Alarma entre las familias de un colegio apuntalado en Lugo

En el colegio Frei Luis de Granada de Sarria (Lugo) se están ejecutando unas obras que asustan a las familias y que, según un estudio de la empresa que las realiza, son menos seguras de lo que la Xunta defiende. Un informe técnico de la constructora admite que “las deformaciones de las ventanas podrían producir la rotura de los cristales o caída de fragmentos de la fachada”. Padres de alumnos reclaman que se “reubique” a sus hijos en otras escuelas mientras se realizan los trabajos que han obligado a apuntalar el edificio. Este jueves solo han acudido a clase 30 de los 367 niños allí escolarizados.

“Niños de seis años no pueden estar rodeados de puntales, con puntas oxidadas y tablas en el suelo. Nos parece peligroso para ellos e irresponsable por parte de la Xunta”, censura Javier Pico, uno de los padres que ha decidido no llevar a sus hijos a clase con el colegio en obras. La Consellería de Educación de Galicia se ha afanado en los últimos días en defender que el inmueble es “seguro” y que el apuntalamiento se ha realizado por "prudencia". “Tenemos falta de información y a día de hoy no existe un informe definitivo de cuál es el estado real del centro y lo único que nos dicen es que es seguro, pero no sabemos cómo dicen esto si no hay informe”, argumenta Pico.

El informe técnico de la constructora, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sostiene que “la estructura del edificio, en general, no presenta falta de capacidad portante” pero que está “mal diseñada” y favorece “las deformaciones”. Las fisuras que han aparecido en los tabiques de los pasillos “son de poca entidad y no afectan a la estabilidad”, asegura el documento.

Las obras que se ejecutan en el colegio de Sarria llevaron el pasado lunes a los profesores a decretar la suspensión de las clases, que ya se han retomado aunque con pocos alumnos. Los trabajos han obligado a apuntalar el edificio y a vallar la zona de mayor riesgo. La asociación de padres y madres del centro coincide con la dirección y la Xunta en defender la seguridad del edificio y ha explicado que el apuntalamiento es “preventivo”. El edificio arrastra problemas constructivos desde 2011.