La construcción de vivienda nueva se desploma en Barcelona un 55%

La oferta de viviendas de nueva construcción en Cataluña creció el año pasado un 131% (8.376 pisos), según los datos de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE). Ese crecimiento se trasladó, aunque mucho menor, a Barcelona, donde el volumen total (1.070) creció un 28%. Pero esa inercia cambiará en la capital catalana en un plazo de dos o tres años, ya que uno de los indicadores avanzados que usa el sector, el de las viviendas iniciadas, acumula una caída del 55% entre enero y septiembre, según los datos del Ayuntamiento de Barcelona. Los promotores creen que tras esa sequía hay medidas como la que obliga a reservar un 30% de cada promoción a vivienda social.

“Este ha sido todavía un buen año, hay dinamismo”, afirmaba ayer el presidente de la comisión de coyuntura económica de la APCE, Eduard Brull. Los guarismos para defender esa teoría son claros. En el conjunto de Cataluña no solo se ha incrementado la actividad, sino que también ha aumentado el precio por metro cuadrado útil (3.636 euros, un 4,6% más) y los promotores tienen asegurada la venta de más de la mitad de las viviendas (un 53%) antes de que estén totalmente acabadas. El precio medio se situó en los 338.505 euros, según un millar de promociones analizadas por la patronal para efectuar su estudio.

El dinamismo catalán estuvo presente en el conjunto de los municipios, incluido Barcelona. La ciudad, que concentró una octava parte de la oferta catalana (1.070 viviendas) vio cómo sus precios por metro crecían casi un 7% y el coste de cada piso alcanzaba los 675.946 euros teniendo en cuenta una superficie media de 92,8 metros cuadrados, aunque el 47% de las viviendas nuevas tenía una superficie inferior a los 80 metros. La presión sobre la oferta en la capital catalana fue alta, lo que provocó que dos de cada tres acabara vendiéndose sobre plano. La gran parte, sin embargo, eran compradores que ya tenían otra vivienda anteriormente. Dentro de Barcelona, fue el distrito de Les Corts donde creció más el precio por metro cuadrado, a un ritmo del 12%, seguido por Sant Andreu (11,5%) y Sant Martí (10,7%). En Sarrià-Sant Gervasi, en cambio, el precio medio cayó un 10,7%, perdiendo el liderato de los distritos más caros a manos de Eixample (9.118 euros) y Les Corts (9.004 euros).

“La actividad se está extendiendo fuera de la zona metropolitana con más actividad en otras coronas, es muy bueno para el país, creamos riqueza”, defendió el presidente de la patronal, Lluís Marsà. Por provincias, Barcelona registró 648 promociones y 6.222 viviendas en venta. En Girona se contabilizaron 170 promociones y 840 nuevos pisos. Fue inferior la actividad en Tarragona (99 y 717) y en Lleida (83 y 597).

La presión sobre los precios podría crecer todavía más en los próximos años, atendiendo a las estadísticas de vivienda nueva. Los promotores consideran que las nuevas condiciones que se están imponiendo a los promotores, como la de forzar a destinar un 30% de la superficie construida a vivienda social en promociones de más de 600 metros cuadrados en Barcelona, jugarán en contra del objetivo perseguido: paliar la falta de vivienda. En su opinión, desincentivar la actividad de los promotores conllevará menos construcción de pisos, mayor presión de la población y precios más altos. Al final de todo, según sus conclusiones, más presión sobre el mercado inmobiliario que sufrirán quienes menos recursos tengan, justo lo contratrario que persigue Barcelona en Comú.

Desde hace unos meses en el mapa meteorológico que manejan los promotores inmobiliarios ha aparecido otra borrasca. Se trata del decreto de acceso a la vivienda aprobado por el Govern en diciembre y que fue convalidado por el Parlament ayer. Marsà avisaba ayer de sus efectos: “Dificultará mucho las operaciones, la construcción y, a medio plazo, desgraciadamente para el territorio puede suponer un freno. Y entonces puede tender, por consecuencia de la oferta y la demanda, a que los precios suban y el alquiler también suba o se deje de hacer, que aún será más grave”.

La norma —apoyada por Junts per Catalunya, ERC, En Comú Podem y la CUP y con la abstención del PSC— obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social de siete años a las personas en situación de vulnerabilidad o que lleven ocupando un piso seis meses, amplía los mecanismos para multar o expropiar edificios vacíos y obras inacabadas y fuerza a los ayuntamientos a reservar suelo para vivienda social.

Mientras los promotores criticaban la medida, el consejero de Territorio, que trabajó en una promotora inmobiliaria, defendió que el decreto permite “actuar ante las dinámicas inflacionistas del mercado del alquiler” y supondrá un “cambio profundo en el modelo de vivienda protegida”. La medida ha sido aplaudida por el Sindicato de Inquilinos o la Plataforma Antidesahucios (PAH) al recoger algunas de sus demandas. Pero es “una anomalía europea” para los promotores catalanes, al considerar que el gasto de las personas en situación de emergencia habitacional correrá a cargo de la inversión privada.