Budó sobre ERC en 2017: “Lo que está claro es que gobernamos con el enemigo”

Nueva documentación del sumario sobre la investigación de presunto desvío de recursos en la Diputación de Barcelona revela la desconfianza y la mala relación entre el PDeCAT y Esquerra Republicana en 2017. Ambas formaciones eran socias en el gobierno provincial. "Lo que está claro es que hoy por hoy gobernamos con el enemigo. Por tanto, no podemos dejar nada sin controlar, sea o no área nuestra. Es importante. La ventaja: tenemos la presidencia de la DIBA (la Diputación) para capitalizar sus temas. ¡¡¡Ellos eso no lo tienen!!!", defendió en 2017 Meritxell Budó, ahora portavoz del Govern y que entonces que ejercía de vicepresidenta cuarta del ente provincial. El sumario incluye varios mensajes de WhatsApp de diferentes cargos de la Diputación.

En la conversación participa también la entonces presidenta Mercè Conesa; el exconseller de Interior condenado por el 'procés', Joaquim Forn; el exportavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona Jaume Ciurana; el expresidente del ente Marc Castells, y el alcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, detenido en mayo de 2018 por su supuesta vinculación con una trama corrupta de desvío de fondos.

Budó cargó contra los republicanos después de que Ciurana planteó que el "problema principal" del PDeCAT en la Diputación era haber cedido a los republicanos el área de Territorio, "la que da más juego". Conesa, que ahora preside el Puerto de Barcelona, respondió a ese comentario: "Yo quería pactar con PSC y no con ERC. Como mínimo nos repartiríamos el territorio y no entrábamos en competencia".

Conesa era en esas fechas alcaldesa de Sant Cugat del Vallès y, tres días después de confesar a sus correligionarios que prefería aliarse con los socialistas, anunció la incorporación del único concejal del PSC a su equipo de gobierno local, lo que provocó que Esquerra rompiera el acuerdo presupuestario en el municipio. La alcaldesa acusó entonces a los republicanos de no haber querido formar parte del gobierno de Sant Cugat y recalcó que les había propuesto sellar un pacto estable para continuar con la línea ejecutiva de la Generalitat, donde neoconvergentes y ERC gobiernan juntos. En las pasadas elecciones municipales, los republicanos pactaron con el PSC y la CUP para hacer fuera a Junts per Catalunya del Gobierno municipal.

A principios de 2017, en pleno debate sobre la organización del referéndum del 1-O, el malestar con ERC también se expresaba en el chat de los alcaldes de la comarca del Maresme, en Barcelona. "Los imputados por hacer alguna cosa por la independencia son los nuestros", dijo entonces el ahora consejero de Interior, Miquel Buch, entonces alcalde de Premià de Mar y presidente de la la Asociación Catalana de Municipios (ACM).

La conversación se produjo el 27 de enero de 2017, justo el día en que la Fiscalía abrió diligencias para investigar si la Generalitat se había apoderado de datos fiscales reservados y había elaborado informes sobre la ideología de jueces, al trascender la víspera el contenido de varias conferencias del entonces senador de ERC Santi Vidal.

"No nos sirve que imputen, si lo hacen, a Santi Vidal. Que imputen a Junqueras, que se esconde por todas partes porque él lo que quiere ser es candidato", zanjó Buch en el grupo donde también participaba el alcalde de Tordera, Joan Carles García, uno de los detenidos en la causa del juzgado 1 de Barcelona sobre los supuestos contratos irregulares de la Diputación.

Meses después, el 30 de agosto de 2017, pocos días antes del 1-O, Buch advirtió a los miembros del grupo de WhatsApp de que les habían recomendado que era mejor utilizar la aplicación "Signal" para comunicarse, ya que ofrecía más garantías de seguridad. Uno de los miembros del grupo comentó entonces que tendrían que borrar el historial, para que no quedase rastro, ante lo que otro aseguró que, para que fuera posible, cada uno de los participantes tenía que borrar las conversaciones del chat en su teléfono. Sin embargo, García, de JxCat, no los borró, lo que ha permitido a la Guardia Civil analizar su contenido.

En la causa, que dirige el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, se investigan 26 expedientes de subvención supuestamente irregulares a trece entidades, entre ellas la fundación Catmont e Igman, vinculadas al actual diputado de JxCat Francesc de Dalmases, por valor de más de un millón de euros, que el juez sospecha se podrían haber desviado a fines vinculados al procés.