Una hija del general Lutz busca limpiar el nombre de su padre del ‘caso Horman’ ante la justicia

Días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, en septiembre de 1973, el periodista estadounidense Charles Horman fue arrestado por los militares y murió asesinado a tiros en el Estadio Nacional, según los documentos desclasificados por Estados Unidos durante el Gobierno de Bill Clinton. El juez chileno que llevó el caso, Jorge Zepeda, dice en el fallo de 2016 que la orden de dar muerte a Horman vino del Departamento II del Estado Mayor de la Defensa Nacional, “dependiente del general de Ejército Augusto Lutz Urzúa”. Su hija, María Olga Lutz, lleva años liderando una batalla judicial para, según explica, limpiar el nombre de su padre. El militar murió en noviembre de 1974 por una supuesta septicemia, según la historia oficial.

El pasado noviembre, la familia presentó un recurso de revisión ante la Corte Suprema para que eliminen el nombre del general de la sentencia, el que fue rechazado, y en diciembre lo intentó nuevamente sin éxito con un recurso de reposición a la espera de que se avance en “el derecho a la verdad”.

El general Lutz asumió la dirección del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en enero de 1973, nombrado por el general Carlos Prats durante la presidencia del socialista Salvador Allende. Para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la desaparición y muerte de Horman, continuaba como director del SIM, según los documentos recabados por su familia y presentados ante la Justicia chilena, y no era el Jefe de Inteligencia del Departamento II del Estado Mayor de la Defensa Nacional, de donde provino la orden.

Los dos condenados que hay por la muerte de Horman y Teruggi son el brigadier Pedro Espinoza Bravo, como autor de los crímenes, y el coronel Rafael González Berdugo, en calidad de cómplice. “Ambos trabajaban en el Departamento II del Estado Mayor de la Defensa Nacional”, afirma por teléfono desde Madrid el abogado Rodrigo Lledó, representante de María Olga Lutz y exdirector de la Fundación Internacional Baltazar Garzón.

En noviembre de 1973, Lutz fue removido de su puesto de dirección de inteligencia del Ejército por “incumplir al menos una asignación”, según un documento desclasificado de la CIA y obtenido por Peter Kornbluh, analista especializado en Chile del Archivo de Seguridad Nacional de EE UU. El coronel estadounidense William Hon, agregado militar en Chile, escribió al Departamento de Estado que la decisión se debió a que “el requisito principal era interceptar a ciertos chilenos buscados para obtener acceso y asilo (...) El cuidado de las embajadas fue laxo y, en algunos casos, en lugar de interceptar a las personas buscadas los ayudó en su ingreso".

Tras esto, se lo nombró secretario de la Junta Militar del Gobierno de Chile, ejerciendo una labor administrativa, señala Lledó. María Olga Lutz define a su padre en conversación con EL PAIS como “un hombre cristiano, humanista, de unos principios intachables” y contrario a las prácticas de persecución de la dictadura y la creación de la DINA. El general permaneció como secretario de la Junta hasta julio de 1974, cuando lo designaron intendente en Punta Arenas. Cuatro meses después, luego de un encuentro entre intendentes con Pinochet en Santiago, murió por la supuesta septicemia.

La hija sospecha de una intervención de terceros porque hay procedimientos médicos no aclarados, la ficha desapareció y porque su padre fue operado por Patricio Silva Garín, el mismo doctor que lideró la cirugía del expresidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), en la que falleció a los 71 años en 1982. La justicia determinó que había sido envenenado y seis personas, entre ellas Silva Garín, fueron condenadas por homicidio. En 2023, sin embargo, los jueces de la Corte Suprema, en forma unánime, confirmaron la absolución de los seis condenados por el crimen tras determinar que el democratacristiano murió a causa de complicaciones médicas.

El análisis pericial del cuerpo de Lutz realizado por médicos forenses en Murcia de España y del Servicio Médico Legal (SML) de Chile no llegaron a resultados concluyentes: “No es posible pronunciarse en relación a su causa de muerte, así como tampoco descartar la participación de terceros en su fallecimiento”.

¿Por qué la dictadura habría querido matarlo? La hija explica que, entre otras razones, porque el general era un seguidor de la doctrina del general René Schneider, que defendía que las Fuerzas Armadas debían someterse siempre a la Constitución. También porque no acató las órdenes respecto a interceptar a quienes buscaban asilo en las embajadas y, en vez de eso, los ayudó. “Él estaba contra el sistema”, dice María Olga, y añade que por lo mismo se enfrentó con Manuel Contreras, quien incluso antes de institucionalizarse la DINA, ya orquestaba secuestros.

Una de las desaparecidas fue Liliana Ojeda, profesora de Alejandro, hijo de Lutz. El general buscó sin éxito a la mujer, a quien le habían matado a su hermano, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Finalmente, dio con ella en un sitio de tortura que había creado Contreras. “Cuando mi padre ve que Pinochet no reacciona e institucionaliza la DINA, se opone junto al general Óscar Bonilla a nombrarlo Jefe Supremo de la Nación”, relata María Olga.

Los argumentos ante la Suprema

El único elemento que incrimina al general Lutz, según el rastreo que ha hecho la familia, es la declaración de Rafael González Berdugo. En 1976, 17 meses después de la muerte de Lutz, dijo que la aprobación de la muerte de Horman vino de su oficina y que fue testigo presencial. En el juicio del caso, Rafael González Berdugo se retracta, según Lledó. “No sé por qué Zepeda no consideró la última declaración de Rafael González Verdugo prestada en el proceso donde se desdice. La sentencia no lo incluye, pero la declaración está en el proceso”, agrega el abogado, poseedor de dicha documentación.

Lledó explica que la discordancia con el cargo que se le atribuye en el caso y la que realmente ejercía fue uno de los argumentos del recurso presentado el pasado 28 de noviembre ante la Suprema, el día en que se cumplían 50 años de la muerte del general Lutz, para que el máximo tribunal revisara la sentencia del caso Horman y Frank Teruggi, otro periodista estadounidense asesinado en la dictadura. Otro de los argumentos presentados a la Suprema es que el general Lutz, desde la dirección del SIM, no tenía las competencias para dar ese tipo de instrucciones. Para apoyar su punto, mandaron a elaborar un informe técnico del historiador Pablo Seguel, que se ha especializado en la orgánica de las FF AA al momento del golpe de Estado.

El 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, fue aceptado a trámite, pero finalmente se rechazó. “La dificultad que tenemos es que el general Lutz no fue condenado porque estaba muerto”, apunta Lledó, “pero la sentencia tiene mucha información que lo incrimina y que dice que él fue el que dio la orden”, añade. La Suprema argumentó su rechazo al recurso de revisión porque solo procede para los condenados. Lledó presentó entonces un nuevo recurso de reposición pidiendo que considerasen la palabra condenado “en el sentido amplio y no en el sentido estricto”. Hay interpretaciones de la ley, por ejemplo, desde los derechos humanos, señala. Pero el segundo recurso también fue rechazado.

María Olga defiende que la sentencia inculpa a su padre cuando ya está muerto “y la única forma de restablecer su honor es a través de una acción judicial por parte de su familia”. Ahora, tras medio siglo de sospechas y contantes apariciones de nuevos documentos vinculados al caso, la hija del general evalúa llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes, sin embargo, quiere agotar todas las vías abiertas del proceso que existe en torno a la muerte de su padre. “En ese vamos avanzando”, adelanta la mujer.