El Síndic pide un “pacto de país” para frenar la emergencia residencial

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha presentado este lunes ante el presidente del Parlament el informe anual de su gestión durante 2019. El año pasado, el Síndic atendió a 22.993 personas, que registraron un total de 10.543 quejas. El bloque más grande, un 32%, corresponde a las reclamaciones y actuaciones de oficio en materia de derechos sociales. En este ámbito, las quejas que más aumentado son las que se refieren a situaciones de emergencia residencial. Ribó, que ha puesto en valor el decreto sobre vivienda que aprobó el Govern en enero, ha pedido a las administraciones que vayan más allá y ha reclamado un "pacto de país" para hacer frente a esta situación, que ya suma 1.300 familias afectadas.

Ribó ejerce su cargo en funciones desde que el pasado 1 de marzo se le caducara el mandato (tras 15 años como Síndic de Greuges), y está a la espera de que el Parlament le encuentre un relevo (para lo que se exige una mayoría de tres quintas partes). En rueda de prensa en el Parlament, el Síndic ha rechazado renunciar a su cargo en favor de su adjunto, como propuso el PSC: "Esto no está en la ley que regula el órgano del Síndic", ha dicho, y ha destacado que en su momento pidió al presidente del Parlament, Roger Torrent, que iniciase los mecanismos para encontrar un relevo. La falta de acuerdo en la cámara catalana ha hecho imposible por ahora este relevo.

Según el Síndic, la caducidad de su cargo y la sentencia sobre el procés han sido los dos elementos que más marcaron el año 2019 en lo que respecta a la gestión de este organismo público. Sobre la sentencia, Ribó ha rechazado las acusaciones de ser afín a los partidos independentistas, y ha destacado que, en los disturbios después de la sentencia, "hubo situaciones de violencia por parte de algunos manifestantes" y "actuaciones policiales que no mantuvieron la necesaria neutralidad".

Más allá de estos dos elementos, el informe del Síndic se extiende en los derechos sociales. "Existe una carencia en la protección de los derechos sociales y, por lo tanto, hay casos evidentes de vulnerabilidad social", ha constatado Ribó. Del total de quejas recibidas, el 32,15% estaban relacionadas con temas sociales como la educación, la sanidad y la emergencia residencial, que ha registrado el aumento más significativo de quejas al respecto, seguido por temas relacionados con la política territorial (23,88%), la administración pública y tributos (20,97%), consumo (13,98%), seguridad ciudadana y justicia (6,41%), cultura y lengua (0,34%) y otros (2,27%).

El Síndic ha insistido en la necesidad de que las administraciones unan esfuerzos frente a la emergencia residencial. Ha subrayado la problemática que supone "la falta de respuesta suficiente por parte de la administración a las situaciones de emergencia en materia de vivienda" y ha avisado de que "hay un aumento del numero de situaciones de emergencia" y un incremento del tiempo entre que se asigna una vivienda y se entrega, un periodo que puede llegar a los dos años. "Y todo se basa en que hay una carencia absoluta de parque de vivienda destinado a políticas sociales y a promover políticas de alquiler social". 

El Síndic también ha destacado las quejas relacionadas con la sanidad, ámbito en el que se han denunciado "demoras significativas en casos como intervenciones de columna vertebral u obesidad mórbida; en las primeras visitas en determinadas especialidades, en alergología o en temas relacionados con la reproducción humana asistida; y también demoras en la accesibilidad a la atención primaria".