Reviven las tensiones sobre sistema de salud privado en Chile tras una ley presentada por el Gobierno de Boric

El Gobierno de Gabriel Boric ha ingresado al Congreso chileno un proyecto de ley para que las isapres, como se conoce en Chile a las aseguradoras de salud privadas, cumplan un fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022 que las obligó a aplicar en forma retroactiva cobros en excesos a sus afiliados. El Ejecutivo de izquierdas, que lleva cinco meses buscando una solución, lo hizo a días de que se cumpla el plazo que le puso el máximo tribunal de justicia a la Superintendencia de Salud para hacer los cálculos y ver la forma de implementar el dictamen, que se cumple el próximo 30 de mayo. La aplicación del fallo ha tensionado al propio Ejecutivo chileno –donde conviven distintas miradas sobre el sistema de salud privado– y despertado las críticas de una industria fundada en 1981 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que está en peligro de colapso. De paso, la ley ha polarizado el debate sobre cómo debe plantearse el sistema de salud en Chile.

El problema se incuba desde hace varios años. En diciembre de 2019, dos meses después del estallido social chileno, la Superintendencia de Salud (SIS) del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera dictaminó, a través de una circular administrativa, que las isapres ya no podrían cobrar valores diferenciales por sexo o edad y solo habría una tabla de factores para todos los cotizantes.

Las isapres, entonces, aplicaron esta nueva alza solo a quienes entraron al sistema a partir de abril de 2020, pero mantuvieron las reglas anteriores para sus antiguos afiliados. El fallo de la Corte Suprema las obligó a aplicar de forma retroactiva los cobros en exceso y ampliar la nueva tabla de factores –sin sesgo– para todos sus cotizantes, independientemente de cuándo hayan entrado al sistema.

El proyecto de ley corta del Gobierno chileno establece que las isapres tendrán seis meses para informar el número de contratos afectados por las devoluciones, el monto total de la deuda y proponer un plan de pago, que puede ser en dinero o en prestaciones. El plan deberá ser visado por una comisión asesora del Gobierno. La iniciativa, además, prohibe a las isapres retirar utilidades hasta el pago total de la deuda. Según los resultados a marzo, las aseguradoras sumaron su noveno mes de pérdidas, con -2.152 millones de pesos a marzo.

Asimismo, plantea el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud y la modernización del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) donde está el 80% de la población, unos 15 millones de chilenos. En ese punto, propone una nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) donde se pague un monto plano fijo mensual, con opción de atenderse en prestadores privados, según se determine, y a la que puedan acceder los tramos de menores ingresos que hoy están en el sistema público.

Para efectos de cumplir con los plazos, puesto que el Congreso no alcanza a tramitar esta ley para el 30 de mayo, el superintendente de Salud, Víctor Torres, pidió el miércoles una prórroga de seis meses a la Corte Suprema, solicitud que aún no ha sido respondida.

Devoluciones por 1.400 millones de dólares

Según los cálculos de la superintendencia, las isapres deberán devolver a sus afiliados poco más de 1.400 millones de dólares por exceso en sus cobros, lo que equivale, según han indicado en la industria, a cuatro veces el patrimonio actual de las aseguradoras y a las utilidades generadas en los últimos 33 años. Además, aplicar la tabla de factores sin distinciones de sexo o edad, implicaría rebajar el valor de al menos 725.878 contratos. Eso significaría una caída de entre 6% a 10% de los ingresos mensuales de las aseguradoras lo que, según sus cálculos, proyectado a 10 años, equivaldría a casi 100 años de utilidades.

El cumplimiento a rajatabla del dictamen de la Suprema provocaría inevitablemente, según las isapres, la quiebra del sistema de seguros de salud privado en Chile, que atiende al 17% de la población del país, en particular, las personas de mayores ingresos. Por lo mismo, la industria esperaba que el proyecto planteara alguna salida alternativa. Pero los ánimos no se han tranquilizado y, por el contrario, el debate se ha encendido.

“El proyecto fue un engaño y fuerza una falla sistémica en el acceso a la salud de todos los chilenos”, señaló la Asociación de Isapres en una declaración pública entregada el jueves. Agregó que la iniciativa legal no tiene factibilidad alguna y denota “una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de isapres y, en particular, con los enfermos”. Para la industria, el proyecto “disfraza un cierre por secretaría del sistema de isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa [el sistema público], que no da abasto para atenderlas”. “Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas”, sentencia.

Para el exsuperintendente de Salud y académico de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza, la lectura sobre el proyecto es clara: “El Gobierno está tomando la decisión de dejar caer el sistema de isapres”. A su juicio, no era necesario presentar una iniciativa legal para pedir que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y que el haber incluido en la ley la modernización de Fonasa, deja entrever que lo que se quiere a través de este texto es avanzar en un plan universal de salud, una de las promesas de campaña del Gobierno de Boric.

Esto, a su juicio, se refleja en que quien “ha tomado el pandero” del actual proyecto es el superintendente Víctor Torres (militante democristiano), y no la ministra de Salud, Ximena Aguilera (independiente), la que en un principio había planteado un borrador de proyecto que rebajaba a 140 millones de dólares la deuda que tenían que pagar las isapres y otorgaba un plazo mayor. Ese texto fue rechazado por el comité político –los ministros políticos del primer anillo del presidente– por considerarlo un perdonazo, según trascendió en publicaciones de prensa local.

Un estudio reciente del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo (UDD), que analiza el proyecto de ley corta, plantea que “las aseguradoras y sus inversionistas deben evaluar las necesidades de aumento de capital para asumir el pago en efectivo, ya sea en prestaciones, dinero o cobertura”. Y alerta que “el efecto más notorio de inviabilidad de las isapres, llevaría a una disminución de aseguradores o su inexistencia, cambiando el sistema de salud en Chile hacia uno con un solo asegurador estatal (Fonasa)”.

En su análisis, el documento considera que es necesario separar el proyecto que se requiere para resolver el problema que abrió el fallo de la Corte Suprema de la reforma que busca resolver los temas estructurales del sistema de salud, “cuya discusión y resolución se ha postergado por 10 años”.

Una reacción “desproporcionada y visceral”

Existen en Chile expertos en salud, sin embargo, que consideran que el proyecto propuesto por el Gobierno es el adecuado. Álvaro Erazo, que fue ministro de Salud del Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), plantea que la actual Administración estaba obligada a presentar una iniciativa con medidas concretas para cumplir el fallo de la Corte Suprema. “La controversia que se ha generado sobre la crisis terminal a la que pudieran llegar las isapres, no pondera adecuadamente la obligatoridad de los fallos judiciales”, dice.

Erazo valora los elementos de gradualidad que incorpora el proyecto –que plantea que las aseguradoras podrán restituir los excedentes en cuotas mes a mes sin establecer plazos– y que, al poder pagar a través de las propias prestaciones de salud, se está ayudando a apuntalar la industria de salud privada, que podrían presentar problemas de liquidez si es que disminuyen los contratos con el ajuste de los precios.

El ex titular de Salud considera “desproporcionada y visceral” la reacción de la Asociación de Isapres de Chile. “Aunque, por cierto, siempre ha estado el fundamento de que es imposible la restitución financiera en términos de montos, no ofrecen ninguna solución”, señala. Erazo agrega que así como se han enfrentado crisis bancarias, y de otros rubros, lo natural es que las isapres actúen colaborativamente para que “sigan aportando al sistema de salud chileno”. “Creo que darlas por muertas y las visiones lapidarias que se han escuchado, no contribuyen en nada en las soluciones para buscar su subsistencia”, remata el médico socialista.