Camilo Cid, director de Fonasa: “Apostamos a igualar la cobertura financiera que tienen las isapres”

Es una mañana calurosa de verano en Santiago de Chile y Camilo Cid (58 años, Valparaíso), el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), recibe a EL PAÍS en una sala de reuniones contigua a su oficina en un antiguo edificio del centro de la ciudad. Se ve cansado tras una semana intensa. El lunes pasado, el Senado aprobó la Ley Corta de Isapres, una iniciativa legal con la que el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric busca dar una salida a la crisis del sistema privado, luego de que un fallo de la Corte Suprema las obligara a devolver cobros en exceso a sus afiliados y a ajustar el valor de sus planes de salud a la nueva tabla de factores.

La ley, que en marzo seguirá discutiéndose en la Cámara de Diputados, incluye medidas para fortalecer Fonasa, que en los dos últimos años ha recibido un millón de nuevos cotizantes, donde cerca del 50% proviene del sistema privado. Es un fenómeno inédito, explica el economista, quien lleva una carrera dedicada a las políticas públicas en salud desde la academia, en organismos de Naciones Unidas y vinculado a los gobiernos de la centroizquierda en Chile.

Históricamente, las personas que llegaban al fondo público desde las aseguradoras privadas eran adultos mayores que no podían seguir costeando las altas primas de isapres y mujeres, cuyos planes son más caros. Pero entre los nuevos cotizantes, dice Cid, ahora también hay hombres jóvenes con ingresos en algunos casos 50% más altos de lo que tradicionalmente tienen quienes forman parte del fondo público.

“Son de clase media, jóvenes, con familias recientes, ingresando al mercado laboral, profesionales y relativamente más sanos”, indica. Y agrega que son personas que “no cayeron en Fonasa por necesidad, sino que han optado por esa alternativa, ante las circunstancias de crisis, incertidumbre y alzas de precios”.

El director explica que la mayoría de ese grupo opta por la modalidad de libre elección (MLE) de Fonasa, un sistema que les permite a acceder a prestadores privados con un copago desde el fondo público. De los 16,2 millones de personas que actualmente están en Fonasa, el año pasado 7 millones usaron esa modalidad al menos una vez. Pero hay un grupo de 2 millones de personas, detalla Cid, que solo usan la MLE, es decir, solo se atienden con médicos o prestadores privados.

Potenciar esa forma de atención es lo que busca la Ley Corta. La iniciativa incluye incorporar la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) a Fonasa, un sistema en el que el fondo nacional licitaría un seguro entre aseguradoras privadas para ofrecer cobertura similar a la que hoy entregan las isapres con centros, clínicas y médicos privados. Si se aprueba la ley, “sería la mayor reforma que ha tenido el seguro público de salud desde su creación”, según ha mencionado la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Pregunta: ¿Fonasa se está convirtiendo en una competencia a las isapres?

Respuesta: En la práctica sí, porque ya tiene, desde hace mucho tiempo, una relación con lo más importante que son los proveedores privados. Funcionamos en base a la libre elección para la que tenemos convenios con prácticamente totalidad de las clínicas de Chile, salvo una o dos. Y es una modalidad que se está volviendo más frecuente. Entonces, en ese sentido, hay cierta competencia.

P. ¿Cómo funcionará la modalidad de cobertura complementaria o MCC que plantea la Ley Corta?

R. El planteamiento es que la ley entrega una serie de atribuciones a Fonasa para que podamos, a través de una licitación, generar convenios con seguros privados en base a un producto que nosotros hemos diseñado. Es como una póliza que permite la adhesión voluntaria.

P. ¿Las personas que quieran optar a esta modalidad tendrán que pagar una prima adicional a su 7%?

R. Sí, pero esa prima va a estar determinada con la licitación, que nosotros esperamos que sea lo más baja posible, pero tiene algunas condiciones que hemos fijado en la ley, que sea plana, o sea, igual para todas las personas y que no diferencie por sexo y edad o si las personas tienen preexistencias.

P. ¿Cuánto y cómo se pagaría por esa prima?

R. Es complejo saber el precio porque tenemos una licitación ad portas, pero lo que hemos estudiado es que, por ejemplo, en isapres las personas usan las clínicas privadas y pagan el 7% más un diferencial. En realidad, pagan el 11% en promedio de su renta. Y esa diferencia entre el 7% y el 11% son unos 36.000 pesos. Apostamos a que Fonasa iguale la cobertura financiera que tienen las isapres con este seguro. Cuando uno analiza el grupo de personas de Fonasa que solo se atiende con libre elección en Fonasa, se da cuenta que la cobertura que ofrecemos en promedio para estas personas es cercana al 38%. O sea, ellos pagan el 62% de su bolsillo. Cuando uno hace el mismo ejercicio en el sector privado, se da cuenta que las isapres cubren alrededor de un 65%. Y nosotros queremos cubrir esa brecha.

