Boric promulga una ley contra los delitos económicos: “Contribuirá a recuperar la confianza”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha promulgado este lunes la ley contra los delitos económicos y el medioambiente, los que en el país sudamericano son conocidos como de cuello y corbata. Lo hizo en medio de un complicado momento para su Administración debido a la expansión del ‘caso Convenios’, que ha impactado principalmente al Frente Amplio, su coalición. La investigación que lleva adelante la Fiscalía trata sobre traspasos de recursos públicos a fundaciones privadas afines políticamente al oficialismo y avanza con en una treintena de reparticiones públicas en distintos puntos del país.

En un acto público en el Palacio de La Moneda, el mandatario de izquierda ha firmado el documento que pone en marcha la nueva legislación. La normativa avanzó luego de que la semana pasada el Tribunal Constitucional (TC) le diera luz verde, desestimando las reclamaciones del la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) —el principal gremio empresarial chileno— y de parlamentarios, quienes impugnaron algunos de sus artículos.

“Desde hoy Chile tiene una nueva ley para sancionar de mejor forma los delitos económicos y ambientales, que tanto daño han causado a nuestra sociedad. Un daño que es difícil de cuantificar. Estoy seguro que esta ley contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en estos últimos años”, ha dicho el presidente, quien destacó que “hay una percepción en la ciudadanía de que a veces pareciera existir dos justicias, una para ricos y otra para pobres”.

Boric ha expresado este lunes, además: “Muchas veces me preguntan qué es lo que yo espero al final de nuestro mandato, y más allá de las políticas públicas, de las grandes obras, más allá de las cifras, un bien intangible que para mi es prioritario, es la recuperación de la confianza interpersonal en nuestra patria, pero también de la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, que están y deben estar para protegerlos y no para abusarlos o permitir que se instale una sensación de abuso de ellos”.

Lo ha dicho justamente cuando el caso Convenios muestra un alto nivel de desconfianza de la gente. La encuesta Cadem del domingo pasado indicó que el 91% de los chiloenos sigue pensando que la crisis generada por el traspaso de dineros por parte del Estado hacia distintas fundaciones es un acto de corrupción y 85% que es una práctica generalizada y no un hecho aislado.

La nueva ley sistematiza las infracciones cometidas en el marco de la actividad económica. En el detalle, se crearán cuatro categorías de delitos económicos: de primera categoría [contra el mercado de valores y bancarios]; de segunda categoría [delitos tributarios y contra el medio ambiente]; de tercera categoría [malversación de caudales públicos y cohecho]; y de cuarta categoría [lavado de activos y receptación]. Además, se establecen multas más altas, penas efectivas y la inhabilitación de los condenados para trabajar en servicios del Estado.

La propuesta, que fue despachada por el Congreso chileno, surgió en respuesta de algunos casos de colusión registrados en la industria farmacéutica y de los pollos. Los parlamentarios también crearon la normativa motivados por las consecuencias de los casos Penta y SQM, en donde se investigó la financiación irregular de la actividad política.

La ley contra los delitos económicos coincide con la investigación que afecta a varias entidades del Gobierno, tanto a nivel nacional como en las gobernaciones regionales, por los millonarios convenios suscritos con organizaciones por supuestas labores sociales. La trama se abrió hace casi dos meses en la región de Antofagasta, a 1.300 kilómetros al norte de Santiago, donde se detectó un trato por 426 millones (unos 500.000 dólares) entre la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y la fundación Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade, expareja de la diputada por la zona, Catalina Pérez. Todos los involucrados militan en Revolución Democrática, RD, uno de los partidos importantes del oficialismo y de la nueva izquierda chilena.

El Ejecutivo de Boric ha respondido a esta controversia con la instalación de una comisión de probidad, la que tendrá como misión recomendar las acciones que permitan mejorar la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, para evitar que se cometan delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En lo político, la Administración de izquierdas ha visto caer a dos subsecretarias –las número dos de Cultura y de Vivienda– y mantiene en vilo la situación del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el principal aliado del mandatario, quien es uno de los fundadores de RD y es duramente cuestionado por la oposición.

El domingo pasado, por el día de la niñez, que se celebraba en Chile, el presidente tuvo un encuentro en vivo con menores a través de Instagram. Un adulto, sin embargo, le preguntó por el dinero que se había llevado, a lo que Boric respondió: “Yo no me he llevado plata, jamás. Y los que lo hagan tienen que pagar y responder ante la justicia. Eso no lo vamos a justificar jamás”, aseguró el mandatario, que enfrenta un complejo momento político por el caso Convenios.