Patricia Bolinches
PROCESO CONSTITUYENTE CHILENO
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Chile, en un sismo político, social y económico

La rebelión masiva de octubre de 2019 abrió las puertas a una nueva Constitución y a un gobierno de izquierdas que inquietan a las élites empresarias

No ha dejado de temblar en la zona centro norte del país. Como si la falla geológica que Chile lleva en sus entrañas se hiciera eco de la otra gran fractura, social, política y económica, que emergió con violencia inédita el 18 de octubre de 2019 en una rebelión masiva que provocó una crisis institucional de magnitud no vista. La vía de escape fue el compromiso de la mayoría de las fuerzas políticas de dar paso a una nueva Constitución Política. El 80% de los ciudadanos refrendó con su voto la decisión de enterrar la Constitución que instauró el general Pinochet en 1980, en plena dictadura.

El corcoveo profundo en que Chile se sumergió tuvo un nuevo hito hace un año: la elección de los 155 constituyentes que redactarían la nueva Constitución. Un grupo histórico e inédito: paritario, con representantes de pueblos originarios, de movimientos ecologistas y sociales, políticos e independientes. Por primera vez se instaló en un centro del poder un abanico distinto a la élite tradicional que copa el Ejecutivo, Congreso, Tribunales y empresas. Poco después, una mujer mapuche fue electa presidenta de la Convención: Elisa Loncón. Una parte del país se paralogizó.

No hubo tregua sísmica. Porque luego vino la campaña y elección presidencial y en diciembre pasado fue electo Gabriel Boric (36 años). Por primera vez triunfaba el candidato de la izquierda a secas, sin alianza con el centro, con el 55,87% de los votos. El presidente más votado de la historia reciente. Le ganó a José Antonio Kast, candidato del extremo derecho. Ambos desalojaron a los dos bloques que se turnaron en la administración del poder en los 32 años de democracia, después de la dictadura. La exigencia de cambios profundos se podía masticar.

El corcoveo se hizo más profundo a partir de marzo, cuando el presidente Boric y su equipo, un núcleo joven y paritario, ocupó La Moneda. Ese grupo solo en 2011 protagonizó la gran revuelta universitaria exigiendo el fin del lucro en la educación.

Y aquí estamos, en medio del enjambre sísmico. Uno que esta semana se hizo más violento y letal. En la jornada de celebración del Día del Trabajador, el crimen organizado que controla la venta de contrabando y el tráfico de inmigrantes, armas y droga en las calles de un barrio popular de Santiago (Estación Central), disparó contra tres periodistas. Francisca Sandoval, de Canal 3 TV de La Victoria, está aún en riesgo vital. El derecho a informar fue atacado, al igual que en el resto de América Latina, en su nudo crucial: el buen periodismo.

Poco después, el sismo político encendió las redes sociales cuando en Santiago, al interior del ex Congreso Nacional, se vivió un momento histórico: el pleno de la Convención Constituyente aprobó por más de dos tercios un articulado que garantiza el “derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”. Y que el “Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución” y condiciones para las expropiaciones de tierras. Hubo exultante jolgorio en la sala.

Y se entiende. Si algo se escondió bajo la montaña y el mar de Chile fue el genocidio y expoliación de la que fue objeto principalmente el pueblo mapuche en los siglos XIX y XX. Así lo estableció la Comisión de Verdad y Nuevo Trato que instauró entre 2001 y 2003 el presidente Ricardo Lagos. Y la restitución de tierras de las que fueron brutalmente despojados es hoy el principal mecanismo para desactivar la bomba del conflicto que tiene a una amplia zona del sur invadida de violencia. La que provocan mafias del robo de madera y narcotráfico y la rebelión de grupos mapuche radicales que desafían la democracia “huinca”. El jueves 5 de abril murió asesinado otro comunero mapuche a manos de un grupo armado. La novena víctima en lo que va del año.

El movimiento sísmico se ha vuelto vertiginoso. La cuota de caos y corte de suministro de gasolina, la aportaron grupos de camioneros que en distintos puntos del país cortaron rutas exigiendo seguridad por ataques a sus vehículos y choferes en el Walmapu (zona mapuche) y delincuentes. Su petitorio, que incluyó mano dura para impedir ingreso de extranjeros y no “financiar a la ONU”, hizo recordar el paro de camioneros de 1973 -pagados por la CIA (documentos desclasificados del Congreso de EE UU)- que desabasteció el país para derrocar al presidente Salvador Allende.

Sigue temblando en Chile. Y hay pánico. El acuerdo de la Convención de restituir tierras a los pueblos originarios y la decisión sobre la propiedad de la gran minería de los próximos días encendieron alerta máxima en el mayor gremio empresarial: Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Allí donde se expresa ese 1% más rico que concentra el 49,6% de la riqueza total del país (World Inequality Report 2022) . Cifras que revelan que Chile es el país de América Latina que concentra el mayor poder patrimonial de los ultrarricos (al menos 1.000 millones de dólares cada uno). Al otro extremo, la desigualdad no ha sido permeada.

En la CPC están los directivos de dos de los grupos económicos más afectados por el acuerdo de restitución de tierras mapuche: Angelini y Matte, cuya riqueza está asentada en parte en la industria forestal. El primero, tiene poco más de un millón de hectáreas en la zona; y el Grupo Matte, 741 mil hectáreas.

Los temblores no cesan. Y seguramente aumentarán, dicen los expertos. Quedan cuatro meses para que los chilenos decidan en un plebiscito si aprueban o rechazan el texto de la nueva Constitución que se termina de escribir. De aquí al 4 de septiembre próximo (el 4 de septiembre de 1970 fue electo Salvador Allende) el enjambre sísmico será furioso. Hay miles de millones de dólares en juego. De allí la violencia. Y el miedo.

Juan Sutil, presidente del gran empresariado (CPC) lo graficó: “Este es uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Chile. Tenemos crisis social, sanitaria, económica, institucional y también de seguridad e inmigración. El plebiscito de septiembre será un hito muy complejo, probablemente se rechazará o se aprobará por un pelo. Un fracaso que hay que contener en septiembre. El sector empresarial entiende que debe haber un liderazgo claro para enfrentar este problema y ahí estaré yo en esa fecha”.

Todos toman su puesto en esta batalla que dejó expuesta la enorme fractura que divide a los chilenos cuya gran mayoría vive estrechez económica y delincuencia. El miedo es atizado por hilos opacos mientras persiste el ataque soterrado al buen periodismo. Ese que con rigor y ética recoge testimonios, imágenes, rostros y redes de quienes controlan las mafias que con armas de alto poder de fuego siembran el terror en las poblaciones más vulnerables de Chile, allí donde el tráfico de drogas, de inmigrantes y las redes del crimen organizado están fuera de control.

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