. El problema ahora es qué porcentaje de ese monto irá a las cuentas de ahorro individual y cuánto al Fondo Solidario. Otro punto de discusión es quién debería administrar el porcentaje que irá a solidaridad y qué pasará con las AFP, una de las instituciones privadas en las que menos confían los chilenos.

La discusión lleva años detenida en esas diferencias. Y la semana pasada, el partido conservador de derecha, UDI, condicionó su diálogo con la Administración de Gabriel Boric para avanzar en esta y otras reformas a la salida de su ministro de Desarrollo Social y compañero de ruta del mandatario, Giorgio Jackson. Lo responsabilizan políticamente del Caso Convenios, protagonizado por su partido, RD, y del robo a 23 computadores y una caja fuerte del edificio de su cartera la noche del pasado miércoles.

Mientras tanto, cerca de 500.000 personas deben arreglárselas para vivir con poco más de 200 dólares al mes -22% del total de jubilados en el país- y parte importante de la gran clase media ve cómo su calidad de vida se deteriora en forma sustantiva cuando llega la edad de jubilarse. “Los avances de tipo compensatorio no resuelven el problema de fondo, que sigue pendiente: las pensiones actuales son insuficientes para llevar una vida digna, y no mejorarán dentro del actual esquema previsional. Los chilenos y chilenas no pueden seguir esperando”, planteó la expresidenta Michelle Bachelet en una columna publicada en EL PAÍS hace algunos días.

Para indagar en la realidad de los jubilados, y principalmente las jubiladas en Chile –las mujeres son las más afectadas–, EL PAÍS recogió seis historias que reflejan la crisis de las pensiones y la urgencia de avanzar hacia una política pública sostenible.

Nibaldo Díaz: “Me jubilé con 40% menos de lo que recibía cuando trabajaba”

Durante 40 años, Nibaldo Díaz (82, Parral) trabajó como profesor de matemáticas. Cuando inició su carrera como docente todavía no existía el sistema de pensiones actual basado en el ahorro individual, sino uno de reparto. Cuando se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el año 1981, Nibaldo tuvo que tomar una decisión: si quedarse en el modelo antiguo o cambiarse al nuevo. Eligió lo segundo. Hoy cree que fue un error. Su mujer, cuenta, que tomó la misma decisión y trabajaba en una farmacia, recibía alrededor de 242 dólares de pensión, mientras su cuñada, que tenía un empleo similar y que prefirió quedarse en el sistema antiguo, cobraba una pensión de 726 dólares.

Cuando Nibaldo jubiló, a los 65 años, su pensión era cercana a los 546 dólares, “40% menos de lo que recibía cuando trabajaba de profesor”, dice. Al poco tiempo, compró un taxi y hasta el día de hoy trabaja como colectivero. De esta manera, se mantiene ocupado, cuenta, y logra aumentar en algo sus ingresos. Desde que se creó la Pensión Garantizada Universal (PGU) empezó a recibir cerca de 200.000 pesos más (unos 243 dólares), lo que le ha ayudado a solventar mejor sus gastos, principalmente alimentación, medicamentos y cuentas de su casa, en la que vive solo desde que enviudó hace cuatro años y medio, en Villa La Reina, un barrio de clase media de la capital chilena.

Ornella Gambi: “Estoy en edad de jubilar, pero no puedo”

En los seis trabajos que ha tenido Ornella Gambi (60 años, Santiago) a lo largo de su vida, en todos ha cotizado. La secretaria de la Defensoría Penal Pública gana cerca de 1.300 dólares, pero si jubilara -como le corresponde a su edad, según la ley- recibiría unos 360 dólares al mes. “Cuando deje de pagar mi crédito hipotecario (480 dólares), en ocho años más, ahí voy a pensar en jubilar”, sostiene. En su casa son dos: ella y su hija, de 28 años, que tiene una discapacidad. “Como el mercado laboral chileno es cero inclusivo, recién se puso a trabajar por primera vez a través de una fundación. Y gana poco”, afirma Gambi. Además del crédito hipotecario, que le muerde gran parte de su salario, paga un crédito de consumo de unos 340 dólares. Esas cuentas pendientes la tienen amarrada a su trabajo, aunque aclara que no le gustaría jubilar ahora. Dice que le gusta lo que hace y que lo hace bien. Además, remarca, “en Chile la gente después de jubilar no existe”.

