Mario Marcel y el audio de Luis Hermosilla: “Me impresionó mucho el descaro y la crudeza de la conversación”

Chile culmina este domingo una semana álgida. La filtración de un audio en el que se escucha al influyente abogado Luis Hermosilla urdir un plan para pagar sobornos a funcionarios públicos en conjunto con su cliente, el empresario Daniel Sauer, y la jurista Leonarda Villalobos, dejó al descubierto una oscura trama que conmocionó a la opinión pública.

El escándalo, que explotó el martes pasado luego de que el medio de comunicación Ciper publicara la grabación, no dejó a nadie indiferente en el país sudamericano: las reacciones de indignación y sorpresa se multiplicaron por medios de comunicación y redes sociales. Y, desde conspicuos abogados, hasta economistas, empresarios y autoridades de Gobierno, salieron a condenar la conversación y sus consecuencias. Una de esas voces fue la del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien, en plena discusión del Presupuesto 2024, esbozó sus primeras impresiones sobre el caso: “No basta con indignarse, sino que es importante actuar de manera oportuna y decidida, y eso es lo que estamos haciendo”, dijo en el Congreso.

Tras conocerse las implicancias de la grabación, el jefe de las finanzas públicas anunció que el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric ofició a la Contraloría General de la República para que inicie un proceso de investigación, e instruyó al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el organismo que en Chile supervisa el mercado de valores, para que compartan todos los antecedentes del caso.

En esta entrevista con EL PAÍS, el secretario de Estado profundiza sobre los alcances que abre el caso, el daño que provoca al país, la falta de leyes para prevenir estos delitos y sus efectos en la discusión tributaria que, según el calendario de Hacienda, debiera retomarse en marzo del próximo año.

Pregunta: ¿Cuál fue su primera reacción al conocer los detalles del audio filtrado?

Respuesta: Me impresionó mucho el descaro y la crudeza con la que se discute una estrategia para anular o reducir sanciones a una empresa sancionada por graves transgresiones a las regulaciones financieras. El pago de coimas se revela como un elemento más de un mecanismo para eludir responsabilidades legales.

P. ¿Conoce a Luis Hermosilla? ¿Ha trabajado con él en alguna oportunidad?

R. Luis Hermosilla es un abogado conocido en nuestro país, pero no lo conozco personalmente y menos he trabajado con él.

P. ¿Cuál es su opinión sobre los hechos descritos en el audio?

R. Es de la máxima gravedad que existan abogados y oficinas de asesores de empresas que busquen obtener beneficios para sus clientes por la vía de pagar o intentar pagar sobornos a funcionarios públicos, cuya función es velar por el cumplimiento de las leyes y el buen funcionamiento de los mercados. Es alentador, sin embargo, saber que las duras sanciones impuestas a las empresas involucradas surgieron de investigaciones de la CMF, las que se intensificaron al detectar que estas intentaron seguir operando después de suspenderse sus funciones. En agosto de este año, después de la fecha de las grabaciones, STF Capital Corredores de Bolsa y sus directores, Daniel Sauer y Ariel Sauer, y su gerente general, Luis Flores, fueron sancionados con la máxima severidad por la CMF, suspendiéndose, además, las operaciones de Factop Corredores de Bolsa de Productos.

P. ¿Por qué el Gobierno decide intervenir en este caso y oficiar a la Contraloría General de la República para que inicie un proceso de investigación?

R. Las instituciones públicas han actuado en varias dimensiones. En primer lugar, apenas conocidas las grabaciones el Ministerio Público abrió un expediente de investigación y el SII y la CMF denunciaron a los participantes en la reunión por el delito de soborno. Al mismo tiempo, ambos servicios iniciaron sus investigaciones internas para detectar irregularidades y como Ministerio de Hacienda pedimos a la Contraloría hacer lo suyo. El Estado ha actuado con la máxima diligencia, usando las facultades a su alcance para indagar y sanciona.

P. ¿Es usual que el Gobierno oficie en estos casos?

R. No son usuales los casos de cohecho en Chile, y menos con participación de abogados cuya obligación es el respeto de las leyes. Por eso hemos actuado con medidas que no son tan usuales. Es muy importante que el Estado actúe con celeridad y firmeza, activando todo lo que esté a su alcance para esclarecer los hechos y evitar que estas conductas se repitan. No podemos normalizarlas.

P. También se instruye al SII y a la CMF para que compartan todos los antecedentes del caso para entregarlos a Contraloría. ¿Es necesaria la instrucción del Gobierno para que se entreguen estos antecedentes?

R. Dada la publicidad que han recibido las grabaciones es necesario actuar proactivamente, recabando información y entregándola al órgano contralor. En las investigaciones internas se ha nombrado fiscales con las facultades y recursos para actuar.

