Resistencia Mapuche Lavkenche: cómo es el grupo radical que está en la mira de la Fiscalía por el crimen de los tres carabineros
El Ministerio Público encuentra evidencia balística en la zona donde fueron asesinados los funcionarios, que coincide con un atentado incendiario a una empresa en 2022 y con el robo de una camioneta en 2023
![Resistencia Mapuche Lafkenche](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/QFK7BWNCKJEY5J27YEXN7AKJPU.png?auth=3648d778eccd3585e4017fba5f00b2bd2c89c66f15e03eef0d055a9780c0146a&width=414)
![Ana María Sanhueza](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F93cbfdee-277d-46b1-bfe9-01bf3071a728.png?auth=75ca7e78f1d9fd12cc8bda4074156011735aceff1493fd14e47a0a8415d9c36d&width=100&height=100&smart=true)
La mañana 28 de abril de 2022, en plena pandemia, entre las 8.20 horas y las 11.00 horas, hubo atentados en siete epicentros en el municipio de Los Álamos, en la provincia de Arauco, en la zona centro-sur de Chile, protagonizados, según testigos, por más de 40 encapuchados armados que realizaron disparos al aire en distintos lugares. Uno de los blancos fue una empresa de áridos, donde amenazaron de muerte a sus trabajadores y quemaron más de 30 camiones, además de maquinaria pesada. Al día siguiente, el ataque se lo adjudicó la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), uno de los siete grupos radicales mapuche que operan en la Macrozona sur. “Con esta acción reivindicamos a nuestros presos políticos mapuche secuestrados en las distintas cárceles instaladas en Wallmapu”, señalaron entonces en un comunicado público.
Más de dos años después, la evidencia balística que fue hallada en el ataque a la empresa de áridos, donde la policía encontró más de 30 cartuchos percutidos, de 9 y 12 milímetros, usados en escopetas, ha coincidido con los rastros de armamento que fueron encontrados en el mismo sector donde el 27 de abril fueron asesinados, y luego quemados, los tres carabineros que patrullaban en la localidad de Antiquina, según reveló Canal 13. Los funcionarios pertenecían a la comisaría de Los Álamos, el mismo municipio que sufrió la seguidilla de atentados en el año 2022. Por ello, esa evidencia hoy se ha convertido en una de las pistas que tiene el fiscal Roberto Garrido, quien lidera la investigación del triple homicidio, y que le ha permitido ir acotando su indagatoria hacia quienes pueden estar detrás del crimen que ha impactado a Chile: ha dicho que las pesquisas se dirigen hacia “individuos que están desde hace muchos años trabajando en organizaciones criminales, que son las que operan precisamente en la región del Biobío y en la región de La Araucanía”.
Pero no es la única pista. En 2023, un grupo de sujetos ocupó un calibre similar de munición de escopeta, en una encerrona –una modalidad violenta de robo violento de vehículos en Chile–, en una zona rural del Biobío. Los delincuentes, que conducían una camioneta robada, atacaron a los trabajadores de una empresa telefónica para robar también una camioneta de servicio.
Este martes, Garrido ha reiterado que las comparaciones balísticas que se han encontrado “nos indican que las personas son las mismas. Pero estamos hablando de un universo importante de personas”, por lo que en esta etapa aún no es posible identificarlas. “La cantidad de casos que se pueden vincular son muchos y, justamente, en ese trabajo de análisis estamos abocados hoy. Y va a requerir de mucho tiempo”, agregó.
Tanto el atentado de abril de 2022 como la encerrona de 2023, son una muestra del tipo de grupos que operan en la Macrozona sur en Chile, que han derivado a cometer delitos propios del crimen organizado, como el robo de madera y de vehículos, el tráfico de armas y de drogas además de extorsiones. El corolario ha sido el homicidio de los tres carabineros, quienes fueron asesinados cerca de la una de la madrugada del sábado 27 de abril cuando realizaban una labor habitual en su patrulla: controlar medidas cautelares de personas que cumplen arrestos domiciliarios, según la determinación de la justicia.
“Hay que ser precisos. No hay organizaciones de violencia radical distintas a las organizaciones criminales. Estas son agrupaciones conformadas por personas que a veces participan de hechos donde reivindican políticamente la libertad de una persona y, en otras ocasiones, cometen delitos como robos con intimidación u otros”, dijo el fiscal el lunes a Radio ADN.
