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OPINIÓN i

Podio político valenciano

Al primer puesto se ha hecho acreedor el ministro José Luis Ábalos por su deambular por el aeropuerto para impedir que la sancionada vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pisase suelo español

Jose Luis Abalos Ampliar foto
José Luis Ábalos, el pasado miércoles en San Sebastián.

La semana política que hoy concluye -es un decir, porque la actividad es un non stop- ha tenido destacados protagonistas con pedigrí valenciano.

Al primer puesto del podio, con corona de laureles incluida, se ha hecho acreedor el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Su deambular de madrugada por las pistas del madrileño aeropuerto Adolfo Suárez para evitar un conflicto diplomático e impedir, dicen, que la sancionada vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pisase suelo español/europeo, nos ha ofrecido momentos gloriosos. No solo por la letanía de explicaciones incompletas y, por momentos, contradictorias proporcionadas por el interfecto, que también; nos quedamos con esta frase del ministro cuando, notablemente cabreado, espoleado por los informadores y la oposición, soltó la siguiente perla: “Yo estoy aquí desde el 76… Yo vine para quedarme y de aquí no me echa nadie”. Por favor, dos orejas y el rabo para el ministro Ábalos.

El manual de la nueva política sanciona que sacar pecho porque uno lleva cuarenta años subido a un cargo público no es de recibo. Dos legislaturas tiene un pase, tres si me apuran, hasta cuatro siendo benévolos. Su caso no es único ni excepcional. Una sucinta investigación entre los escaños del Senado nos proporcionaría algunas sorpresas. La diferencia es que otros optan por el camuflaje para pasar desapercibidos. José Luis Ábalos, no. Él representa ese principio adjudicado a Charles Darwin según el cual las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio.

No quiero decir con esto que el ministro valenciano no reúna tales atributos en su persona; en cualquier caso, ha sabido adaptarse en cada momento a las circunstancias y ha arriesgado. Su apuesta por un Pedro Sánchez desahuciado políticamente y hoy presidente del Gobierno y secretario general del PSOE fue un pleno al quince.

Veremos como supera esta semana horribilis. Algo ha aprendido: quien le mandó con nocturnidad y alevosía al aeropuerto, y quien filtró la noticia, no le quiere bien.

El segundo protagonista de la semana ha sido Ángel Luna, síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana. El defensor del pueblo autonómico presentó en las Cortes Valencianas la memoria de la institución referida a 2018. Si los partidos de la oposición parlamentaria precisan una hoja de ruta para ponérselo complicado al Consell del Botànic II, les bastará con cogerse los 196 folios del documento en cuestión: dinamita pura.

La memoria defendida por Luna en sede parlamentaria es todo un alegato contra la gestión de las políticas sociales del Gobierno valenciano y la falta de transparencia y colaboración en distintos niveles de la Administración. Sorprendente el silencio a tan provocadoras denuncias, que ponen en solfa los dos pilares que soportan el discurso de los partidos del Botànic II.

La tercera protagonista, Gabriela Bravo, consellera de Justicia, lleva subida al podio desde hace semanas. Fiscal de formación y profesión, los hay empeñados -tal y como aquí hemos venido relatando- en proponerla para otros menesteres; eso sí, alejados del Consell. Que si a la Delegación del Gobierno, que si al Ministerio de Justicia, que si a la Fiscalía General del Estado. La batalla que ha lanzado en pro de legislar para abolir la prostitución en la Comunidad Valenciana -tras recoger el guante lanzado el lunes en Madrid por el Molt Honorable Ximo Puig- ha causado perplejidad. Nada que refutar a tan plausible objetivo, por más que se nos antoje empeño casi imposible, por desgracia; sin embargo, las competencias autonómicas en la materia están tan poco claras que ha debido encargarse un informe a la Abogacía de la Generalitat para que concrete el marco competencial del Consell.

Y, ¿entonces? Pues nada, que van a empezar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -órgano al que la consellera perteneció entre 2008 y 2013- y no hay por qué descartar la apetencia de un regreso al órgano de gobierno de los jueces que se anticipa en clave paritaria y feminista, PP mediante. Por otro lado, la consellera ha echado gasolina al fuego de las discordancias en el seno del Consell entre sus dos socios principales -PSPV y Compromís- a cuenta de la ley de Función Pública y del requisito lingüístico para funcionarios. Así no hay manera de alcanzar ni el ecuador de la legislatura.

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