La policía chilena detiene en un golpe inédito a 55 empresarios acusados de fraude tributario

La Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha detenido a 55 empresarios por, presuntamente, emitir unas 100.000 facturas falsas, a través de más de 340 contribuyentes, que supondría un perjuicio fiscal por un monto cercano a los 240 mil millones de pesos chilenos (unos 276,3 millones de euros).

Luego de 83 de allanamientos a domicilios en una decena de regiones en el país se ha desarticulado a una organización criminal que estaría compuesta por siete clanes.

En concreto, un centenar de empresas estarían relacionadas con la emisión de facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias o adulteradas. En el procedimiento policial, denominado Operación tributos, fueron recuperados unos 14 millones de pesos (14.700 euros) y unos 15 mil dólares en efectivo, más de 300 coches con prohibición de enajenar, inmuebles, entre otros bienes.

Los detenidos fueron formalizados este viernes, en su mayoría, por presuntamente cometer delitos tributarios, asociación ilícita, fraude aduanero y lavado de activos. Tras el control de detención, 29 han permanecido arrestados; mientras el resto, entre ellos la excandidata republicana al Consejo Constitucional, Ximena Jiménez, han sido liberados y citados a comparecer el próximo lunes.

La investigación, encabezada por el fiscal Eduardo Baeza, en conjunto con la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional de Chile, ha destapado uno de los fraudes con facturas falsas “más grande” de la historia de este país, ha comentado en su cuenta de X el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo Pinto.

El subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer, ha detallado que los empresarios detenidos pertenecían a distintos rubros económicos, aunque la mayoría de las actividades ofrecidas no eran reales y su único objetivo estaba en defraudar al fisco. Ninguno de los acusados es una figura reconocida en el ámbito de los negocios, todos son chilenos y usaban compañías de tamaño mediano.

Los dos mayores gremios empresariales de Chile se han desmarcado de los acusados. La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) ha manifestado a través de un comunicado de prensa que los detenidos no pueden ser calificados como “empresarios” y ha repudiado el fraude tributario que involucra la emisión de facturas falsas y un “un desfalco millonario a la recaudación fiscal”. Lo mismo ha dicho Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC): “No son empresarios, sino un grupo de más de 50 delincuentes que forma parte de una asociación ilícita propia del crimen organizado”.

La portavoz del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, ha asegurado que están funcionando las instituciones públicas de Chile, al tiempo que ha ratificado que este “golpe a la delincuencia de cuello y corbata” se trataría del “fraude más grande” de la historia de esta nación. “Un delito de esta magnitud equivale a 40 Cesfam, más de 9 mil patrullas de Carabineros, dos cárceles de alta seguridad y cerca de 6 mil casas. En definitiva, todas las mejoras a las condiciones de vida de las personas que no llegan a quienes más lo necesitan”, ha escrito en la red social X.

Los arrestos ocurren en medio de un escándalo que sacude a una comunidad empresarial chilena y que ha llevado a iniciar investigaciones internas al regulador de valores de Chile y su servicio de recaudación de impuestos para detectar posibles sobornos a funcionarios públicos a raíz de la filtración de un audio de una conversación entre el empresario Daniel Sauer y sus abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

En el audio, revelado en un reportaje por Ciper hace un mes, los involucrados hacen alusión a posibles pagos para obtener información a través de trabajadores del SII y de la Comisión del Mercado Financiero (CMF).

Esta sería sólo una pieza de la trama que envuelve en los últimos meses a Sauer, junto a su hermano Ariel, entre otros empresarios, y conocida como Caso Factop (en alusión al nombre de las compañías controladas por la familia). Actualmente, la Fiscalía investiga a los hermanos por supuesta administración desleal y estafa mediante las empresas Factop y la extinta corredora de bolsas STF Capital.

Una de las últimas acciones legales se ha dado a finales de noviembre, cuando el SII ha presentado una querella ante un juzgado en Santiago en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, representantes de la empresa Factop, su padre, Alberto, y el abogado Darío Cuadra, por presuntamente facilitar documentación tributaria falsa entre enero de 2021 y julio de 2023.