La inestabilidad amenaza con minar el efecto de los nuevos presupuestos

 El proyecto de presupuestos de la Generalitat presentado el miércoles supone el fin de la prórroga que Cataluña arrastraba desde 2017. Pero puede no suponer el fin de la parálisis. Sindicatos, entidades sociales y profesionales públicos celebran que por fin haya salido adelante el proyecto, que tendrá que tramitarse en el Parlament en un plazo de al menos dos meses para aprobarse definitivamente. Sin embargo, la crisis galopante en el Govern, y el anuncio del president Quim Torra de que una vez se aprueben anunciará la fecha de nuevas elecciones, tienen en alerta a los agentes sociales: los presupuestos no son suficientes, avisan, y tienen que ir seguidos de una política pública activa que, por la inestabilidad política, está en el aire.

Cataluña tiene, por primera vez desde 2017, un nuevo proyecto de ley de presupuestos autonómicos con posibilidades reales de ser aprobado en el Parlament. El lastre de haber tenido que prorrogar hasta en tres ocasiones las últimas cuentas del gobierno de Carles Puigdemont es muy grande, y tanto las entidades sociales como los profesionales de la educación y de la sanidad han sufrido mucho como para confiar a ciegas en que estos nuevos presupuestos serán el fin de todos los problemas. De entrada, la inestabilidad política hace imprevisible el futuro a corto plazo, y pese al anuncio de Torra, algunos temen que las cuentas no lleguen a aprobarse.

Y, además, la misma inestabilidad hace tambalear las políticas que todavía se tienen que desplegar, y para las que el presupuesto es solo una herramienta. En este sentido, se pronunció ayer la Taula del Tercer Sector, que agrupa a las entidades del sector social en Cataluña. En un comunicado, la Taula exigió al Govern “estabilidad, porque la situación es insostenible”, y pidió que las “urgencias sociales” pasen por delante de los intereses políticos: “Con un nuevo presupuesto no es suficiente, porque hay iniciativas y normas en tramitación que están en riesgo”.

Entre ellas, el comunicado destaca la modificación de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuyo reglamento todavía no se ha desplegado, o el Plan Estratégico de Servicios Sociales. La inestabilidad política también deja paralizadas políticas como la denominada ley Aragonès, el Código de Accesibilidad (el reglamento que despliega la ley de Accesibilidad, de 2014, para avanzar en una sociedad más inclusiva), o la estrategia para la acogida de los menores migrantes.

También está por ver qué papel asumirá la Generalitat, con la crisis interna abierta y las elecciones a la vista, en aspectos como la deuda de la pobreza energética o la protección de las entidades sociales, que desde hace años denuncian dificultades en sus tesorerías por los retrasos en los pagos que tiene que hacer la Generalitat.

Según la Taula, los nuevos presupuestos son una “mejora clara”, sobre todo en el ámbito del aumento de la financiación a la Renta Garantizada de Ciudadanía y a las políticas de dependencia, así como los avances en políticas de vivienda y migración. Sin embargo, la Taula señala que los presupuestos no incluyen un aumento en la financiación de entidades que atienden a la infancia y a las personas mayores.

El proyecto de las cuentas prevé un aumento de los ingresos por la vía de la fiscalidad en las rentas altas que permitirá aumentar el gasto corriente hasta los 25.113 millones de euros, un 14 % más que en 2017. Las cuentas permiten superar el recorte del gasto social iniciado por el gobierno de Artur Mas en 2011: entre Sanidad, Educación y Asuntos Sociales (los tres departamentos que concentran el 70 % del presupuesto) que acumulan 18.726 millones de euros, una cifra un 1,7 % superior a la de 2010, considerado como el último ejercicio antes de la crisis, y por lo tanto una referencia para comparar los recortes.

El área que más dinero concentra de los presupuestos es Sanidad, con 9.739 millones de euros, que corresponden a 1.279 euros por persona. Desde el sindicato Metges de Catalunya lamentan que, según estas cifras, todavía no se ha llegado al nivel de los presupuestos de 2010, aunque en la presentación de los presupuestos la Generalitat defendió que en las cuentas consolidadas los recortes se superan en todas las áreas.

“Globalmente celebramos que se haya desbloqueado la política presupuestaria, pero consideramos que el incremento todavía es insuficiente, porque en 2010 el gasto para Sanidad era de 9.875 millones. Todavía no hemos pasado página de los recortes”, explican fuentes del sindicato. Según sus cálculos, la pérdida acumulada desde 2010 en la sanidad catalana es de más de 10.000 millones de euros, “como si Sanidad se hubiese quedado algo más de un año sin presupuesto”. “Ahora al menos tenemos presupuestos, confiamos en que se active la política sanitaria, pero es verdad que dependerá del Govern”, apuntan.