P. ¿Cuál es el principal daño que provocan los hechos descritos en el audio en la sociedad, a su juicio?

R. La principal amenaza es a la confianza en las instituciones, el Estado de derecho y la fe pública. Aun cuando toda persona y empresa tiene derecho a defenderse de los cargos que se les haga, esta defensa debe ocurrir por canales legítimos. La confianza en las instituciones se pone en riesgo cuando personas poderosas pueden utilizar sus recursos para desarrollar estrategias que las liberan de responsabilidades y sanciones. Asimismo, de los funcionarios públicos se espera un trato ecuánime, apegado a la ley. La fe pública es fundamental para el funcionamiento de muchos mercados, especialmente el financiero.

P. ¿Es aplicable la reciente Ley de Delitos Económicos a los involucrados en este caso de comprobarse el pago de sobornos?

R. Veamos cómo primero se desarrolla la investigación y si se logra determinar si los hechos se produjeron antes o después de su entrada en vigencia (agosto). De todas formas, son justamente casos como estos que demuestran la importancia que hayamos impulsado y tramitado esta Ley, que elimina los atenuantes que evitaban que delincuentes de cuello y corbata terminaran en la cárcel.

P. De comprobarse la veracidad de los hechos relatados y la concreción del pago de sobornos, ¿cree que los involucrados deben pagar con penas de cárcel?

R. No me corresponde a mí definir las penas específicas que puedan ser aplicables. Primero debemos esperar la investigación y luego que la justicia castigue a los culpables de manera ejemplarizadora.

P. ¿Daña la visión internacional sobre Chile que se revelen casos de esta naturaleza en el país? ¿Ha recibido llamados o mensajes de organismos internacionales consultando por estos hechos en los últimos días?

R. Casos como estos remecen a todos los países cada cierto tiempo. En algunos son más frecuentes que en otros. Chile es reconocido como un país donde se cumplen las leyes y los reguladores son serios, lo que no creo que se vaya a cuestionar como producto de este caso. No he recibido llamadas o consultas de fuera del país, pero eso no quiere decir que no se esté prestando atención al caso.

P. El Gobierno se encuentra actualmente tramitando un Pacto Fiscal que incluye una reforma tributaria para aumentar la recaudación de impuestos. En el audio se da a entender que uno de los involucrados, gracias al pago de sobornos, habría logrado no pagar sus impuestos correspondientes en ocasiones anteriores. ¿Cómo afectan estos nuevos antecedentes la discusión tributaria?

R. Desde sus inicios, la Reforma Tributaria y el Pacto Fiscal ha tenido como un eje fundamental la lucha contra la evasión y elusión de impuestos, con propuestas destinadas a cerrar resquicios, aumentar la información disponible para los fiscalizadores, dotarlos de capacidades y recursos para ejercer su labor. Todo ello no sin resistencia de algunos sectores políticos y gremios. Espero que este caso permita crear mayor conciencia del gran daño e injusticia que significa que contribuyentes de mayores recursos utilicen argucias para eludir las obligaciones tributarias que la gran mayoría de la población cumple. En el trabajo para el Pacto Fiscal se contempla una reforma legal destinada expresamente a este objetivo, la que incluye facilitar el levantamiento del secreto bancario, el intercambio de información entre fiscalizadores y sanciones a quienes asesoren a las empresas a diseñar esquemas agresivos de elusión.

P. ¿Cree que es necesario incorporar mayores controles en el SII?

R. La corrupción es una moneda de dos caras: la del corruptor y la del corrompido. Es importante que en este caso se investigue y se sancione a ambos. En el caso del SII, las investigaciones en desarrollo nos podrán ayudar a identificar no sólo a eventuales responsables, sino también a saber si hay controles que se debieran reforzar o complementar. En todo caso, hay que decir que en nuestra administración tributaria las decisiones no se adoptan discrecionalmente por un funcionario, sino que siempre hay instancias de revisión y apelación.

P. ¿Considera que en Chile faltan mecanismos de control para prevenir este tipo de delitos?

R. Está en el Congreso un proyecto de ley sobre Inteligencia Económica contra el Crimen Organizado que establece unidades de inteligencia en el SII y el Servicio de Aduanas, dotadas de mayores facultades investigativas y mayores exigencias a sus integrantes, las que en este caso podrían haber sido de gran utilidad. Ojalá este caso nos ayude a acelerar la tramitación de esa iniciativa.

P. ¿Cómo espera que termine este caso?

R. Que se esclarezcan los hechos por completo y se castigue a los culpables lo más pronto posible. También que con ello seamos capaces como sociedad de exigirle probidad tanto al sector público como al sector privado.