Los servicios sociales alertan a Colau de que se les obliga a ir a desahucios

Los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona han pedido por carta una reunión "urgente" a la nueva alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y a la segunda teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, para hablar de su papel en los casos de desahucio.

Los firmantes, en nombre de los sindicatos CC OO, UGT y CGT alertan a la alcaldesa de que mientras el lunes la misma Colau paralizó un desahucio en Trinitat Vella, "se obligaba a unas compañeras a asistir a la comisión judicial por otro caso". El protocolo municipal en caso de desahucios prevé la participación de profesionales de los servicios sociales, sobre todo cuando en la familia amenazada de desahucio hay menores de edad.

Los trabajadores de los servicios sociales levantaron el pasado mes de enero la primera voz de alarma contra su papel en los desahucios. En una carta al entonces alcalde, Xavier Trias, constataron que el Ayuntamiento no “garantiza un realojo digno de los ciudadanos” afectados por ejecuciones, por lo que no consideran que su presencia sea "ética". Entienden que porque no hay “garantía de recursos públicos adecuados para restablecer el derecho a la vivienda de las personas afectadas”. En octubre pasado, y en Ciutat Meridiana, el barrio más afectado por los desahucios, un grupo de vecinos irrumpió en la oficina de servicios sociales y causó destrozos.

La carta que han enviado ahora a Colau solicita "un encuentro urgente" para trasladarle la perspectiva de los profesionales y "explicarle las dificultades con las que topan en la aplicación de los protocolos actuales de atención a las personas afectadas por desahucio". Como se está reuniendo con "otras instancias implicadas como nosotros" afirma el texto.

La presencia de trabajadores o educadores sociales en los desahucios se produce desde el protocolo firmado hace dos años entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Un protocolo que pretende acelerar el contacto entre las personas afectadas por desahucios y los servicios sociales municipales para “evitar riesgos y proporcionar garantías a la comisión judicial”.

Pero para los servicios sociales, lamentaron en su carta de enero, el acuerdo parece estar pensado más para “proteger” a los responsables de justicia que en hacer una atención social preventiva ni en proteger el adecuado realojo de los desahuciados. “Se pretende legitimar un lanzamiento con nuestra presencia”, denuncian.