Un juez ordena el cierre de la campaña de la ANC para el fomento de empresas afines al ‘procés’

Un juzgado de Barcelona ha ordenado este viernes el cierre cautelar del portal web "Consum estratègic", que publicita la campaña de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) de fomento de las empresas comprometidas con valores sociales afines al proceso independentista. La titular del juzgado mercantil número 11 de Barcelona ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por la patronal catalana Foment del Treball, que pedía el cierre de la web al considerar que fomentaba una "conducta anticompetitiva prohibida". La resolución obliga a la entidad independentista a no llevar a cabo ninguna otra actividad que persiga los mismos objetivos que la campaña suspendida. La resolución admite recurso de apelación.

La campaña de la ANC fue polémica desde su planteamiento, que pretendía fomentar compañías alternativas a "las empresas del IBEX-35". Mediante una encuesta previa en la que los potenciales "consumidores" debían inscribirse, la entidad determinó en una primera fase cuáles son las empresas que comparten valores sociales con el soberanismo. En junio abrió la segunda fase, un buscador para fomentar el consumo a estas empresas.

Foment del Treball presentó entonces una demanda, aunque previamente había presentado una solicitud de medidas cautelares como el cierre de la web y el pago de una multa. La juez ha estimado parcialmente estas medidas. Además del cierre de la web "Consum estratègic", la juez ordena a la ANC que "cese en la realización de cualquier actuación, por cualquier medio, con trascendencia pública que suponga la difusión de la campaña" y que "se abstenga de realizarlas en el futuro".

La resolución considera que la campaña independentista tiene como principal finalidad "castigar" a las empresas que han participado en la que la ANC ha denominado "la campaña del miedo" contra el independentismo. La juez considera que esta es "una circunstancia política ajena a los criterios que han de prevalecer en el mercado, que son relativos a la eficiencia de las prestaciones".

Además, señala que ha quedado acreditada "la comisión por parte de la ANC de una serie de conductas que de manera indiciaria podrían constituir actos de competencia desleal", como llamar a no contratar con las empresas que habrían participado en esa campaña y crear el listado de "proveedores estratégicos". La resolución también destaca el registro de consumidores y un directorio de las empresas "que cumplan con los requisitos preestablecidos". El auto impone a la ANC una caución o garantía de 50.000 euros, y le impone el pago de las costas procesales. 

Por su parte, la ANC alegó que Foment no tenía legitimidad para presentar la solicitud de medidas cautelares y negó que existiera urgencia para ello antes de la presentación de la demanda principal.