En el mes de las mujeres, para no seguir llegando tarde

A inicios del mes de las mujeres, como ONU Chile destacamos la importancia de que el país haya aprobado —luego de siete años de discusión parlamentaria— la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

En 2023, según las cifras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 41 mujeres fueron asesinadas debido a su género. En lo que va de 2024, se han registrado 10 feminicidios consumados y 48 frustrados en el país. Según la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género 2022-2023 del Minsal, una de cada cinco mujeres encuestadas fueron víctimas por primera vez de abuso sexual a los 12 años en promedio. Cifras escalofriantes que reflejan las múltiples expresiones y ámbitos en que ocurre la violencia de género. Diez son muchas mujeres para las que ya no hay una segunda oportunidad. Con ellas se fueron sus sueños y proyectos de vida. Diez mujeres que no van a seguir aportando a sus familias, su comunidad y al país en su desarrollo. Cuarenta y ocho feminicidios frustrados nos deben hacer reflexionar sobre la urgencia de actuar y atender a las sobrevivientes y a su entorno, pero también lo esencial de reforzar la prevención de la violencia en todas sus formas y a la respuesta integral de parte del Estado.

Desde ONU Chile celebramos la aprobación de esta ley porque, además de abordar la violencia contra las mujeres y niñas en todas sus manifestaciones, amplía las medidas cautelares a agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia como es el pololeo [noviazgo]. La violencia de género, incluye la violencia física, sexual, psicológica, y económica. Además de la muy importante violencia simbólica, para la que establece mecanismos de reclamación; así como la violencia gineco-obstétrica, que se establece como una agravante.

A lo anterior, se suma el fortalecimiento de las medidas cautelares y la ampliación de los delitos por razones de género; así como la incorporación de hijos e hijas como víctimas de la violencia que sufran sus madres o cuidadoras. También se destaca la obligación del Estado de actuar de manera coordinada en la gestión de los casos, asegurando atención a las víctimas y su acceso a los servicios esenciales, tales como psicosociales, sanitarios y legales; garantizando además su protección y reparación. Puntos de gran relevancia para perfeccionar la respuesta y la prevención de la violencia, que es clave para cambiar la trágica realidad actual.

Junto a los deberes del Estado en la materia, la ley establece la creación de una comisión articuladora de los servicios del Estado estipulando la coordinación intersectorial como una obligación. De esta comisión depende el funcionamiento del sistema integrado de información que permitirá proveer evidencia para la elaboración del Plan Nacional contra la Violencia, fundamental para generar una mejor respuesta a las necesidades de las mujeres y niñas víctimas.

Todas medidas concretas y relevantes a la hora de cumplir con el objetivo de que el Estado promueva la igualdad de derechos. Para ello hay que trabajar sobre los estereotipos, los prejuicios y las prácticas sociales y culturales que se basan en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, que naturalizan y reproducen la discriminación, reconociendo los riesgos e impactos de estas normas en las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad, en particular las que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y violencia.

La nueva norma va en línea con el Compromiso de Buenos Aires, en que los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se comprometieron a impulsar la adopción e implementación de leyes, políticas, planes de acción integrales y multisectoriales, y programas educativos de sensibilización, para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación por razón de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad, en sus diferentes ámbitos y manifestaciones

Con esta ley, Chile se suma a los países que ya cuentan con legislación integral en América Latina con el fin de avanzar en los derechos de las mujeres. Como Naciones Unidas en Chile seguiremos trabajando en la prevención de la violencia de género en todas sus expresiones, incluida la puesta en marcha de esta nueva ley, como parte de nuestro compromiso con el país establecido en el Marco de Cooperación vigente 2023-2026.

Frente a estos relevantes avances para las mujeres y niñas de Chile y para no seguir llegando tarde es esencial la pronta promulgación de ley. Por Javiera, Guirnet, Tabita, Michelle, Ruby, Ari, Karina, Madely, Kissinver y María, quienes fueron asesinadas este 2024.

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