Boric responde al escándalo que azota al Frente Amplio con una comisión de probidad

El presidente Gabriel Boric ha anunciado este lunes la creación de una comisión para la probidad y transparencia para hacer frente al escándalo político que ensombrece la promesa de honestidad del Frente Amplio, la coalición del mandatario. Los cinco expertos que integran la comisión tienen 45 días para recomendar medidas que mejoren la relación entre las fundaciones de la sociedad civil y el Estado. El anuncio de Boric es un intento de La Moneda por aplacar el impacto de lo que se conoce como Caso Convenios: una investigación de la Fiscalía por posibles delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos que involucra a figuras de Revolución Democrática (RD), la principal fuerza política de la coalición del presidente chileno.

La trama que complica al Gobierno de Boric estalló cuando se hizo público que la Fundación Democracia Viva, ligada a RD, recibió un millonario aporte directo de unos 530.000 dólares provenientes de la secretaría regional de Antofagasta del Ministerio de Vivienda, en el norte del país. Los involucrados en el traspaso pertenecían al mismo partido y al círculo de la diputada Catalina Pérez, también de RD, quien suspendió sus funciones como vicepresidenta de la Cámara de Diputados. El dinero del traspaso estaba destinado, supuestamente, a colaborar en la ayuda de asentamientos precarios de la región, una zona fuertemente impactada por la crisis habitacional.

La presidenta de la nueva comisión de probidad, María Jaraquemada, directora de la ONG Chile Transparente, el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional (TI), cree que se trata de un caso de corrupción. “Las instituciones van a determinar si se ha producido algún delito o infracción administrativa, pero creo que estamos ante un caso de corrupción, y la definición nuestra de corrupción es el abuso de un poder para beneficio propio. Acá hubo al menos un conflicto de interés y potencialmente tráfico de influencia y fraude al fisco”, sostuvo este lunes en una entrevista con CNN.

Los objetivos del grupo de expertos en probidad, que buscan evitar situaciones como el Caso Convenios, son: Identificar las fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas de la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado; proponer mecanismos que fortalezcan una mayor eficacia y faciliten el conocimiento sobre el uso de los fondos que se entregan en la vinculación de estas instituciones con el Estado; proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones colaboradoras del Estado, y revisar los mecanismos de control, rendición y cuentas, así como las propuestas para prevenir los conflictos de interés.

“Esta no es una comisión para la foto. Esta no es una comisión cuyo informe y recomendaciones que nos entreguen en 45 días más va a quedar guardada en un cajón llenándose de polvo. A mí, personalmente, y como gobierno, lo que nos interesa es implementar las recomendaciones”, afirmó el presidente Boric en el palacio de Gobierno. Las propuestas que presente el grupo de expertos para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y efectividad entre las fundaciones y el Estado tienen el potencial de ser proyectos de ley que se tramiten en el Congreso.

Además de Jaraquemada, la comisión está integrada por el ex contralor Ramiro Mendoza, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, la economista y miembro del Consejo Fiscal Autónomo Jeannette von Wolfersdorff, y el doctor en derecho de La Universidad de Chile, Francisco Agüero. Los nombres, todos pesos pesados que generan consenso, fueron celebrados, pero la estrategia de implementar una nueva comisión generó duras críticas en la oposición.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, de extrema derecha, escribió en Twitter: “Presidente Boric: no se necesitan más comisiones. Lo que tiene que instruirle a sus militantes es que no se roben la plata de los más pobres a través de fundaciones truchas financiadas por el Estado”. En la misma línea, el presidente del partido de derecha Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, aseguró este martes en Radio Infinita que “no se necesitan más leyes para entender que hay una red que se concertó para sacarle plata al Estado”.

A medida que aparecen nuevas aristas en el Caso Convenios y posibles irregularidades en contratos con fundaciones, la oposición presiona con más fuerza para que caigan autoridades de primera línea. El presidente Boric ya dejó caer a la número dos del Ministerio de Vivienda, la subsecretaria Tatiana Rojas, RD, pero algunos exigen la salida del titular de la cartera, Carlos Montes o de Giorgio Jackson, RD, ministro de Desarrollo Social del Gobierno y “compañero de ruta” del mandatario. La portavoz de Gobierno, Camila Vallejo adelantó este lunes que todas las solicitudes que se hagan de transparencia y de justicia se realizarán a partir de los últimos cinco años, lo que se traduce en que incluirán los convenios firmados durante la segunda Administración de Sebastián Piñera. “Esto es caiga quien caiga”, sostuvo Vallejo.