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Constitución Chile
Tribuna
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Derechos culturales, tradición y buenas costumbres: un retroceso preocupante

El Consejo Constitucional, liderado por el Partido Republicano, busca constitucionalizar una forma de administrar la cultura propia de los gobiernos autoritarios y antidemocráticos

Un hombre sostiene banderas del pueblo mapuche durante una protesta en Santiago, en septiembre de 2022.
Un hombre sostiene banderas del pueblo mapuche durante una protesta en Santiago, en septiembre de 2022.Sofia Yanjari

La reciente enmienda sobre derechos culturales emanada por el Consejo Constitucional y que consagra que “el Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura que no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país”, significa un retroceso preocupante y peligroso para Chile. En todo orden creativo y artístico, la libertad y la experimentación simbólica es un derecho humano consagrado tanto en Chile como por los organismos internacionales. Esta propuesta, inédita e incongruente con las lógicas mundiales de producción artística, significa un cuestionamiento radical a la libertad creativa.

Desde que el país retomó la democracia, los distintos sectores políticos acordaron la necesidad de evitar el intervencionismo del Estado en la producción cultural nacional, resguardando la libertad de creación y difusión de las artes. Para ello, desarrollaron instrumentos de política pública que promovieron la cultura y las artes sin interferir en sus contenidos. Ello, porque a finales de los años 80 y después de haber vivido la peor censura intelectual durante 17 años, lo que la sociedad chilena buscaba era libertad, experimentación y reflexividad simbólica: en otros términos, una sociedad democrática que no solo fomentara la creación y la participación en la vida cultural, sino también la posibilidad de cuestionar el poder instituido y fomentar los procesos creativos para expresarse y denunciar el horror vivido durante la dictadura cívico-militar.

Hoy, el Consejo Constitucional, liderado por el Partido Republicano, busca constitucionalizar una forma de administrar la cultura propia de los gobiernos autoritarios y antidemocráticos: una total intervención del Estado en la definición de la “buena cultura” y acorde a la “tradición” y la “seguridad del país”. Esto significa distinguir lo que merece ser promovido y reconocido de aquello que debe ser censurado y acallado. Como ha señalado la teoría histórica, la tradición es una invención social que refuerza los órdenes del poder y la estructura de la clase dominante. Para los que la defienden, la cultura buena es aquella que supedita los fines artísticos a aquellos fines políticos que sirven para reforzar los símbolos imaginarios de unidad. En base a ello, ¿Quién definirá cuál es la tradición chilena?, ¿Quién determinará lo que son las buenas costumbres?, ¿Qué tipo de manifestaciones culturales serán consideradas como contrarias al orden público y la seguridad del país? Probablemente bajo este panóptico censurador la mayoría de los grandes artistas chilenos y sus obras habrían sido acallados: Violeta Parra, Manuel Rojas, Andrés Pérez, Pablo de Rokha, Los Prisioneros, Ana Tijoux o el mismo Pailita. La lista podría continuar y ser infinita. Pero, sobre todo, podría generar una recesión creativa histórica.

El rol del arte y la cultura no es ser servil a las tradiciones, a las buenas costumbres ni al orden, sino justamente activar constantemente nuevos significados, nuevas relaciones sociales y nuevas perspectivas compartidas de la vida social. ¿Cómo podríamos crear nuevos sentidos comunes si toda producción cultural debe atenerse a una tradición única y predeterminada?

Nuestra constitución actual garantiza pocos derechos culturales. Sin embargo, uno de ellos es fundamental y en el que no debemos retroceder jamás: la libertad de creación y difusión de las artes. La nueva constitución que nos propone el Consejo Constitucional está buscando devolvernos al oscurantismo de la dictadura o, pero aún, de la inquisición. Es deber del mundo artístico y cultural y, sobre todo, de la sociedad toda, cuestionar y contravenir esta propuesta constitucional. De lo contrario, las artes y la creatividad cultural caerán en un oscurantismo inédito y degradante.

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