Trabajadores de centros de menores se concentran contra la violencia en Hortaleza

Unos 40 profesionales de diferentes centros de menores de la Comunidad de Madrid y representantes sindicales de UGT se han concentrado este miércoles frente a la sede de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para apoyar a los trabajadores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Denuncian que el hacinamiento de este centro está afectando a los profesionales que trabajan con los adolescentes, así como su utilización política.

El recurso de Hortaleza se creó para acoger a 36 niños y niñas, sin embargo, las plazas están ocupadas por una media de más de 100 de entre 14 y 18 años. "Los trabajadores están pasando por situaciones muy difíciles que se han agravado en los últimos meses", explica Laura Muñoz, secretaria de UGT. El motivo de la concentración, según Muñoz, es también denunciar el uso político de estos menores "por ciertos partidos de extrema derecha que están cuestionando principios básicos como que la infancia tiene unos derechos y hay que protegerlos", añade.

En Madrid hay dos centros de primera acogida, uno para menores de 14 años y otro para adolescentes de entre 14 a 18 años. Son centros de urgencia a donde llegan niños y niñas vulnerables por diferentes razones. Entre ellos, víctimas de violencia, menores de familias desahuciadas, personas conflictivas que han sido expulsadas de sus casas y, también, menores extranjeros que han llegado a España solos. El objetivo de los profesionales de estas residencias es trabajar individualmente los problemas de los niños, estudiar sus necesidades y derivarlos a centros específicos. Este proceso debería realizarse en el menor tiempo posible. Esa es la teoría. La realidad es que el centro está saturado, dobla su capacidad, y los adolescentes pasan allí periodos de tiempo demasiado largos; a veces, incluso un año. "Los centros especiales están llenos, por eso en Hortaleza se entra, pero no se sale", resume Ana Pérez, educadora del centro desde 2008.

Con la excusa de la crisis económica, se redujeron 300 plazas para menores en la Comunidad, "justamente las plazas que faltan porque no se han repuesto", indica Pérez. La trabajadora denuncia que el hacinamiento provoca que el centro no sea habitable ni educativo: “Cuando un niño viene en situación de emergencia se le está dando un colchón en el suelo. Los chavales viven en un lugar cochambroso y eso invita a la barbarie”, añade.

Según Pérez, los conflictos los provoca una minoría, "el 10% de los que viven en el centro de Hortaleza", que son también los enfrentados con la banda latina que intentó asaltar la residencia a finales de octubre. Si el sistema funcionase bien, hubiesen sido derivados ya a centros específicos. Como explica Pérez, “algunos, la minoría, tienen causas pendientes y tendrían que estar en reforma, otros en centros para chavales con problemas de conducta, en recursos para toxicómanos o en salud mental, en cualquier caso, no tendrían que seguir en Hortaleza porque generan un ambiente que dificulta que nosotros podamos ayudar y proteger a los chavales para que se integren y se conviertan en buenos ciudadanos”.

La opinión de Pérez es compartida por muchos de los profesionales presentes en la concentración. Ellos trabajan directamente con los menores; niños que llegan sin sus padres, en muchos casos, después de un viaje traumático y que algunos políticos han intentado criminalizar. "Imagínate estar pasándolo fatal, llegar al sitio donde te tienen que proteger y te manden a dormir al suelo porque no hay sitio. No me extraña para nada que los niños salten", dice Patricia Hernández educadora social del centro de menores de Alcalá. En su opinión, hacer hincapié en los extranjeros es un error, hay que dar soluciones a los menores, en general. "De los más de 100 niños que hay en Hortaleza, son una minoría la que consume, la que genera el conflicto, la sobrepoblación es una bomba siempre".

"La Administración no está protegiendo a la infancia", denuncia Encarna, otra educadora del centro de adaptación cultural y social Manzanares. "Se permite la masificación y los trabajadores no pueden hacer su trabajo. Además, los partidos políticos están provocando situaciones como el del ataque con una granada del otro día", añade.

Ante un sistema de protección de menores que no parece estar a la altura de la realidad, el consejero Alberto Reyero, responsable de políticas sociales de la Comunidad ha anunciado las primeras pinceladas de un proyecto piloto de acogimiento familiar de menores no acompañados con "familias seleccionadas". Reyero, que ha rechazado cualquier manifestación de carácter xenófobo y la criminalización de los menores extranjeros, ha explicado que el nuevo proyecto beneficiará a 12 de estos niños y la creación de una tarjeta identificativa "para ayudar a todas las familias acogedoras".