Encuesta CEP: los jóvenes lideran el respaldo histórico al aborto en Chile, a las puertas de que el Congreso discuta su legislación

El respaldo a que las mujeres puedan acceder al aborto en cualquier caso ha alcanzado un apoyo histórico de un 38% en Chile, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que realiza la pregunta desde 1999. La cifra supone un alza de ocho puntos respecto a la última medición de uno de los termómetros más esperados de la opinión pública chilena, nueve meses atrás. El alza se alimenta del cambio de opinión entre quienes sólo estaban de acuerdo con la interrupción del embarazo en casos especiales, que retrocedió ocho puntos, hasta alcanzar el 45%. Por su parte, los chilenos que rechazan este derecho se mantienen prácticamente inamovibles en un 16%. El contundente espaldarazo a la interrupción del embarazo sin causales llega cuando el Gobierno de Gabriel Boric ha puesto nuevamente sobre la mesa un debate sobre derechos sexuales y reproductivos tras anunciar que en diciembre enviarán al Congreso un proyecto de ley de aborto legal.

Desde 2017 Chile permite abortar cuando se dan tres escenarios: que la vida de la madre esté en peligro, que exista inviabilidad fetal de carácter letal y cuando el embarazo es producto de una violación (hasta 12 semanas de gestación y hasta 14 semanas para menores de 14 años). En el desglose de los perfiles que apoyan y rechazan la interrupción del embarazo consultados por el CEP, las cifras arrojan que el apoyo más contundente a una interrupción en cualquier caso viene de los jóvenes de entre 18 y 29 años (48%) y cae progresivamente hasta el 28% en los mayores de 60 años. La mayoría tiene educación superior (47%), es de clase media, casi la mitad vive en la Región Metropolitana y se identifica políticamente con la izquierda (58%). En la segunda vuelta presidencial de 2021 entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, de la derecha dura, más de la mitad votó por el primero.

El perfil del que solo aprueba el derecho al aborto en casos especiales, que es el mayoritario, tiene más de 60 años (49%), enseñanza media completa, el 55% vive en la zona centro-sur y se identifica con la derecha (57%). El 59% votó nulo o blanco en la segunda vuelta presidencial de 2021, casi el mismo porcentaje que se decantó por Kast (58%). Los que rechazan del todo la interrupción del embarazo, un grupo minoritario, también lo lideran los mayores de 60 años, de clase socioeconómica baja, no tienen educación media completa, viven en el sur austral y se identifican con la derecha.

El número de hospitalizaciones por embarazo terminado en aborto en 2023 fue 21.444, según el registro del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, dependiente de la subsecretaría del ministerio de Salud. Como las niñas, adolescentes y mujeres que abortan lo hacen en la clandestinidad, salvo en las tres causales, no hay datos oficiales de cuántas interrupciones se realizan. Los estudios más conservadores, como el del Instituto Melisa, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, señalan que se realizan unos 30.000 anuales. Mientras, otras estimaciones hablan de cifras de hasta 150.000 al año, como las que hace el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, según la información que maneja el Ejecutivo. La ministra de la Mujer del Gobierno de Boric, Antonia Orellana, dio cuenta a EL PAÍS de la “extendida situación de clandestinidad” del uso de medicamentos para interrumpir el embarazo, como el misoprostol y la mifepristona.

Impulsar el aborto legal, libre, seguro y gratuito fue una de las promesas de campaña que llevaron a Boric a La Moneda. La iniciativa legislativa que no busca solo despenalizar el aborto, sino también garantizar una prestación para que la situación económica de la paciente no determine el correcto uso de los medicamentos o el acceso a la intervención quirúrgica. Sobre los plazos para interrumpir el embarazo que presentará el Ejecutivo, la ministra Orellana ha señalado que están buscando que se acerque lo mejor posible a la discusión que ya ha habido en el país. “En ese sentido, están las propuestas de las diputadas en los años ‘90, como Laura Rodríguez, hasta los últimos programas presidenciales, que han hablado hasta las 14 semanas, un límite bastante mayoritario en los países que tienen esto regulado”, apuntó la líder de la cartera de la Mujer y la Igualdad en una entrevista en TVN.

El mandatario chileno anunció en su tercera Cuenta Pública ante la Nación, celebrada a comienzos de junio que enviaría el proyecto de aborto legal al Congreso. Algunos parlamentarios de la oposición salieron de la sala cuando mencionó la iniciativa legislativa y varios lo criticaron por poner el tema en la agenda cuando, consideran, no es urgente. Ese día también dio a conocer que el Ejecutivo pondrá urgencia el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que se encuentra en el Senado. La actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, la principal carta de la derecha tradicional para las presidenciales del próximo año, dijo entonces: “Una pena la falta de visión futura y lo pegado que está el presidente Gabriel Boric en temas que no son prioritarios y que solo le hablan a sus adherentes. Chile tiene otras urgencias y necesidades: seguridad, crecimiento económico, bajar listas de espera, recuperar aprendizaje de los niños, más y mejores trabajos, etcétera”.

El tema del aborto sonó fuerte durante los dos procesos constitucionales fallidos de los últimos años en Chile. Durante el segundo intento en 2023, liderado por las derechas, la norma que establecía “el derecho a la vida de quien está por nacer” sacó ronchas en el oficialismo que consideraba que el artículo podía colisionar con la ley interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que rige desde 2017. El 70% de las mujeres de entre 18 y 34 años rechazaron el texto. Según los analistas, la idea de que la propuesta podía suponer un retroceso para los derechos de las mujeres, fue clave para que el 55% votara en contra de la propuesta.

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