Virtudes y defectos de la ambigüedad

Ambigüedad en las formas, pero claridad en el fondo. Esta es la clave del documento de dos folios firmado por el PSOE y Esquerra Republicana. Las formas son las que corresponden a un compromiso para garantizar la investidura de Pedro Sánchez mediante la abstención de una formación que hasta ahora pretendía la ruptura unilateral con la Constitución española y algunos de cuyos dirigentes están todavía pagando penalmente por haber actuado en correspondencia con este objetivo. No es un programa de gobierno, con su exigencia de claridad y precisión en los objetivos, los métodos e incluso las fechas. Ni es tampoco un manifiesto, en el que se expresen coincidencias ideológicas.

Es un simple acuerdo para convocar una mesa de diálogo en el plazo de quince días entre dos partes que conocen y han explicitado sus claras diferencias de fondo: ERC propugna la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que se pregunte por la independencia y demanda una previa amnistía para sus políticos presos o huidos de la justicia española; los socialistas propugnan una reforma del Estatuto que sea sometida a votación de los catalanes y encaran la cuestión de los presos con un especial énfasis en la independencia de los jueces, españoles y europeos, y el conocido trasfondo de los deseos expresados por el socialismo catalán de un indulto que aligere esa carga abrumadora que debe soportar ahora la política en Cataluña y en el conjunto de España.

Sin ambigüedad, no había posibilidad alguna de acuerdo entre dos posiciones tan separadas. De ahí que no sea de extrañar la hostilidad que suscita la propia ambigüedad entre los que no querían el acuerdo y la unánime traición denunciada por unos y otros, independentistas y constitucionalistas de ambos extremos. Cada uno de los airados enemigos del acuerdo considera imprescindible la rendición del adversario, hasta hacerle jurar los principios irrenunciables, el trágala, los socialistas el derecho de autodeterminación y a la amnistía y los republicanos la Constitución española. A un paso cada uno de demandar el perdón a la otra parte como condición previa para sentarse a hablar de la investidura.

El detalle de las ambigüedades permite atisbar algo más que una simple simetría de posiciones encastilladas contra el acuerdo. La primera es la propia constitución de la mesa. Tal como se ha dicho, el instrumento, la mesa, es el objeto mismo de la negociación. Su propia existencia permite saltar del actual bloqueo a una nueva situación, en la que la política, es decir, la capacidad de diálogo, de negociación y de pacto tomen la delantera a la presión en la calle, a la desobediencia institucional, a la acción de la justicia y a la organización permanente de la deslealtad mutua.

Sin ambigüedad, no había posibilidad alguna deacuerdo entre dos posiciones tan separadas

El reconocimiento de la existencia de un conflicto político no debiera ser objeto de la ambigüedad. Que sea efectivamente político como reconocen las dos partes no excluye que también sea un conflicto de convivencia, como unos subrayan y otros se empeñan en ocultar, ni que haya tenido momentos de conflicto de orden público. Pero es difícil defender que se trata exclusivamente de un conflicto de convivencia y de orden público a resolver exclusivamente en los tribunales. Es difícil, pero es lo único que se ha hecho hasta ahora. El conflicto es sobre el futuro de Cataluña, no entre dos sujetos políticos diferenciados, Cataluña y España, como querían los independentistas y como se empeña en leer malintencionadamente el constitucionalismo de derechas.

Otra piedra de toque, donde toma cuerpo la traición, es la consulta. Tal como está redactado el acuerdo, puede ser el referéndum constitucional contemplado para la reforma estatutaria de Cataluña. También podrían ser unas elecciones catalanas. Estas dos modalidades cumplirían la limitación del censo a los ciudadanos de Cataluña incluida en el compromiso. Cualquier otra posibilidad, la de referéndums exclusivamente autonómicos por ejemplo, exigirían mayorías en el Congreso para modificar la ley orgánica que los regula. Mienten descaradamente, por tanto, quienes aseguran que se ha pactado un referéndum de autodeterminación en el que se consultará solo a los catalanes, que es lo que Torra y Puigdemont querían.

El auténtico valor del acuerdo se verá en la capacidad que tengan unos y otros de institucionalizarlo y de hacerlo duradero

Hay algo mucho mejor que este acuerdo de dos folios, cuya existencia está prevista ya por el Estatuto y forma parte por tanto del bloque constitucional. Es la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, constituida por el artículo 183 del texto estatutario, en la que cabe todo, absolutamente todo, lo que se ha querido incluir en el acuerdo de investidura. Esta comisión se menciona al final del acuerdo, como organismo con el que se coordinará, al igual que sucede con la mesa de partidos del Parlament de Catalunya, pero no es arriesgado apostar por la plena absorción de la mesa en un organismo de mayor rango, que es la forma más segura de institucionalizar el diálogo e incluso constitucionarlo. En el buen rumbo de esta comisión se revelará la capacidad inclusiva de una Constitución que algunos, de uno y otro lado, han utilizado precisamente para excluirse ellos mismos o para excluir a los otros.

El acuerdo entre socialistas y republicanos es mucho en sí mismo, solo porque inicia el deshielo, pero es muy poco en su contenido, precisamente por su santa ambigüedad. Sirve para salir del paso con la investidura. Su auténtico valor se verá en la capacidad que tengan unos y otros para institucionalizarlo y hacerlo duradero, no tan solo para aprobar los presupuestos, sino sobre todo para revertir la divergencia entre el nacionalismo catalán y el conjunto de las fuerzas mayoritarias españolas y empezar a recuperar así el consenso constitucional perdido.