Identitarismo constitucional y derecha radical

Ya lo decía Horacio en Hamlet, de Shakespeare: “Algo huele mal en Dinamarca”. Efectivamente, un hedor está emergiendo del alambicado proceso de cambio constitucional chileno, en el que se combinan el descontento según las encuestas, la polarización de las élites y el hastío popular. Aclaremos el contexto.

Tras el rechazo plebiscitario (62%-38%) de la propuesta de nueva Constitución el 4 de septiembre de 2022 y la debacle que esto significó para el Gobierno del presidente Gabriel Boric, un nuevo proceso de cambio constitucional fue negociado y acordado hacia fines del mismo año. Este segundo proceso es la antítesis de la Convención Constitucional que fue elegida en mayo de 2021 y que fuera severamente castigada por el pueblo que ella decía representar. Si este primer proceso fue hegemonizado por constituyentes provenientes del mundo de los movimientos sociales y de la ultra-izquierda agrupada en torno a la Lista del Pueblo (en ambos casos, por independientes electos en lista, una verdadera anomalía mundial), el segundo proceso en curso está enteramente organizado por salvaguardias: desde 12 bases constitucionales que configuran un cuadro mínimo de convivencia democrática hasta la selección de un comité de 24 expertos que gozan de la confianza de los partidos y que son los encargados de redactar un primer boceto de Constitución.

Ambos elementos del proceso han resultado satisfactorios: especialmente elogiable ha sido el papel desempeñado por los expertos, quienes lograron consensuar un texto razonable y minimalista, ajeno a todo espíritu identitario, el que servirá de base para que el grupo redactor de 50 consejeros constitucionales electos al sufragio universal proponga al pueblo una nueva Carta Fundamental, la que deberá ser plebiscitada en diciembre de 2023.

Pues bien, es en el Consejo Constitucional en donde reside el problema. Contrariando todo pronóstico, la elección de consejeros constitucionales en territorios coincidentes con las circunscripciones senatoriales (otra salvaguardia) del 7 de mayo de 2023 arrojó una victoria aplastante del flamante Partido Republicano, un primo hermano de Vox en España. Con el 35% de los votos, este partido de derecha radical alcanzó por sí solo el tercio (acordado) de bloqueo, lo que significa que ninguna propuesta de nueva Constitución puede prescindir de su apoyo (lo deja de ser cierto para todas las izquierdas, cuya derrota electoral en 2023 se tradujo en carecer del poder de bloquear). Este dominio se ha traducido, hasta ahora, en un sometimiento de la derecha tradicional (UDI, Renovación Nacional y Evópoli), la que está siendo fuertemente puesta a prueba (especialmente su sector más liberal) por centenares de enmiendas republicanas al texto propuesto por el Comité de Expertos.

Es importante detenerse en las enmiendas republicanas para entender a Horacio y su “algo huele mal en Dinamarca”. Si la Convención Constitucional que fue elegida en mayo de 2021 naufragó estrepitosamente, buena parte de la explicación se encontró en lo que fue percibido por los chilenos como radicalismo identitario y una hostilidad (alentada por las noticias falsas) hacia la plurinacionalidad. Pues bien, es ese mismo sesgo identitario (el que fuese criticado por el presidente Ricardo Lagos con ocasión de su intervención en el Consejo Constitucional), en este caso de ultraderecha, el que se está observando en las enmiendas del Partido Republicano.

Este identitarismo republicano se ve muy bien en la enmienda que busca constitucionalizar la protección del “niño que está por nacer” (que, de aprobarse, eliminaría el aborto en tres causales actualmente vigente y, de paso, haría de Chile uno de los pocos países del mundo en no admitir ningún tipo de aborto), así como en la propuesta de consagrar la supremacía constitucional sobre las disposiciones de los tratados firmados por Chile en materia internacional sobre derechos humanos. Lo mismo se puede decir de aquellas enmiendas económicas tan populares como regresivas: tal es el caso de la propuesta de eximir del pago de contribuciones por la vivienda principal, de prohibir el endeudamiento público “excesivo” (sic) y de constitucionalizar la prohibición de un impuesto al patrimonio (“La ley no podrá, en caso alguno, establecer tributos que graven el patrimonio de las personas”, una propuesta insensata que fuese diplomáticamente criticada por el economista Luigi Zingales (“Un país como Suiza utiliza muy eficazmente los impuestos al patrimonio y no es un país socialista. Así que ya que Chile quiere ser la Suiza de América Latina, deberían pensar más seriamente en el impuesto al patrimonio”).

Si todas estas enmiendas constitucionales se encuentran sobre la mesa, entonces no debe ser motivo de sorpresa que una de ellas constitucionalice tácitamente el Estado subsidiario (precisamente esa doctrina que se encuentra presente en la Constitución de 1980 y de la que se quieren zafar las izquierdas), dejando en un plano secundario al Estado social y democrático de derecho (el que había sido concordado con la derecha en octubre de 2022, en una redacción ecuménica: “Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común”, un tipo de Estado que al mismo tiempo “reconoce derechos y libertades fundamentales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

Por consiguiente, tampoco puede sorprender que los consejeros constitucionales de izquierdas hayan concurrido a la Corte Suprema para reclamar por enmiendas que no estaban incorporadas en el anteproyecto de nueva Constitución del Comité de Expertos (un reclamo que fue declarado como admisible por la Corte Suprema). Todo esto refleja una verdadera escalada ante la mirada hostil de los chilenos, quienes desde hace meses vienen mostrando un mayoritario descontento (según todas las encuestas) por el curso del proceso de cambio constitucional) y una predisposición a rechazar en diciembre de 2023. De materializarse el rechazo, Chile será recordado como un caso único y fallido: superándose una vez más a sí mismo, podríamos estar en presencia de una gran y peligrosa anomalía, de un pueblo a través de sus representantes que fue incapaz de resolver su largo disenso constitucional.