De la violencia rural a la “lógica de la mafia”
Tras el crimen de los tres funcionarios, Garrido, quien es jefe regional de la Fiscalía de La Araucanía y lleva más de una década investigando atentados en la Macrozona sur, ha dicho que hoy los integrantes de grupos como la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), y también ha incluido a Weichan Auka Mapu (WAM), operan con “la lógica de la mafia”. Es una aseveración similar a la que ha mencionado en su cuenta pública en enero, cuando señaló que “había que evitar eufemismos que disfracen esta violencia irracional y delictiva con un velo de justificación”.
“Durante demasiado tiempo, nuestra región también ha sido afectada por una problemática delictiva que hasta ahora hemos denominado como ‘violencia rural’. Este término abarca todas las acciones delictivas asociadas a grupos radicales que, en ocasiones, buscan justificar sus actos como una reivindicación de derechos ancestrales. No obstante, creo que la solución a este fenómeno criminal no solo se encuentra en entender sus causas y manifestaciones, sino también en evitar eufemismos que disfracen esta violencia irracional y delictiva con un velo de justificación”, dijo en su cuenta pública.
Y agregó: “Los distintos grupos organizados que operan en la Macrozona sur, más allá de sus diferencias, comparten el deseo de ‘control territorial’. ¿Para qué? Para dominar a la población de ciertos territorios, perpetrar robos, cultivar drogas o expulsar a quienes no cooperen con sus actividades criminales. No se observan discursos políticos, propuestas, demandas o interlocutores válidos. Incluso, es difícil considerarlo una forma de protesta, ya que el ideal reivindicatorio de los derechos del pueblo mapuche ha sido reemplazado por el ánimo de lucro, y el respeto por la autoridad tradicional ha sido suplantado por la vanidad de quienes se benefician de la extorsión, el homicidio y la violencia en cualquiera de sus formas”.
27 años de atentados
El primer grupo radical que comenzó con los ataques en la Macrozona sur fue la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), liderada por Héctor Llaitul. Su violencia debutó con un atentado en diciembre de 1997, en Lumaco, en la región de La Araucanía, cuando tres camiones fueron quemados. Fue el hito que marcó a la zona. 27 años después, Llaituil, de 56 años, ha sido condenado por un delito común, robo de madera, además usurpación de tierras y atentado contra la autoridad. La sentencia fue a 23 años de cárcel.
Con el tiempo, a la CAM se fueron sumando nuevas organizaciones, entre ellas la RML y la WAM. El abogado Pablo Urquízar, exdelegado presidencial de la Macrozona sur del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), de la derecha tradicional, autor del libro Radiografía de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur: Problemas y desafíos actuales, lanzado este año, dice a EL PAÍS que la RML se dio a conocer el 13 de abril de 2020, con un atentado en la Ruta P72, la misma peligrosa carretera por la que transitaban los tres policías asesinados. Fue un ataque, describe, “con más de 70 personas con vestimenta paramilitar y con fusiles de guerra en el que dispararon contra civiles y carabineros”.
![Militares y policías realizan operativos en Concepción, luego del ataque fatal del 27 de abril.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/HEZLGDTWIBZUDKTZKTPFPP2BTE.jpg?auth=86f1137f6f7a39cf346787cdd59b1750cc6cb94178a4fd1806df4a9eefeafbed&width=414)
Urquízar señala que el modo de operar de la RML tiene una doble dimensión: “De terrorismo, propiamente tal, vinculado a la idelogía de liberación nacional de tinte separatista, y también, desde el punto de vista del crimen organizado, basado en el robo de madera, tráfico de armas y de municiones y, en menor medida, tráfico de drogas”.
La WAM se dio a conocer cuatro años antes, en 2016, pero, explica el abogado, consigna atentados desde 2013. Surgió como una escisión de la CAM, tras el homicidio en 2013 del matrimonio Luchsinger Mackay, quienes murieron quemados dentro de su casa en Lumahue, en Vilcún, en la región de La Araucanía, y que la CAM rechazó. “La WAM tiene un tinte especial, que dice que su enemigo a destruir son tanto la iglesia católica, como las evangélicas, pues la señalan como la forma de dominación por parte del Estado al pueblo mapuche”.
El fiscal Garrido ha dicho que es una posibilidad que integrantes de estos grupos puedan estar implicados. Pero también ha señalado, como explicó a Radio ADN, de que no hay certeza exactamente de quiénes los integran: “Hemos encontrado coincidencias en acciones de personas que un día participan en una agrupacióm como Resistencia Mapuche Lavkenche y, otras veces, como Weichan Auka Mapu. A veces utilizan un nombre u otro. Esto parece estar más bien vinculado a un grupo de personas que operan indistintamente de acuerdo con sus intereses criminales”.
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