La actuación del Ayuntamiento en los desahucios enfrenta a Colau con los jueces

La actuación de los servicios sociales y de mediación del Ayuntamiento de Barcelona en casos de desahucio en la ciudad ha provocado un enfrentamiento abierto entre los jueces y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha estallado este miércoles con reproches cruzados. El pasado mes de diciembre, a sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) instó al consistorio a "dar instrucciones precisas a los servicios sociales municipales y en especial al SIPHO (Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda y Ocupación), de abstenerse de actuaciones que impidan la ejecución" de los desahucios.

Este miércoles, la alcaldesa ha hecho pública una carta dirigida a la juez decana en la que defiende a los profesionales que intervienen en los alzamientos y afirma que seguirán actuando para evitar que familias vulnerables pierdan su vivienda. La juez decana, Mercedes Caso, que también es ponente de la sala de Gobierno del TSJC, ha respondido considerando "que es indispensable la actuación de los servicios sociales", pero ha señalado que "ha habido actuaciones de esos servicios que no se han adecuado al protocolo". "No han ayudado a cumplir la orden judicial, sino más bien lo contrario", ha afirmado.

La concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha sido muy dura y ha criticado la comunicación del TSJC. "Es un absoluto despropósito y un sinsentido que desde algún sector de la cúpula judicial se cuestione que el Ayuntamiento ponga un servicio de este tipo y no cuestione prácticas absolutamente ilegítimas como son los desahucios abiertos (sin fecha de ejecución) o los dispositivos policiales desproporcionados que se envían a desahuciar a familias vulnerables". También en su carta la alcaldesa cuestiona los desahucios abiertos y los dispositivos policiales que entiende que tienen un "excesivo despliegue" de agentes antidisturbios. Desde su creación en 2015, la SIPHO, donde trabajan 18 profesionales, ha atendido a 10.000 familias. En 2019 las personas atendidas fueron 6.400.

Pese a que el aviso del TSJC del pasado mes de diciembre cita tres casos de desahucio concretos en los que entiende que los servicios municipales habrían dificultado el trabajo de la comisión judicial, la regidora ha asegurado que "no" le consta "que pasara nada fuera de lo habitual respecto a los miles de procesos de mediación ante un desahucio en los que actúan las SIPHO".

La intervención de los servicios sociales del Ayuntamiento en los desahucios ha generado controversia desde hace años. Su actuación se remonta al protocolo que cita la decana y que tanto el TSJC como el consistorio piden revisar. Se firmó en 2013, con Xavier Trias de alcalde, por el consistorio, el TSJC, la Generalitat y los colegios de abogados y procuradores. En el texto las partes se emplazaban a comunicarse la información sobre cada caso, para tener tiempo de activar a los servicios sociales, cuya intervención, en el texto, está prevista para "auxiliar" a las comitivas judiciales, aunque en la mayoría de los casos atienden a las familias. Además, los profesionales municipales llevan años pidiendo no tener que acudir a los desahucios, porque afirman que no es su papel.

En su carta, Colau responde a la jueza decana que el consistorio" seguirá usando todas las herramientas para hacer frente a la emergencia habitacional" y que el SIPHO es un servicio que desde 2015 trabaja para "prevenir desahucios de familias vulnerables a través de la negociación con la propiedad que las acompaña en los trámites durante todo el proceso". Si el trabajo para evitar los desahucios no fructifica, también están presentes en los alzamientos.

Tras la carta de Colau, Caso ha afirmado que entiende "que la alcaldesa salga en defensa de sus servicios sociales. Las instituciones valoremos las actividades de los servicios públicos", pero ha alertado de que "los jueces están siendo muy flexibles en la aplicación de sus propias resoluciones". Por último, ha pedido que se cumpla en protocolo firmado entre el decanato y el consistorio "y que se revise si es necesario".