Daniela Marzi, nueva presidenta del TC: “La Constitución chilena admite interpretaciones que puedan ser progresistas”

En 2024, por primera vez en sus más de 40 años de historia, el influyente Tribunal Constitucional (TC) chileno está conformado por una mayoría de mujeres: seis de sus diez integrantes son abogadas. Es un hito, además, porque hasta 2022 solo había tenido cuatro juezas en sus registros, aunque nunca todas al mismo tiempo, pues ha sido desde su creación liderado por magistrados. Daniela Marzi Muñoz (Valparaíso, 44 años), abogada de la Universidad de Valparaíso, y magíster y doctora en derecho del trabajo, es parte de la nueva generación de ministras. Feminista y de izquierda, fue nombrada por el presidente Gabriel Boric en abril de 2022. Asumió la presidencia del TC este viernes, tras una elección interna, por dos años. Reemplazará en el cargo a la abogada Nancy Yáñez, también designada por el oficialismo, y experta en derechos humanos y derecho indígena.

Cuando las juezas, de distintas sensibilidades, representan hoy el 60% del TC, Daniela Marzi, en su primera entrevista como presidenta, señala: “Es muy relevante que las mujeres estemos en todos los espacios, y en los espacios de toma de decisiones y ejercicio de poder. Y, tan relevante como eso, es que podamos hacerlo desde nuestras diferencias”. Y añade: “Las ministras somos mujeres distintas, que venimos de formaciones académicas y religiosas diferentes. No somos todas iguales en el análisis político. Tenemos diferencias, y con esa riqueza ejercemos la actividad jurisdiccional al igual que los hombres. Me parece muy importante que estemos aquí, y que podamos hacer este trabajo con la misma autonomía que lo han hecho los hombres, respetándose las diferencias. Pero también hay muchos aspectos que compartimos”.

De acuerdo con la Constitución chilena, el presidente de la República puede nombrar a tres integrantes, el Congreso a cuatro y la Corte Suprema, tres, en cargos que duran nueve años.

El TC es un órgano con un peso mayor en Chile, pues incluso puede echar abajo una ley o una reforma. Además, quien ejerce la presidencia, en este caso Marzi, tiene una potestad tanto única como controvertida: el voto dirimente. Ello implica que, cuando hay un empate de cinco y cinco, puede inclinar la balanza.

Históricamente, el TC fue muy criticado por la izquierda chilena. Incluso, en 2022, en el primero de los dos intentos fallidos por cambiar la Constitución –que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet, pero que en 2005 se reformó en el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006)–, los convencionales de izquierdas propusieron eliminarlo e impulsar un nuevo órgano, con mucho menos poder.

Gran parte de esos cuestionamientos de las izquierdas al TC se focalizaban porque, con otro perfil de jueces, emitió algunas sentencias de corte conservador, por ejemplo, la objeción de conciencia institucional en la ley de aborto tres causales. También durante años paralizó causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura por recursos presentados por exmilitares procesados, a la espera de su resolución en la justicia ordinaria. En 2022, el término del periodo de dos magistrados que habían sido nombrados por el expresidente de la derecha tradicional Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), permitió la llegada de Marzi y Yáñez. Y una de las primeras resoluciones de un caso de connotación pública ocurrió en marzo de 2023, cuando Boric sorteó en el TC sus polémicos indultos a condenados por delitos cometidos en el estallido social de 2019.

Pregunta. Durante años el TC recibió críticas por algunos de sus fallos: la paralización de casos de derechos humanos; la objeción institucional del aborto en tres causales o cuando restó atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor. ¿Cómo miraba usted al tribunal en ese tiempo?

Respuesta. Lo miraba con una perspectiva crítica.

P. Se decía que era una institución muy conservadora.

R. Lo miraba con una perspectiva crítica porque me parece que en esas ocasiones que menciona, se afectó el trabajo que se había hecho en el Congreso para ciertas políticas que eran relevantes. Pero, estando dentro, me parece que si el Tribunal Constitucional ejerce sus competencias de manera restrictiva, no tiene esa función de afectar las políticas que vienen del Congreso de manera drástica o total. Normalmente, la ley es compatible con la Constitución y, excepcionalmente, hay casos en que no lo es.

Feminista, pero no activista

Daniela Marzi creció en el cerro Florida en Valparaíso, una ciudad ubicada a 120 kilómetros de Santiago: viaja a diario a la capital de Chile para trabajar en el TC. El lugar donde nació, dice, tiene un significado especial: “Es un puerto, y los puertos son sociedades mezcladas”. Y agrega: “Valparaíso es mucho más que esa idea sofisticada de lo patrimonial. Es una ciudad, probablemente, mucho menos segmentada que otras”.

P. ¿Y eso le acomoda?

R. Me acomoda. Porque a mi me gusta que las cosas estén a la vista. Me sentiría en peligro si sintiera que vivo en una burbuja, por más bonita que sea. Sentiría que me estoy perdiendo de algo.

