En Chile fracasó el maximalismo progresista

Un proyecto constitucional considerado por distintas voces expertas y no expertas como un avance progresista inédito, alabado internacionalmente por incluir una serie de derechos sociales urgentes y en diálogo con los desafíos y las demandas del mundo contemporáneo, no logró convencer a la mayoría del pueblo chileno.

Las encuestas eran claras respecto del ascenso del rechazo, por lo que, en rigor, no debería sorprender que las proyecciones se cumplieran. No obstante, quienes votamos apruebo con alegría y esperanza —una que se conformaba con una victoria estrecha— nos preguntamos cómo pasó. No qué paso, sino cómo. ¿Cómo es posible que ganara el rechazo tan contundentemente? En preguntar, como en pedir, no hay engaño a quien especula en voz alta. ¿Será que la mayoría del país no concuerda con los derechos sociales propuestos? O que quizás, debido al voto obligatorio, ¿la ciudadanía votó desinformada del avance civilizatorio que representaba esta propuesta? ¿Que, pese a que esta fue top de ventas, el texto realmente no fue comprendido? ¿Que la mayoría del país la rechazó porque temieron que nos volviéramos comunistas, una nueva Cuba o Venezuela? ¿Porque algunos no quisieron compartir sus privilegios? ¿Porque en Chile no se reconocen a los pueblos originarios como naciones?

Estas preguntas y muchas otras se responderán paulatinamente. Mientras, nos debemos un ejercicio honesto de reflexión que se esfuerce menos en buscar culpables externos —como atribuir el resultado a campañas de desinformación focalizadas o a la cantidad sustantivamente mayor de recursos desplegadas por el territorio en favor del rechazo—, sino en ensayar la más aguda y descarnada de las autocríticas. ¿Por qué perdió el apruebo con tanta solidez? Primero, a reconocer la derrota.

En el juego democrático se debe saber perder. Y ello significa reconocer la victoria del ganador, por un lado, y a la vez, asumirse activamente como perdedores, por el otro. Activamente deberemos volver la mirada al juego desplegado sin autocomplacencia alguna. Porque la propuesta no convenció, no convocó y no logró mayoría en los votos de 13 millones de chilenos.

El peor de los diagnósticos sería comenzar a elucubrar que el rechazo ganó porque quienes votaron no conocían o comprendieron la propuesta constitucional. Pues, aun cuando esto pudiera demostrarse, lo cierto es que, en nuestro sistema democrático, el voto dice todo por sí mismo: a nadie se le examina respecto de sus conocimientos; nadie da una prueba que lo habilita como apto para el sufragio. Así, el voto, sea el que sea, tiene una legitimidad incuestionable.

Y en este ejercicio, más del 60% de los chilenos dijo que la propuesta no expresaba un sentido común compartido en su ideario político, ni en su visión de país. Tampoco logró convencer o persuadirlos de ello. La plurinacionalidad, la paridad o el ecologismo, por ejemplo, no constituyen los ejes que todo un país concuerda como materias urgentes y que deben ser asegurados como derechos fundamentales —lo que, por cierto, es comprensible—. El maximalismo progresista de la propuesta fue quizás su mayor belleza ideológica, a la vez que su mayor error estratégico: poner en la misma balanza la necesidad de asegurar un mínimo de derechos sociales —inexistentes con la actual Carta Magna— con una serie de derechos y protecciones liberales.

La propuesta de nueva Carta pasó muy rápido de atender la demanda básica y transversal por mayores protecciones y derechos sociales, a extender estas protecciones para un Chile con sentido de futuro -probablemente demasiado futuro. Los convencionales fueron demasiado lejos, muy rápido; y fallaron en poder interpretar mejor las solicitudes más sentidas del país con un cambio Constitucional.

Pero con la misma autocrítica, también debería reconocerse con generosidad, que saber interpretar a la ciudadanía fue siempre una tarea titánica. Imaginar mejor lo que demandaba aquel 80% que aprobó una nueva Constitución. Porque no olvidemos: el 18 de octubre de 2019 estalló el país entero por distintos sentires y múltiples razones; conformado por actores y grupos de los más diversos e, incluso, a veces contradictorios (como los grupos de No +TAG y los No+ AFP). Nunca fue el estallido social un movimiento puramente ideológico o político, por más que, gracias al esfuerzo de la clase política y el acuerdo por la paz del 15 de noviembre 2019, el conflicto logró tomar una salida institucional y convocara a un plebiscito constitucional.

Así, aunque la propuesta presentada no logró imponerse, el mandato por un cambio constitucional sigue intacto. Y será ahora tarea de todas las fuerzas políticas concordar un mecanismo legítimo para levantar un proyecto que sepa tomar lo mejor de la propuesta esbozada e integrar a la vez las demandas genuinas de aquel 60% de los chilenos que no quieren su maximalismo. Quizás no estábamos preparados para tanto futuro —asumirlo no debe defraudar, sino motivar a un mayor sentido histórico, como invitó el presidente Gabriel Boric— y priorizar entre lo que realmente necesita el Chile actual.

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