La justicia chilena condena a 23 años de cárcel a Héctor Llaitul, líder de la primera organización violenta mapuche

La justicia chilena ha condenado este martes a 23 años de cárcel a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la primera organización mapuche en Chile que comenzó a usar la violencia en la reivindicación de tierras en la zona sur de Chile a fines de los años 90. Llaitul, de 56 años, ha sido sentenciado por el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, ciudad ubicada a unos 640 kilómetros al sur de Santiago, en la región de La Araucanía, por hurto de madera, usurpación de tierras y atentado contra la autoridad. Al haber sido invocada la Ley de Seguridad Interior del Estado, las penas son más altas pues implican delitos contra el orden público.

El líder y fundador de la CAM fue detenido por dos detectives de la policía de Investigaciones en agosto de 2022 en Cañete, en la región del Biobío, cuando entró al almorzar a un local, la Cocinería del Sur. La organización que fundó cometió su primer atentado el 1 de diciembre de 1997, cuando fueron incendiados tres camiones en Lumaco, en La Araucanía. Fue un hito que dio inicio a la violencia en la Macrozona Sur chilena, pues en adelante se fue extendiendo también a otras regiones, como la del Biobío y Los Ríos. Hoy al menos hay otros seis grupos radicales que usan la violencia en esos sectores, reivindicando el conflicto por las tierras, y que han quemado casas y predios y tomas de terrenos.

En su lectura del fallo, el juez Jorge González señaló que se le condenó a 15 años como autor delito consumado y reiterado contra el orden público, cinco años como autor del delito consumado de hurto de madera a empresas forestales y a otros tres como autor del delito consumado de atentado en contra de la autoridad.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha dicho que el Gobierno considera esta condena como “un logro importante” y que “hoy, se marca un hito”. “En lo que ha sido la historia de este conflicto, que es una historia larga, de siglos, la CAM ha cumplido un papel muy emblemático porque tras el retorno de la democracia en 1990 fue quizá la primera orgánica que fue tomando el camino de la violencia como vía para hacer la reivindicación. Nosotros esperamos que esta sentencia ayude a dejar atrás esa etapa”.

Llaitul ya había sido declarado culpable por el tribunal el 22 de abril y este martes han sido precisados sus años de prisión, los que debe cumplir en forma efectiva, según estableció la justicia chilena. Ese día renunció a su derecho de guardar silencio: “Nos hemos levantado con el legítimo derecho a reclamar y no porque se me condene van a terminar con esta reclamación (...) y con nuestra verdad, que les duele al empresariado y al sistema colonial”.

La condena a Llaitul ha implicado diversas medidas de seguridad en la Macrozona Sur de parte de las autoridades, donde ha sido declarada una alerta roja ante posibles atentados. Es un sector que se encuentra desde hace dos años con estado de excepción constitucional, que implica la presencia de las Fuerzas Armadas. Pero con un resguardo especial desde hace dos semanas, luego que el 27 de abril, en Cañete, en la región del Biobío, tres carabineros fueron asesinados a balazos y luego calcinados al interior de la camioneta que patrullaban. Sus cadáveres fueron abandonados en la compleja ruta P 72 y la Fiscalía y la policía están en búsqueda de sus autores y mantiene varias hipótesis abiertas por los asesinatos, entre ellas el crimen organizado.

La investigación de los delitos por los que Llaitul ha sido condenado fue liderada por el fiscal Roberto Garrido, jefe regional de La Araucanía, quien también ha sido nombrado por el Ministerio Público para indagar el crimen de tres carabineros en la localidad de Cañete. El Ministerio había pedido 25 años de cárcel para Llaitul, pero se le han concedido 23 de prisión.

Garrido dijo que las pruebas que se obtuvieron durante la investigación, para lograr la condena, no solo fueron “de carácter testimonial”. Explicó que también se sumaron “peritajes, geolocalización del imputado en el lugar, análisis de los tráficos telefónicos y de la información obtenida de su teléfono”, lo que “permitió demostrar la participación que tenía en esos hechos y que el imputado faltaba a la verdad cuando declaraba, por ejemplo, no tener ningún contacto con armas de fuego o realizar gestiones para conseguirlas”.

Según el fiscal, la sentencia contra Llaitul marca un antes y un después, pero que no implica que se haya desbaratado a la CAM: “Esta es una orgánica que opera hace mucho tiempo, que tiene personas que simpatizan con ella y que, obviamente, van a estar dispuestas a seguir operando en la zona y que no renuncian la vía violenta y a una declaración de guerra como una forma de acción”. Y agregó que, “en definitiva, los únicos beneficiados con esa violencia son los integrantes de estas organizaciones”. Por lo tanto, dijo el fiscal, como han labrado una forma de subsistencia a través de los delitos que cometen, es probable que sigan en la misma senda. Por eso el desafío de las autoridades, aseguró, es reorganizarse también: “Estar atentos a los mercados delictuales que pretenden abordar para poder perseguirlos y obtener sentencias como la que acabamos de conseguir”.

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