Sus padres, ambos abogados, trabajaban para el Estado: su papá en el Servicio de salud de Valparaíso y su mamá en el Servicio Nacional de Consumidor (Sernac). “Ambos funcionarios públicos, y eso es muy significativo. Crecer en una casa donde el trabajo de los padres es producir un bien público, es distinto. Por ello, hasta hoy estoy en Fonasa (el Fondo Nacional de Salud, público)”.

Previo a llegar al TC, Daniela Marzi trabajaba como profesora de derecho del trabajo en la Universidad de Valparaíso. Y en 2017, un año antes, destaca, del ‘mayo feminista’ chileno de 2018, dirigió la primera Unidad de igualdad y diversidad. “Es decir, la que implementaba las políticas de género”. De ese periodo recuerda que Osvaldo Corrales, entonces secretario general de la universidad y hoy rector, “pudo anticipar ese escenario. Él se dio cuenta que el acoso sexual y las prácticas sexistas iban a hacer crisis, y que había que impulsar políticas de género en lo que se enseñaba”.

En 2020, Marzi asumió un alto cargo en la Universidad de Valparaíso, de secretaria general, y reemplazó a Corrales. Estaba en ese puesto cuando fue nombrada por Boric en el TC.

Al feminismo, señala EL PAÍS, llegó en 2016, a propósito del estudio de la reforma sindical, “en la que había algunos elementos de género que eran muy llamativos porque no eran producto de una gran demanda, sino del resultado de la existencia del Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género”.

“Yo no tengo una historia de militancia en el feminismo, y tampoco soy activista”, acota. Y recalca que se acercó por el estudio: “Las teorías de género en el ámbito del trabajo son muy interesantes, y ahí empecé a encontrar un material mucho más crítico; en que había una reflexión que revisaba nuestros paradigmas disciplinares de forma muy profunda. Entonces, me gusta más [el feminismo] por el lado de la investigación. Y, por otro lado, son cuestiones que a uno le permiten tomar conciencia respecto de su propia trayectoria y de las experiencias que ha tenido. Como fue desde la universidad, tuvo que ver más bien desde un papel de cómo poner al día una institución, pero una institución siempre es un espacio tradicional”.

El voto dirimente y la Constitución

P. En los dos procesos constitucionales, fracasados, al TC se le quitaban atribuciones. Por ejemplo, el voto dirimente, que ahora lo tiene usted, es muy criticado.

R. Es que uno no puede no ocuparlo. La ley dice que tu voto vale por dos, y no es que sea renunciable. Es un tema que, probablemente, es más fácil de poner en duda respecto de por qué un presidente, que es elegido entre sus pares para dirigir el tribunal, tenga un voto que valga el doble que el de un colega.

P. ¿Usted antes era crítica del voto dirimente?

R. Sí. Por lo mismo, porque no tiene mucha explicación y produce un desequilibrio que es complejo.

P. Pero así como ha salvado leyes y reformas, de distintos gobiernos, este voto doble también las ha hecho caer.

R. Pero eso depende del lado que uno esté mirando. Si eso es así, entonces no es una institución tan justificable.

P. Usted, probablemente, lo tenga que usar.

R. Y lo usaré. Pero si se decide en el espacio que corresponda que sea modificado, me parece que es razonable.

P. Chile ha tratado dos veces de cambiar su Carta Fundamental ¿Qué opina de la Constitución?

R. Cuando me tocó escribir sobre temas vinculados a la Constitución, en el área del derecho del trabajo, siempre sostuve que la Constitución no tenía tantas limitaciones como se sostenía, ni tantos cerrojos ni prohibiciones para la libertad sindical, por ejemplo. Y eso es algo que se ha expresado en los fallos de los últimos años, lo que significa que el legislador puede hacer muchas cosas que se proponían en los procesos [constitucionales]. Entonces, en lo que me ha tocado estudiar, la Constitución no es tan compleja, sino que tiene que ver con su interpretación. Hay otras áreas en las que podría avanzarse, pero me parece que hay mucho espacio para la legislación en este momento.

P. ¿Por ejemplo?

R. Por ejemplo, la Constitución no dice la palabra subsidiariedad, eso es más bien una armonización. Y el derecho tiene mucha interpretación. Yo tiendo a pensar que el legislador, si se lo propone, puede hacer mucho más de lo que a veces piensa.

P. La Constitución chilena, que ha tenido más de 60 reformas, nació en 1980 en la dictadura de Pinochet ¿Cree que tiene un pecado de origen por eso y que esa sigue siendo una razón para cambiarla?

R. Yo pienso que fue la razón del resultado del primer plebiscito [liderado por una mayoría de izquierdas y rechazado por el 62% de los chilenos en 2022]. Y después de dos plebiscitos, no estoy segura de que se pueda volver sobre la idea del pecado original. Esta Constitución puede ser modificada en lo que se considere, y admite interpretaciones que puedan ser más progresistas, como por ejemplo, aquella que le da mayor apertura al derecho internacional.

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