Rosa Maldonado: “Nunca tuve AFP por falta de información”

Rosa Maldonado (67 años, Coelemu) nunca cotizó. Trabajó desde los 14 años como asesora del hogar en diferentes casas, cuidando niños, cocinando y haciendo aseo hasta que cumplió los 60 años, pero nunca tuvo contrato y, por lo mismo, nunca ahorró en el sistema previsional. “Nunca tuve AFP por falta de información. Quizás si hubiera tenido, hoy recibiría una mejor jubilación”, dice. Después de hacer varios trámites, logró acceder primero a la pensión solidaria y hoy a la PGU. Vive con los cerca de 230 dólares que recibe todos los meses, de los que 25 dólares se le van en las gotas que tiene que comprar para el glaucoma que padece. Sus tres hijos, ya mayores y con sus propias familias, la ayudan cuando pueden, pero explica que todos los meses tiene que “estirar en chicle al máximo” para que le alcance. No paga alquiler porque ya es dueña de su casa en la comuna de La Pintana, en una zona popular del sur de la capital, pero sí cuenta que apenas le alcanza para costear el alimento y la calefacción: “Compro harta verdurita, porotos, legumbres y congelo para varios días. Tengo una estufa a parafina, pero cuando no me alcanza pongo un guatero (bolsa de agua caliente) en mi cama y me acuesto”.

Leonardo Cabrera: “Jubilé anticipadamente por una enfermedad, pero tengo que seguir trabajando”

El primer trabajo de Leonardo Cabrera (62 años, Curacaví) fue a los siete años limpiando coches. Desde entonces no ha parado. Durante casi tres décadas se desempeñó como mecánico en una empresa de transportes. El padre de cuatro hijos –uno de ellos falleció– y responsable de un sobrino tenía un contrato y ganaba poco más de 600 dólares. Una discusión con su jefe acabó con su salida. “Fui a la inspección del trabajo y me dijeron que tenía que firmar una carta de renuncia. Me hicieron un finiquito 500.000 pesos [600 dólares]. Después de 28 años de trabajo”, recuerda, aún incrédulo. Entonces, empezó a trabajar de chófer, hasta que sufrió un accidente vascular cuatro años atrás que lo dejó con una incapacidad del 87%. Tuvo que prejubilarse y, desde entonces, recibe una pensión por invalidez parcial de 230 dólares. Solo en alquiler se le van 145. Sus hijos ya son mayores y vive separado de su esposa, a quien le envía todos los meses otros 145 dólares. “Lo ideal sería recibir una buena jubilación para dejar de trabajar, pero como no es así, tengo que poner el hombro”, lamenta. Vende tierra de hoja, planta y cuida parcelas de Curacaví, la zona rural donde vive. A fin de mes, entre la pensión y sus extras, reúne 450 dólares.

María Angélica López: “Trabajé en el sistema de AFP, sabía de qué se trataba”

Entre los 25 y los 60 años María Angélica López (63 años, Santiago) solo tuvo una laguna laboral. Dejó de trabajar ocho años para cuidar a sus hijos –tiene tres- cuando eran pequeños. Al momento de jubilar, tenía el equivalente a 68.000 dólares ahorrados, lo que hoy le da derecho a recibir casi 280 dólares al mes. Pero ella dice que no se sorprendió de lo baja que es su pensión: parte importante de su carrera laboral la hizo trabajando en la industria de AFP en el área de ventas. “Trabajé en el sistema de AFP, sabía de qué se trataba”, dice. Aunque ya jubiló, María Angélica sabe que no puede dejar de trabajar, tampoco su marido con el que vive en su casa de Peñalolén, una comuna de clase media de la zona cordillerana en Santiago. Cuenta que gracias a que siempre ahorró y a su trabajo le alcanza para sus gastos y los de su familia y espera que lleguen luego los 65 años para poder acceder al bono por hijo vivo [una ayuda a las madres] y a la PGU. “Gracias a Dios siempre he sido ahorrativa, porque con la pensión que tengo no podría vivir”.

Doris Reyes: “Me costó mucho decidirme a postular a la PGU”

Durante más de 11 años Doris Reyes (66 años, Santiago) trabajó en una corredora de seguros, luego estuvo siete años más a cargo de una estación de servicio. Pero en esos dos empleos siempre entregó boleta de honorarios, no tenía contrato y nunca cotizó en una AFP. Recién a los 55 años, ya separada de su esposo, empezó a trabajar en una corredora de propiedades y se afilió al sistema. Cuando jubiló, cinco años más tarde, sus ahorros eran de 1.460 dólares. Le pagaron 120 dólares mensuales por un año hasta que ese dinero se acabó. A los 65 años cobró el bono por hijo nacido vivo –tiene tres hijos– uno de los beneficios a las mujeres implementado en el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), por el que recibe unos 13 dólares al mes. Y en enero de este año decidió hacer los trámites para postular a la PGU.

“Me costó mucho decidirme a pedirla, sentía que no me correspondía, porque yo pude haber cotizado, pero prefería boletear para no perder ese 10% de descuento de la AFP”, cuenta. Hoy alquila una cabaña en en Curanipe, un balneario del centrosur de Chile, por la que paga cerca de 230 dólares al mes. Y vive gracias a los cerca de 240 dólares que recibe de la PGU y a los intereses que le entrega un depósito a plazo que tiene en el banco con el que espera comprarse una casa propia, aunque, confiesa: “Cada vez tengo menos y no sé si realmente podré comprar con lo que tengo”.