Los juzgados suspenden siete desahucios cada día en Barcelona

Los juzgados de Barcelona se ven forzados, cada vez con más frecuencia, a posponer los desahucios que ellos mismos ordenan. El año pasado dictaron 2.560 suspensiones, lo que supone una media de siete cada día. La dificultad de los servicios sociales para dar alternativas a las familias vulnerables, la poca presencia policial y, sobre todo, la presión ciudadana a pie de calle explican una práctica cada vez más frecuente. La oposición activa ha sido protagonizada, en ocasiones, por trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona, lo que ha provocado las quejas de los jueces y un enfrentamiento abierto con Ada Colau.

Los datos a los que ha accedido EL PAÍS señalan que las 2.560 suspensiones dictadas en 2019 —en ocasiones, el caso de un mismo propietario o inquilino da lugar a más de una suspensión— representan el 53% del total de 4.770 lanzamientos señalados. El porcentaje es similar al del año anterior (55%) y evidencia la dificultad de los juzgados civiles para cumplir sus resoluciones.

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En casi la mitad de las suspensiones, la causa tiene que ver con la oposición activa que las plataformas de vecinos y afectados ejercen sobre la comitiva judicial. Si esa resistencia no es desactivada por la policía el desahucio no puede cumplirse y queda suspendido. En otros casos, según denuncian los operadores jurídicos, la falta de respuesta de los servicios sociales, que tardan demasiado tiempo en dar respuesta a casos de vulnerabilidad, obliga también a aplazar las ejecuciones. Con la consecuencia lógica de que los propietarios ven cómo los procesos judiciales se eternizan.

Los activistas y las entidades a favor del derecho a la vivienda aplauden el aumento de suspensiones y lo ven como un triunfo. Los propietarios, en el otro lado de la trinchera, muestran su descontento y ven vulnerados sus derechos. Y entre ambos quedan los jueces que, aunque dicen “empatizar” con las personas forzadas a abandonar su hogar, recuerdan que su misión es que se cumplan las leyes, que deben ser “imparciales y neutrales” y añaden que han de tutelar, también, los derechos de quien demanda un desahucio.

Hace siete años, en el peor momento de la crisis económica y con un alarmante aumento de los lanzamientos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Ayuntamiento de Barcelona y otros entes firmaron un protocolo orientado en dos direcciones. Por un lado, proteger a las comitivas judiciales ante el “aumento de la peligrosidad” de los lanzamientos (con “exhibición de armas” a los funcionarios, “amenazas” y hasta “intentos de suicidio”). Por el otro, ayudar a las familias: pactaron que los juzgados informen de las situaciones de riesgo a los servicios sociales, que tienen 10 días para remitir un informe y buscar alternativas.

Las actas de las reuniones entre las dos partes desde 2015, a las que ha accedido este diario, muestran un descontento creciente con la llegada al Consistorio de Ada Colau. Ese conflicto ha estallado públicamente esta semana. Tras las críticas de los jueces por la oposición activa en algunos desahucios por parte de trabajadores municipales del SIPHO (Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda y Ocupación), la alcaldesa ha salido en su defensa y ha afirmado que seguirán actuando de la misma forma.

En las reuniones de seguimiento del protocolo, el Ayuntamiento se queja de forma recurrente de que conoce los casos vulnerables demasiado tarde, cuando el proceso está ya en la última fase. Un alto cargo del Ayuntamiento señala, por ejemplo, que en muchos casos se ven obligados a actuar “a ciegas”. La otra parte lo niega. Los secretarios judiciales denuncian que los servicios sociales no responden a tiempo. Los procuradores subrayan que los propietarios “no entienden” que tengan que esperar tanto tiempo, a veces un año, para recuperar sus fincas.

Reproches cruzados

El conflicto se hizo más evidente en la reunión de febrero de 2019. El presidente del TSJC, Jesús Barrientos, hizo aflorar las denuncias de funcionarios sobre ciertos comentarios en Twitter de concejales que “instan a parar los lanzamientos y la actuación de la comisión judicial”. Barrientos reprochó que el Ayuntamiento “inste” suspensiones provocadas por plataformas y asociaciones vecinales. Los jueces constataron que, en algunos casos, los trabajadores del SIPHO, que depende del Ayuntamiento, pusieron obstáculos al desalojo. Un alto cargo municipal replicó que es “erróneo” vincular al SIPHO con movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La realidad de las suspensiones pone en alerta a los propietarios. La responsable de la asesoría jurídica del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, Montserrat Junyent, opina que aumentan sobre todo por “la presión social y de las plataformas”. “También hay presión de los medios de comunicación, que apoyan casos que no siempre están contrastados ni responden a situaciones de vulnerabilidad”.

El aumento de suspensiones es un hecho que celebra el Sindicato de Inquilinos. “Lo vivimos felizmente. Nos da más tiempo para negociar con la propiedad o para conseguir recursos habitacionales alternativos, como un piso de la mesa de emergencia o de la bolsa de alquiler”. Las mismas fuentes señalan que, ante un lanzamiento, el sindicato se reúne con la comitiva judicial, que decide si se ejecuta.

En la misma línea, Josep Babot, del grupo impulsor de la ILP contra la emergencia habitacional, cree que hay más suspensiones porque “hay muchos más grupos de vivienda y se ha producido un empoderamiento”, y anima a que haya más porque aún se ejecutan muchos desahucios “sin alternativa viable”.

El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, atribuye las suspensiones a la “enorme presión” de las plataformas y su “fuerza en redes sociales para explotar casos mediáticos”. “Para un propietario”, dice, “supone una gran indefensión y un perjuicio económico enorme: viene de no cobrar rentas, de un viacrucis judicial, de asumir costes… la justicia no es rápida y el día que llega el momento le dicen que no”. Gorgues asegura que cuando se trata de un pequeño propietario la situación es “tremenda”. “No tiene sentido que los propietarios carguen con la falta de un parque público de vivienda”, considera. Sobre la SIPHO, conviene que “es mucho más activista y contundente a la hora de gestionar los casos que los servicios sociales, que llevan años diciendo que no quieren ir a los desahucios”.