P. ¿Entonces sería algo cercano a ese 11% de la renta que finalmente pagan quienes están en isapres?

R. Exactamente. Se ha dicho que estamos entre 25.000 y 30.000 pesos (21 a 31 dólares), nosotros entregamos una cifra en alguna oportunidad que era de poco más de 29.000 pesos (30 dólares). Pero eso ya lo veremos en la licitación.

P. ¿La MCC cubriría tanto consultas como cirugías complejas y hospitalizaciones en prestadores privados?

R. Efectivamente, la MCC incorpora un arancel propio ajustado a los prestados privados en convenio. Esto es un listado de prestaciones basado en la modalidad de libre elección. Ello tiene especial énfasis en la nivelación de valores a nivel de la atención cerrada, donde sabemos que hoy tenemos bajas coberturas financieras. También incorpora, luego de una evaluación sanitaria, nuevos códigos que responden a prestaciones usuales que aún no están en el arancel de la libre elección y que se dan en prestadores privados. La ley, una vez aprobada, da dos meses para presentar este arancel, pero por supuesto nosotros ya estamos trabajando en él.

P. Ahora, las personas que hoy día pagan solo el 7% en isapres, generalmente hombres jóvenes, no tendrían muchos incentivos para cambiarse

R. Para esas personas jóvenes, con altos ingresos que no tienen enfermedad, es posible que esto resultase inconveniente.

P. ¿Cómo está la relación de Fonasa con las clínicas? Tienen una deuda pendiente con ellas, se habla que son 380.000 millones (unos 400 millones de dólares)...

R. Tenemos una mesa permanente de trabajo y una excelente relación. Respecto a la deuda, ésta se generó durante la pandemia por la ley de urgencia. Nosotros no encontramos con esa realidad, la diagnosticamos y eran unos 200.000 millones de pesos (unos 210 millones de dólares). Eso fue lo que empezamos a trabajar con las clínicas para ver cómo pagar. Tenemos una operación con las clínicas, cercana a 1.400 o 1.500 millones de dólares al año. Y dentro de eso hay cerca de 100.000 millones de pesos (105 millones de dólares) extra que están permanentemente siendo cobrados y revisados, así se llega a los 380.000 millones de pesos. Pero la cifra dura, que se pactó, esa era de 200.000 millones de pesos y se acaba de terminar de pagar este mes el 40%. Y el compromiso es pagar este mismo mes del próximo año el 60% restante.

P. ¿Fonasa colapsa si las isapres quiebran y sus casi 3 millones de afiliados pasan al sistema público?

R. Ya llegaron un millón y no ha habido ninguna catástrofe. Si ya tuvimos ese impacto no creemos que se vaya a producir algo así. Además, las personas que vienen del sector privado tratan de conservar sus prestadores. Si lo hacemos bien esto no es un problema de recursos, es una reestructuración del financiamiento. Lo que estamos haciendo es que la gente no pague más, pero que considere lo que está pagando extra en isapre para poder utilizarlo cuando venga a Fonasa en un seguro complementario. Si eso ocurre, se podría producir lo que nosotros hemos llamado un aterrizaje suave de la situación. Y ahí está la alternativas de que sigamos con un aumento permanente y tengamos otros 600.000 o 700.000 personas este año o que, junto con eso, se produzca algún cambio abrupto si es que alguna de las isapres entra en insolvencia. En esos dos casos, nosotros podríamos resolver.

P. ¿Y si colapsa completo el sistema?

R. Pero eso no va a pasar. Cualquier trámite de cierre de una isapre va a demorar como un año y eso nos da tiempo para prepararnos si es que esa fuera la perspectiva. Al final de cuentas, las isapres no atienden a nadie [son intermediarias]. Por eso, si podemos manejar las relaciones, tanto administrativas, de procedimiento, como las financieras del sistema, con los proveedores, no debiéramos tener problema.

P. ¿Deberían ir desapareciendo las isapres, a su juicio??

R. Es un tema que se discutió en extenso en esta ley y se incluyó un artículo que compromete una discusión de reforma de este tipo, financiera y del aseguramiento a presentarse el 1º de octubre de este año. Y en ese contexto se va a dar esa discusión, de cuál es el modelo al que se quiere ir.

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