Entre ideologismo y tozudez: la elusiva reforma previsional

Por exceso de ideologismo de lado y lado, o por una tozudez que caracteriza a numerosos actores políticos e industriales en nuestro país, Chile no ha logrado sacar adelante una reforma de pensiones que sabe que es necesaria desde hace al menos 10 años. Lo sabemos los técnicos que hemos asesorado a los gobiernos planteando alternativas de diverso tipo. Lo saben los órganos reguladores que ven cómo los problemas se acumulan a medida que se postergan las decisiones. Pero lo más grave es que lo saben los chilenos y chilenas para quienes, sostenidamente desde hace más de una década, ponen el problema previsional como uno de los tres temas más acuciosos de resolver.

Usualmente se dice que los sistemas de pensiones tienen dos objetivos: reducir la pobreza en la vejez y mantener la calidad de vida entre la vida activa y pasiva. Desde la perspectiva de la prevención de la pobreza, la creación de la pensión garantizada universal (PGU) dio un respiro a un grupo importante de la población. La PGU representa un colchón de bienestar valioso porque, como el acceso a ella no depende de otros requisitos, cualquier aporte individual significa que la beneficiaria termine con un nivel de pensión por sobre la línea de pobreza. Los nefastos retiros de fondos de pensiones han significado que mucha gente que antes podía aportar algo, ahora no tenga nada que aportar y su pensión se quede en la PGU o muy cerca de ella. En todo caso, habría acuerdo en incrementar la PGU a 250.000 pesos (unos 309 dólares) hacia el final de este gobierno, lo que permitiría por ahora decir que el problema de la pobreza en la vejez está bajo control. Bien por el primer objetivo.

El problema es el segundo: mantención de la calidad de vida. La PGU logra mantener la calidad de vida de personas que siempre han estado en torno a la línea de pobreza. Pero, en el caso de personas que no han vivido permanentemente en situación de pobreza, entonces la calidad de vida se deteriora de manera importante al pasar a la vida pasiva. Una forma de ver esto es la siguiente: a abril de 2023, según la ficha previsional mensual de la Superintendencia de Pensiones, los beneficiarios de PGU contributiva reciben un beneficio de 202.524 pesos (unos 250 dólares) y su pensión final resultante es 406.548 pesos (unos 502 dólares). ¿Es suficiente?

Para saberlo tenemos que ponernos un objetivo de tasa de reemplazo, es decir, la proporción del ingreso previo que ahora es pensión. Es típico pensar en 70%. Con estos números, cualquier persona con ingresos superiores a 580.783 pesos (717 dólares), si recibe una pensión de 502 dólares sufrirá una caída en sus ingresos al jubilar superior al 30%. Esto se interpreta como una amenaza a la mantención de la calidad de vida. ¿Cuánta gente termina su vida activa ganando más de 717 dólares? La respuesta es: ¡mucha gente! El ingreso promedio de los 5.860.025 cotizantes alcanzó a 1.113.697 pesos (1.376 dólares). O sea, para el cotizante promedio la caída es al menos del 63,4% del ingreso.

Es evidente entonces que, post PGU, el sistema previsional chileno hace agua por el lado de su capacidad de mantener la calidad de vida de las personas. Es bastante evidente, si no, no se entendería que este tema sea top 3 de relevancia política. Hablemos entonces de alternativas para enfrentar esto.

Una posibilidad sería subir la PGU digamos a 500.000 pesos (unos 618 dólares). Es fiscalmente imposible: 4.300 millones de dólares al año para generar una situación extraña en que un grupo de la población que fue pobre de joven envejece y duplica su ingreso gracias a una transferencia fiscal. No tiene sustento. La PGU no es el instrumento adecuado.

La forma es a través de una prestación “contributiva”, es decir, que reconozca los años cotizados y genere un aporte proporcional. La cotización a una cuenta individual es contributiva, pero no le sirve a las personas que se jubilarán en los próximos 10 años. ¿Qué les pasó a esas personas? ¿Fueron particularmente irresponsables y no cotizaron?

Les pasó que tuvieron la mala fortuna de ingresar al mercado del trabajo en medio de una crisis económica, larga y aguda, en la que la tasa de desempleo juvenil fue superior al 30% entre 1982 y 1989. Tuvieron la mala pata que el sistema político legisló la obligatoriedad de cotizar a los trabajadores independientes en 2008, pero luego encontraron siempre excusas para postergar esa medida.

Esos dos eventos muestran una falla del sistema chileno que estamos en condiciones de mejorar: su carencia de instrumentos de solidaridad. Vimos que la PGU tiene limitaciones importantes. Es crucial incorporar otros instrumentos de solidaridad porque en la vida nos pasan cosas de las cuales no somos responsables. Si tuviste la mala suerte de ser joven cuando no correspondía, un sistema de pura capitalización individual transforma esa laguna previsional involuntaria en una pensión misérrima de viejo. Es una buena idea que una parte importante de la nueva cotización vaya a un sistema de “solidaridad contributiva”, que enriquecería sustantivamente al sistema de pensiones.

Pero esto implica dar un salto al que se oponen los ideólogos y los tozudos: que la política social también debe llegar a la clase media.

El problema estructural de Chile tiene que ver con esto: producto del éxito económico Chile pasó de ser un país donde la mitad era pobre en 1990, a uno en el que casi todos dicen ser de clase media y muchos lo son. La política social, sin embargo, sigue siendo para pobres. Los países desarrollados también atienden a los ciudadanos en condiciones de pobreza, pero tienen instrumentos de apoyo a las clases medias. Chile casi no tiene. La clase media chilena no tiene empleo estable ni alta capacidad de ahorro voluntario. Nuestras clases medias son más precarias. Hay enorme rotación laboral según informa el Seguro de Cesantía. En un horizonte de tres años, un 37% de chilenos entra y sale de la pobreza según COES. Una enfermedad catastrófica no cubierta por el AUGE puede generar una crisis financiera en las familias de grandes proporciones.

Si no enfrentamos esta reforma con pragmatismo para resolver creíblemente problemas reales de nuestro sistema previsional, nuevamente fallaremos en resolver lo que, en nuestra cara, encuesta tras encuesta, los chilenos nos dicen que les importa. Y tienen razón.